Un grupo de padres y madres de alumnos de escuelas públicas y privadas solicitó ayer al Gobierno provincial que adopte las medidas pertinentes para garantizar la reapertura de las escuelas, con las adecuaciones que resulten necesarias, en el próximo ciclo lectivo.
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Un grupo de padres y madres de alumnos de escuelas públicas y privadas solicitó ayer al Gobierno provincial que adopte las medidas pertinentes para garantizar la reapertura de las escuelas, con las adecuaciones que resulten necesarias, en el próximo ciclo lectivo.
En la presentación, que ingresó ayer al Grand Bourg con alrededor de 280 adhesiones, los firmantes pidieron al Ejecutivo que emita en tiempo útil y con intervención de las áreas competentes en materia de Educación, Salud, Trabajo y Transporte los decretos, instrucciones operativas, protocolos y demás normas que resulten oportunas para el regreso a clases presenciales.
Reconociendo la gravedad de la emergencia y la dificultad de tomar decisiones con certeza a su respecto, la nota destaca el "carácter esencial del servicio educativo y la obligación constitucional de priorizar el interés de niños y adolescentes".
Los padres hicieron hincapié en que "la escuela cumple un rol que excede al de la transmisión de contenidos pedagógicos", siendo un agente de igualación y contención social. Adjuntaron, en ese sentido, una publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría que alertó sobre problemas emocionales y socioafectivos derivados del cierre de las escuelas, y advirtió sobre los múltiples roles cumplidos por éstas en la detección temprana de problemas de salud, violencia intrafamiliar y otras cuestiones.
Los firmantes resaltaron que, "transcurridos ocho meses desde el comienzo de la emergencia, no se ha conocido que el Estado provincial haya avanzado en el diseño de estrategias para el regreso a clases, y tampoco se conoce ningún diagnóstico que se haya realizado para chequear la efectividad de la educación remota utilizada como única alternativa y detectar sus eventuales efectos adversos". Solicitaron, concretamente, que los cuatro meses que quedan hasta el inicio del ciclo lectivo se utilicen para asegurar la posibilidad de iniciar las clases, "disponiendo todas las adecuaciones y definiendo las modalidades que sean necesarias para preservar la salud de docentes, personal y de los propios niños".
La nota aborda también la situación de las instituciones de educación privada, indicando que en su caso no solo se halla en juego el derecho a la educación de los alumnos sino también los de enseñar, trabajar y ejercer industria lícita. "En caso de producirse el quebranto de las instituciones privadas remarca que el problema será más grave, porque la matrícula insatisfecha recargará la presión sobre el sistema de gestión estatal".
El reclamo cierra con un capítulo en el que se explica que la nota va dirigida al gobernador Gustavo Sáenz y no al Comité Operativo de Emergencia, por cuanto son el Ejecutivo y la Legislatura "quienes tienen las atribuciones y responsabilidades en la materia, cuya delegación está expresamente prohibida por la Constitución". En este punto, se aclaró que la solicitud fue girada con copias a las cámaras de Diputados y Senadores. También se adelantó que en las próximas semanas se realizará una campaña para sumar más adhesiones. Las correspondientes planillas estarán a disposición de interesados a través del correo: [email protected].
"Lo que reclamamos, después de ocho meses, es que se busquen las alternativas que exige la realidad, sin quedar a la espera de soluciones que no dependen de nosotros", precisó a El Tribuno el abogado Roque Rueda, uno de los padres que firmó la nota.
El letrado aseguró que "con creatividad, trabajo y valentía se puede encontrar el modo de que nuestros chicos vuelvan a la escuela controlando los riesgos para ellos, sus mayores y sus docentes".
“Se debe decidir”
Rueda afirmó que la escuela es el gran ausente de la igualdad en el país. “Aún con todas sus deficiencias, iguala y da oportunidades”, aclaró, y advirtió que “la educación remota, única solución propuesta por el Estado en estos meses, hace exactamente lo contrario, a pesar del enorme esfuerzo realizado por los docentes.
El exconcejal capitalino sostuvo que la vuelta a clases presenciales “es una cuestión de primerísima importancia que tienen que atender los representantes elegidos por los salteños. El gobernador y los legisladores deben tomar cartas en el asunto, sin escudarse en el COE ni en el Gobierno nacional”, concluyó.