Para entender cabalmente lo que sucede hoy en la Argentina siempre hay que recordar que a principios de mayo de 2019, en la reunión en la que Cristina Kirchner ofreció a Alberto Fernández encabezar la fórmula presidencial, le fundamentó a su interlocutor esa sorpresiva decisión en una apreciación estratégica extraordinariamente lúcida. Ante la pregunta obvia de Fernández, quien la interrogaba sobre la razón de su "renunciamiento", respondió que, ante el fracaso del gobierno de Mauricio Macri, ella tal vez podría ganar las elecciones pero que en el presente contexto nacional, regional y mundial no estaría en condiciones de gobernar la Argentina. Esa apreciación de la expresidenta quedó implícitamente corroborada en noviembre en las urnas cuando Macri, a pesar de la crisis económica, obtuvo el 40,8 % de los votos, un porcentaje más elevado que el logrado por Italo Luder cuando perdió ante Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983 y por Eduardo Duhalde cuando perdió frente Fernando de la Rúa en 1999. En otros términos, no obstante su fracaso gubernamental, Macri fue el candidato perdedor con mayor caudal electoral desde la restauración de la democracia. En esa performance influyó seguramente la fuerte polarización provocada por el hecho de que Cristina Kirchner, líder indiscutible de la coalición triunfante, fuera el primer y extrañísimo caso de una candidata ganadora, aún como vicepresidenta, cuya imagen negativa era mayor que su imagen positiva ya en el momento mismo de su elección, una situación inédita que tampoco se modificó después de asumir sus funciones. En ese contexto, apenas diez meses de su asunción y pese a haber conseguido superar satisfactoriamente el crucial desafío de la refinanciación de la deuda pública con los acreedores externos y logrado también evitar el colapso del sistema sanitario amenazado por la expansión de la pandemia, el Gobierno enfrenta una crisis política y económica cuyas múltiples exteriorizaciones reconocen un común denominador: la debilidad del poder presidencial, reflejada cotidianamente en sus decisiones e indecisiones. La percepción mayoritaria en la opinión pública de que Fernández cede continuamente a las presiones ejercidas por Cristina Kirchner genera un déficit de confianza y una situación de incertidumbre adicional que ahonda la parálisis en materia de inversiones, con sus inevitables consecuencias sociales, reflejadas en las cifras y en las previsiones del Indec sobre el incremento de los índices de pobreza. Las secuelas políticas de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de conceder el recurso "per saltum" solicitado por los tres jueces desplazados de sus actuales cargos por decisión del Senado y el riesgo de una sentencia adversa al Gobierno en este litigio, capaz de desatar un conflicto de poderes de imprevisibles consecuencias institucionales, confirman una tendencia ya reflejada en ocasiones anteriores en los últimos meses. Cada vez que el Gobierno cede ante una ofensiva política impulsada desde el Instituto Patria experimenta una derrota que incide desfavorablemente sobre la imagen presidencial, que después del extraordinario pico de popularidad alcanzado a fines de marzo empezó una curva descendente. El "kirchnerismo" suele objetar cualquier ensayo de apertura del Gobierno hacia sectores políticos o sociales ajenos a la coalición oficialista, no solo por motivos ideológicos, sino porque teme, y con cierta razón, convertirse en la "variable de ajuste" de esos entendimientos. La coyuntura internacional, no obstante, ofrece a la Argentina una oportunidad interesante. Paradójicamente, el ascenso del estadounidense Maurice Claver Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, más allá del traspié diplomático que supuso la candidatura de Gustavo Béliz, implica la asunción de un compromiso político de Washington con la recapitalización de la entidad para incrementar su capacidad prestable e impulsar un programa de créditos al sector privado latinoamericano que le permita a Estados Unidos compensar la creciente influencia regional de China. Apenas electo, en una conversación telefónica con Fernández, Claver Carone, quien se autodefine como un "halcón pragmático", dejó en claro su voluntad de cooperar con la Argentina. Cabe presumir entonces que el acuerdo con el FMI será la puerta de acceso a la financiación del BID para obras de infraestructura. No es un tema menor: a pesar del arreglo con los acreedores, la actual tasa de riesgo país de la Argentina torna virtualmente imposible al sector público el acceso al crédito internacional, salvo las líneas especiales de financiación de los organismos multilaterales de crédito o de China. La reinserción de la Argentina en el sistema financiero internacional, cuya expresión emblemática será la suscripción del acuerdo con el FMI, es la condición necesaria para el restablecimiento de un clima de confianza interna y externa y otorgará viabilidad a la apertura ensayada en los últimos días por el Gobierno hacia los sectores empresarios y sindicales para consensuar un programa que permita salir de la emergencia económico-social y generar un horizonte de crecimiento. Pero este nuevo marco de negociación con el FMI y de concertación social requiere un indispensable soporte de poder político, que en las actuales circunstancias es sinónimo de fortalecimiento de la autoridad presidencial. Esa es la razón de ser de la iniciativa lanzada conjuntamente por la CGT y un grupo de gobernadores peronistas para ungir a Fernández en la presidencia del Partido Justicialista, como un hecho de carácter simbólico orientado a otorgarle la centralidad política necesaria. De más está decir que el ejercicio de esa autoridad presidencial será una inevitable fuente de sucesivos conflictos con el "kirchnerismo". Para resolverlos, será necesario el establecimiento de acuerdos básicos con la oposición, especialmente en la Cámara de Diputados. No es una tarea sencilla, pero -como advertía Oscar Wilde- "nada convierte más inteligente a una persona que la posibilidad de ser ejecutada en las siguientes 48 horas".
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Para entender cabalmente lo que sucede hoy en la Argentina siempre hay que recordar que a principios de mayo de 2019, en la reunión en la que Cristina Kirchner ofreció a Alberto Fernández encabezar la fórmula presidencial, le fundamentó a su interlocutor esa sorpresiva decisión en una apreciación estratégica extraordinariamente lúcida. Ante la pregunta obvia de Fernández, quien la interrogaba sobre la razón de su "renunciamiento", respondió que, ante el fracaso del gobierno de Mauricio Macri, ella tal vez podría ganar las elecciones pero que en el presente contexto nacional, regional y mundial no estaría en condiciones de gobernar la Argentina. Esa apreciación de la expresidenta quedó implícitamente corroborada en noviembre en las urnas cuando Macri, a pesar de la crisis económica, obtuvo el 40,8 % de los votos, un porcentaje más elevado que el logrado por Italo Luder cuando perdió ante Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983 y por Eduardo Duhalde cuando perdió frente Fernando de la Rúa en 1999. En otros términos, no obstante su fracaso gubernamental, Macri fue el candidato perdedor con mayor caudal electoral desde la restauración de la democracia. En esa performance influyó seguramente la fuerte polarización provocada por el hecho de que Cristina Kirchner, líder indiscutible de la coalición triunfante, fuera el primer y extrañísimo caso de una candidata ganadora, aún como vicepresidenta, cuya imagen negativa era mayor que su imagen positiva ya en el momento mismo de su elección, una situación inédita que tampoco se modificó después de asumir sus funciones. En ese contexto, apenas diez meses de su asunción y pese a haber conseguido superar satisfactoriamente el crucial desafío de la refinanciación de la deuda pública con los acreedores externos y logrado también evitar el colapso del sistema sanitario amenazado por la expansión de la pandemia, el Gobierno enfrenta una crisis política y económica cuyas múltiples exteriorizaciones reconocen un común denominador: la debilidad del poder presidencial, reflejada cotidianamente en sus decisiones e indecisiones. La percepción mayoritaria en la opinión pública de que Fernández cede continuamente a las presiones ejercidas por Cristina Kirchner genera un déficit de confianza y una situación de incertidumbre adicional que ahonda la parálisis en materia de inversiones, con sus inevitables consecuencias sociales, reflejadas en las cifras y en las previsiones del Indec sobre el incremento de los índices de pobreza. Las secuelas políticas de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de conceder el recurso "per saltum" solicitado por los tres jueces desplazados de sus actuales cargos por decisión del Senado y el riesgo de una sentencia adversa al Gobierno en este litigio, capaz de desatar un conflicto de poderes de imprevisibles consecuencias institucionales, confirman una tendencia ya reflejada en ocasiones anteriores en los últimos meses. Cada vez que el Gobierno cede ante una ofensiva política impulsada desde el Instituto Patria experimenta una derrota que incide desfavorablemente sobre la imagen presidencial, que después del extraordinario pico de popularidad alcanzado a fines de marzo empezó una curva descendente. El "kirchnerismo" suele objetar cualquier ensayo de apertura del Gobierno hacia sectores políticos o sociales ajenos a la coalición oficialista, no solo por motivos ideológicos, sino porque teme, y con cierta razón, convertirse en la "variable de ajuste" de esos entendimientos. La coyuntura internacional, no obstante, ofrece a la Argentina una oportunidad interesante. Paradójicamente, el ascenso del estadounidense Maurice Claver Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, más allá del traspié diplomático que supuso la candidatura de Gustavo Béliz, implica la asunción de un compromiso político de Washington con la recapitalización de la entidad para incrementar su capacidad prestable e impulsar un programa de créditos al sector privado latinoamericano que le permita a Estados Unidos compensar la creciente influencia regional de China. Apenas electo, en una conversación telefónica con Fernández, Claver Carone, quien se autodefine como un "halcón pragmático", dejó en claro su voluntad de cooperar con la Argentina. Cabe presumir entonces que el acuerdo con el FMI será la puerta de acceso a la financiación del BID para obras de infraestructura. No es un tema menor: a pesar del arreglo con los acreedores, la actual tasa de riesgo país de la Argentina torna virtualmente imposible al sector público el acceso al crédito internacional, salvo las líneas especiales de financiación de los organismos multilaterales de crédito o de China. La reinserción de la Argentina en el sistema financiero internacional, cuya expresión emblemática será la suscripción del acuerdo con el FMI, es la condición necesaria para el restablecimiento de un clima de confianza interna y externa y otorgará viabilidad a la apertura ensayada en los últimos días por el Gobierno hacia los sectores empresarios y sindicales para consensuar un programa que permita salir de la emergencia económico-social y generar un horizonte de crecimiento. Pero este nuevo marco de negociación con el FMI y de concertación social requiere un indispensable soporte de poder político, que en las actuales circunstancias es sinónimo de fortalecimiento de la autoridad presidencial. Esa es la razón de ser de la iniciativa lanzada conjuntamente por la CGT y un grupo de gobernadores peronistas para ungir a Fernández en la presidencia del Partido Justicialista, como un hecho de carácter simbólico orientado a otorgarle la centralidad política necesaria. De más está decir que el ejercicio de esa autoridad presidencial será una inevitable fuente de sucesivos conflictos con el "kirchnerismo". Para resolverlos, será necesario el establecimiento de acuerdos básicos con la oposición, especialmente en la Cámara de Diputados. No es una tarea sencilla, pero -como advertía Oscar Wilde- "nada convierte más inteligente a una persona que la posibilidad de ser ejecutada en las siguientes 48 horas".