#25 N, es el “hashtags” o palabra clave que circula en las redes sociales para la conmemoración anual del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Es una fecha de reclamos dirigidos a quienes tienen la responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos hacia mujeres y disidencias.
Nos acercamos a las cuatro décadas desde que las mujeres, a nivel global, salen a los espacios públicos para generar conciencia sobre los tipos y modalidades de violencia de las cuales son víctimas y sobrevivientes, y a exigir políticas públicas que eliminen esa condición de vida incompatible con la dignidad humana.
Es cierto que se han sancionado leyes a nivel provincial y nacional a la luz de las convenciones internacionales para prevenir la discriminación y prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer .
Las leyes manifiestan una voluntad del legislador para erradicar la violencia, pero las estadísticas y registros oficiales muestran que son insuficientes. El Estado no garantiza esos derechos como debe. Este año, a las demandas históricas se suman otras nuevas, surgidas en un contexto de pandemia y de confinamiento que puso en evidencia la falta de respuesta institucional y de políticas públicas en clave de género.
El informe de ONU Mujeres 2020 demuestra que: “Desde que se desató el brote de COVID-19... se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar”
Nuestra provincia no quedó al margen de esta problemática mundial que se sumó a las particularidades del terruño, con desigualdades enquistadas. Mujeres y disidencias pertenecen a distintas comunidades, con experiencias individuales diversas de opresión y privilegios en las relaciones sociales, con trayectorias e historias personales de vida y con asimetrías en la forma como operan las estructuras del poder.
La Asamblea Feminista #25N de Salta emitió un documento que refleja que el contexto de pandemia profundizó cada una las violencias que las atraviesan y hacen un llamado a los poderes del Estado provincial y nacional, a poner fin: a los femicidios, transfemicidios y travesticidios, que se agravan año a año.
También convocan a los legisladores nacionales a apoyar el aborto legal, seguro y gratuito, fundamentando el pedido en los datos preocupantes de muertes de mujeres por prácticas clandestinas y como una forma de garantizar el acceso de todas al sistema de salud, y en especial, de las más vulnerables.
Un tema lacerante en estos días es la necesidad de garantizar la vivienda en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales tal como lo prescriben la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de San José de Costa Rica.
El desalojo ordenado el 17 de noviembre en el barrio “Los Pinos”, en la localidad de San Lorenzo, dejó en condiciones de extrema vulnerabilidad a ocho mujeres y niños; situaciones como esta, hoy extendidas en el país, constituyen una grave violación a los derechos humanos, en particular, al derecho a un nivel de educación y salud adecuados, a una vivienda digna y a una vida libre de violencia,
inicia sesión o regístrate.
#25 N, es el “hashtags” o palabra clave que circula en las redes sociales para la conmemoración anual del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Es una fecha de reclamos dirigidos a quienes tienen la responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos hacia mujeres y disidencias.
Nos acercamos a las cuatro décadas desde que las mujeres, a nivel global, salen a los espacios públicos para generar conciencia sobre los tipos y modalidades de violencia de las cuales son víctimas y sobrevivientes, y a exigir políticas públicas que eliminen esa condición de vida incompatible con la dignidad humana.
Es cierto que se han sancionado leyes a nivel provincial y nacional a la luz de las convenciones internacionales para prevenir la discriminación y prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer .
Las leyes manifiestan una voluntad del legislador para erradicar la violencia, pero las estadísticas y registros oficiales muestran que son insuficientes. El Estado no garantiza esos derechos como debe. Este año, a las demandas históricas se suman otras nuevas, surgidas en un contexto de pandemia y de confinamiento que puso en evidencia la falta de respuesta institucional y de políticas públicas en clave de género.
El informe de ONU Mujeres 2020 demuestra que: “Desde que se desató el brote de COVID-19... se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar”
Nuestra provincia no quedó al margen de esta problemática mundial que se sumó a las particularidades del terruño, con desigualdades enquistadas. Mujeres y disidencias pertenecen a distintas comunidades, con experiencias individuales diversas de opresión y privilegios en las relaciones sociales, con trayectorias e historias personales de vida y con asimetrías en la forma como operan las estructuras del poder.
La Asamblea Feminista #25N de Salta emitió un documento que refleja que el contexto de pandemia profundizó cada una las violencias que las atraviesan y hacen un llamado a los poderes del Estado provincial y nacional, a poner fin: a los femicidios, transfemicidios y travesticidios, que se agravan año a año.
También convocan a los legisladores nacionales a apoyar el aborto legal, seguro y gratuito, fundamentando el pedido en los datos preocupantes de muertes de mujeres por prácticas clandestinas y como una forma de garantizar el acceso de todas al sistema de salud, y en especial, de las más vulnerables.
Un tema lacerante en estos días es la necesidad de garantizar la vivienda en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales tal como lo prescriben la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de San José de Costa Rica.
El desalojo ordenado el 17 de noviembre en el barrio “Los Pinos”, en la localidad de San Lorenzo, dejó en condiciones de extrema vulnerabilidad a ocho mujeres y niños; situaciones como esta, hoy extendidas en el país, constituyen una grave violación a los derechos humanos, en particular, al derecho a un nivel de educación y salud adecuados, a una vivienda digna y a una vida libre de violencia,
Violencia global
El informe de la ONU es alarmante.
A escala mundial, el 35 % de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado en algunos países como consecuencia del incremento de las tasas de violencia de pareja provocado por la pandemia de COVID-19. La restricción de movimiento, el aislamiento social y la inseguridad económica elevan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia en el ámbito privado en todo el mundo. Hasta septiembre, 48 países habían integrado la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas en sus planes de respuesta a la COVID-19, y 121 países habían fortalecido los servicios en esta crisis global. Sin embargo, es urgente intensificar los esfuerzos.
Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Se calcula que, de las 87.000 mujeres asesinadas intencionadamente en 2017 en todo el mundo, más de la mitad (50.000) murieron a manos de familiares o parejas. Unas 30.000 fallecieron a manos de su pareja íntima o de una pareja anterior.
Menos del 40 % de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. En la mayoría de los países para los que existen datos disponibles, la mayoría de las mujeres que buscan ayuda acude a familiares y amistades. Muy pocas, a la policía o a los servicios de salud.
Quince millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. En la inmensa mayoría de los países, las adolescentes son el grupo con mayor riesgo de verse forzadas a mantener relaciones sexuales (u otro tipo de actos sexuales) por parte de su esposo, pareja o novio actual o anterior. De acuerdo con los datos disponibles para 30 países, tan sólo un 1 % de ellas ha pedido alguna vez ayuda profesional.
La violencia de género en las escuelas es un obstáculo muy importante para la escolarización universal y el derecho de las niñas a la educación. Un tercio de los estudiantes de 11 a 15 años en el mundo sufrió acoso escolar por parte de sus compañeras y compañeros durante el mes pasado; niñas y niños tienen idéntica probabilidad de experimentar acoso.
Esta pandemia ha afectado a la humanidad a nivel global pero sobre todo a las mujeres como población vulnerada, por la sobrecarga en las tareas de cuidado, por los abusos intrafamiliares y femicidios, por la falta de acceso a servicios esenciales de salud, refugios y líneas de atención . Esas prestaciones obligatorias del Estado se han visto sobrecargadas y desbordadas. Los Estados están en deuda y deberán redoblar sus esfuerzos para dar una respuesta a mujeres y niñas, víctimas que siguen siendo protagonistas de estadísticas sin rostro humano.
* Miembro del Instituto de Género del Colegio de Abogados. Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos.