En el juicio que se lleva adelante contra una médica y dos enfermeros del hospital Ragone por la muerte de NN Kiko, o Carlos Villagrán como fue rebautizado el paciente psiquiátrico que falleció en septiembre de 2014 en Salta, voces autorizadas advirtieron que "el hilo se cortó en los más débiles" para tapar responsabilidades institucionales en un sistema de salud desfinanciado, involutivo e indolente.
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En el juicio que se lleva adelante contra una médica y dos enfermeros del hospital Ragone por la muerte de NN Kiko, o Carlos Villagrán como fue rebautizado el paciente psiquiátrico que falleció en septiembre de 2014 en Salta, voces autorizadas advirtieron que "el hilo se cortó en los más débiles" para tapar responsabilidades institucionales en un sistema de salud desfinanciado, involutivo e indolente.
Uno de esos testimonios fue el de Dorys Mabel Flores, especialista con larga trayectoria en este campo interdisciplinario.
A diez años de la aprobación de la Ley 26.657 de salud mental, la médica psiquiatra afirmó que la citada norma "plantea un presupuesto que jamás se cumplió" y que puso al hospital Miguel Ragone, a causa de sus criterios inconsultos, en "una senda de involución".
Flores, quien aportó un sólido peritaje en el tramo inicial del juicio, ingresó al sistema público en 1988 a través de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental (Risam). Luego fue instructora médica de la mencionada residencia, psiquiatra asistencial en el hospital Ragone (antes llamado Christrofedo Jacob), jefa de Sala y gerenta de Servicios del nosocomio de salud mental. En esa gestión, se encargó de los protocolos de internación y del traslado de pacientes tras el cierre de la Colonia Potrero Nicolás Lozano en 2011. En los últimos años de trabajo en el sistema público fue jefa del Servicio de Psiquiatría Social del Hospital Del Milagro, a cargo de la unidad de desintoxicación, hasta su retiro en 2018. Actualmente se desempeña como profesora de las cátedras de Salud Mental 1 y Psiquiatría y Salud Mental 2 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), sede Salta, en la UNSa.
Avalada con todos estos antecedentes, Flores advirtió que a diez años de la implementación de la Ley 26.657 "son evidentes las consecuencias de sus falacias. Dicen que consultaron a todos los sectores, pero eso no es cierto, porque las asociaciones de psiquiatras nacionales nunca fueron convocados al diálogo. Es más: nuestra profesión fue distorsionada y se catalogó a los psiquiatras de torturadores, rebajándolos a meros interconsultores o prescriptores de medicación, y desdibujaron nuestra especialidad médica, que está sobradamente fundada por los avances de la ciencia", cuestionó la catedrática.
En este contexto, Flores denunció que "hubo y hay jefes de servicio que desconocen la clínica psiquiátrica o los tratamientos", por la sencilla razón de que "no son médicos, ni psiquiatras, por lo que ponen en riesgo la salud mental de los pacientes".
Esta situación, subrayó la facultativa, "ocurrió en todo el país y también en nuestra provincia. Los que abrazamos la especialidad en psiquiatría, aunque resulte obvio aclararlo, primero somos médicos y como tales bregamos y juramos por la salud integral del ser humano, y en particular por los que padecen el sufrimiento mental y sus familias. No queremos manicomios, sino hospitales de avanzada acorde para la internación breve de pacientes agudos. Reclamamos camas para la emergencia en salud mental, para los adictos, para las urgencias; más recurso humano, psiquiatras en los distintos hospitales y camas de internación. Pedimos una real aplicación de las alternativas propuestas por la ley: hospitales de día, centros de rehabilitación, hostales, casa de medio camino. Queremos seguir trabajando en interdisciplina, pero aportando desde nuestra formación como médicos psiquiatras, con medicamentos acordes y con lo que la práctica y nuestra clínica recomienda", puntualizó.
Flores sostuvo que, lejos de lo razonable, "la ley dejó al desamparo nuestras incumbencias profesionales y a muchos pacientes y familias, ante quienes el Estado quedó en falta. Los hospitales generales en nuestra provincia no tienen camas de internación y cuando las tuvieron, nunca dieron abasto. En estos diez años, el hospital de salud mental involucionó y, si no se ponen las cosas en su lugar, seguirá siendo una institución de crónicos, tierra de nadie", afirmó la especialista.
En relación con el juicio que se desarrolla por estos días en Salta, Flores sostuvo sin medias tintas que "el hilo se cortó en los más débiles. Tampoco el hospital Ragone defendió a sus trabajadores, enfermeros y psiquiatras, porque de haberlo hecho no estarían estos profesionales en el banquillo de los acusados", concluyó Flores, tras adherir y reafirmar un pronunciamiento que emitieron las asociaciones argentinas de la especialidad médica: "No puede haber salud sin salud mental, ni salud mental sin psiquiatría".
Los responsables brillan por su ausencia en el banquillo
“El juicio que se desarrolla por la muerte de Ricardo Enrique Villagrán tiene en el banquillo de los acusados a los eslabones más débiles de la cadena de responsabilidades incumplidas, cuando tendrían que haberse establecido las sanciones para quienes, desde su función ejecutiva, debían garantizar la atención y cuidado del fallecido paciente y el resto de los internados”, planteó Elena Rivero, integrante de la Asociación Coca Gallardo y de la Mesa Provincial de Derechos Humanos.
Rivero recordó que, en su momento, desde las citadas organizaciones se exigió una inmediata asistencia médica para Villagrán cuando entre las idas y vueltas de los hospitales Ragone y San Bernardo empezaba a escribirse la crónica de la muerte anunciada de un nadie.
“Denunciamos la negligencia de los efectores de salud y exigimos que el Estado asegurara la buena atención de los pacientes internados. Lamentablemente, Villagrán falleció por mala praxis y por falta de recursos profesionales e insumos necesarios en el hospital Ragone y porque tampoco la Justicia actuó en forma temprana”, afirmó Rivero.
“La ley 26.657, que ya tiene 10 años, planteó un cambio de paradigmas al calificar a pacientes mentales como sujetos de derecho, y sobre todo de derechos humanos, pero por diferencias de criterios sectoriales y despreocupación estatal todavía no tenemos implementadas en Salta herramientas esenciales, como la del órgano revisor, que en la mayoría de las provincias ya funciona con una participación activa de los organismos del derechos humanos”, advirtió la referente de la Asociación Coca Gallardo.