Robo de caños del GNEA: extienden la prisión a Prado

En una nueva audiencia en la investigación por el robo de caños del Gasoducto NEA, donde se debatió sobre la prisión preventiva del ex intendente de Aguaray Jorge Prado, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, dispuso ampliar su detención hasta el 18 de diciembre.

En la audiencia, celebrada vía remota, se impusieron los argumentos del fiscal Eduardo Villalba respecto al riesgo procesal que representa, en esta etapa de la investigación, que Prado se encuentre en libertad. Villalba pidió la extensión de la prisión preventiva, mientras que la defensa del exintendente, a cargo del abogado Fernando Teseyra, buscaba que se revoque tal medida, se le otorgue la libertad, o bien se disponga su arresto domiciliario.

Al momento de fundamentar los planteos, la fiscalía presentó los dichos de testigos que reconocieron haber recibido llamados de Prado para que no se presenten a declarar ante el Concejo Deliberante, cuando se debatía su continuidad en el cargo. Indicó nuevos detalles aportados por un "imputado colaborador" y resaltó que el escenario de grave riesgo procesal ya había sido previsto cuando se solicitó la prisión preventiva, confirmada por la Sala II de Apelaciones de Salta la semana pasada.

La defensa, en tanto, minimizó las declaraciones de los testigos respecto a la influencia negativa de su cliente, lo que fue adjudicado a cuestiones de rivalidad política, e insistió en una prisión domiciliaria, incluso propuso que sea vedado de acceder a medios tecnológicos. El mismo Prado, desde su lugar de encierro en la cárcel federal de Gemes, prestó declaración y aseguró que no será "un impedimento" para la Justicia, a la vez que aseguró que "no voy a volver a ser político".

Por su parte, la querella, representada por el abogado Sebastián Schmidt Dodds, por EASA SA, del Estado nacional, adhirió al argumento de la fiscalía y se opuso al pedido de la defensa.

Tras analizar los argumentos de las partes, el juez Montoya resolvió extender la prisión preventiva y no morigerar la medida de coerción.

Medios tecnológicos

Sobre la discusión en torno a que Prado permanezca aislado de medios tecnológicos para evitar así que pueda influenciar de manera negativa en los testigos, planteo realizado por la defensa, el fiscal rechazó esa posibilidad y recordó que este aspecto fue ya anticipado por la jueza Mariana Catalano, de la Sala II, quien lideró el voto que confirmó la prisión preventiva del exintendente.

"La jueza fue muy clara al advertir que, en el caso de que se disponga una prisión domiciliaria para Prado, el riesgo de que pueda entorpecer el proceso a través de medios tecnológicos se hallaba latente", recordó Villalba, quien también resaltó de la misma magistrada la facultad del Ministerio Público Fiscal de avanzar con distintas pruebas, sin la necesidad de detallar cada una de ellas a la defensa.

Por su parte, el juez, al resolver, indicó que el planteo de la defensa de aislar al exintendente de medios tecnológicos es "una medida de imposible cumplimiento".

Influencia

Al referirse a la influencia del exintendente sobre los empleados, ya sea de la Municipalidad o del Concejo Deliberante, Villalba señaló que "uno de los testigos manifestó frente al defensor de Prado cómo su cliente había influenciado de manera negativa, tanto en él como en otros empleados para que no se presenten a declarar ante el Concejo Deliberante".

Destacó que "lamentablemente se cumplió el pronóstico que esta fiscalía ya había anticipado respecto al riesgo de entorpecimiento por parte del acusado", quien habría impartido órdenes para frustrar el proceso respecto a su destitución en el cargo, lo que hacía presumir al funcionario que, con la Justicia, la situación no sería diferente.

Un presión natural

El fiscal resaltó que “la sola ascendencia” de su figura ya significaba una presión natural para los empleados, algunos de los cuales reconocieron que, antes de acudir al Concejo Deliberante, “llamaron a Prado para preguntar qué debían hacer”, prueba clara del poder que el acusado tiene en los posibles testigos.
Respecto al testigo que dejó en evidencia los llamados de Prado para entorpecer el proceso de destitución en el cargo del ex intendente, la defensa buscó desacreditar al declarante y sostuvo que se trata de un “rival” político de su cliente, con aspiraciones de sucederlo en el cargo.
Pero el juez Montoya le dio la razón al fiscal.
 

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