Nos encontramos ante la crisis habitacional, que es real. Miles de argentinos sin vivienda y sin lote.
La pregunta obligada es ¿por qué no alquilan? La oferta de viviendas es innegable. Pero, no pueden pagar un alquiler, no tienen medios, no tienen trabajo... y aquí llegamos al verdadero origen del problema habitacional; lo que falta es el trabajo y consecuentemente los ingresos regulares en los grupos familiares.
El Gobierno ha optado por una salida carente de sustento en el tiempo, que no garantiza equidad y para su ejecución, requiere transgredir pautas constitucionales claras e indiscutibles, como es el caso de supeditar la propiedad privada a las desigualdades socioeconómicas. Es decir, ha emprendido un camino que nos conduce a la dilución del derecho y que pone en riesgo la convivencia misma de la sociedad.
Luchar contra la pobreza es destruir su origen, no resolverla con paliativos impregnados de un precio político y génesis de grietas sociales insalvables. Parece absurdo... pero es real, y esa actitud agrede, en flagrante ilegalidad, un pilar fundamental de nuestra organización nacional.
Es que no puede un emprendedor o un empresario concentrarse en producir eficientemente, que es lo que sabe hacer y el país necesita, si está en duda el dominio sobre sus bienes de producción.
Dos opciones para el análisis :
* No entender lo que es producir en cualquier ámbito para agredir la producción en sus raíces, en su mismísimo fundamento y pretender su crecimiento y desarrollo en la incertidumbre de sus títulos de propiedad.
* La semioculta ideología del Gobierno tendiente a la socialización mediante la estatización de los bienes de producción. Es un modelo fracasado que costó millones de vidas a la humanidad. Las reformas agrarias compulsivas solo consiguieron igualar hacia abajo y generar la implosión del sistema productivo.
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Nos encontramos ante la crisis habitacional, que es real. Miles de argentinos sin vivienda y sin lote.
La pregunta obligada es ¿por qué no alquilan? La oferta de viviendas es innegable. Pero, no pueden pagar un alquiler, no tienen medios, no tienen trabajo... y aquí llegamos al verdadero origen del problema habitacional; lo que falta es el trabajo y consecuentemente los ingresos regulares en los grupos familiares.
El Gobierno ha optado por una salida carente de sustento en el tiempo, que no garantiza equidad y para su ejecución, requiere transgredir pautas constitucionales claras e indiscutibles, como es el caso de supeditar la propiedad privada a las desigualdades socioeconómicas. Es decir, ha emprendido un camino que nos conduce a la dilución del derecho y que pone en riesgo la convivencia misma de la sociedad.
Luchar contra la pobreza es destruir su origen, no resolverla con paliativos impregnados de un precio político y génesis de grietas sociales insalvables. Parece absurdo... pero es real, y esa actitud agrede, en flagrante ilegalidad, un pilar fundamental de nuestra organización nacional.
Es que no puede un emprendedor o un empresario concentrarse en producir eficientemente, que es lo que sabe hacer y el país necesita, si está en duda el dominio sobre sus bienes de producción.
Dos opciones para el análisis :
* No entender lo que es producir en cualquier ámbito para agredir la producción en sus raíces, en su mismísimo fundamento y pretender su crecimiento y desarrollo en la incertidumbre de sus títulos de propiedad.
* La semioculta ideología del Gobierno tendiente a la socialización mediante la estatización de los bienes de producción. Es un modelo fracasado que costó millones de vidas a la humanidad. Las reformas agrarias compulsivas solo consiguieron igualar hacia abajo y generar la implosión del sistema productivo.
Un modelo de organización social y una concepción francamente rechazada por la generalidad de los argentinos .
La primera opción es desconocimiento e irresponsabilidad; la segunda, mas grave aun, un planteo ideológico fracasado, subrepticio, ajeno a un régimen republicano en libertad y democracia.
Someter a una sociedad a vivir con la espada de Damocles, sobre la legítima propiedad de sus inmuebles, es someterla a una incertidumbre desde la cual le será imposible construir su propia felicidad en un marco de dignidad.
El proyecto sobre incendios de campos intencionales o accidentales es otro ejemplo de la vulneración de la propiedad privada como principio. Nadie tiene derecho a sustraerle el dominio de su propiedad, a quien se le incendiase. La Justicia deberá investigar y dictaminar la correspondiente penalización a conductas ilegales si las hubiere.
Una idea que sobrevuela a ciertos ideólogos del Gobierno contempla el reparto de tierras fiscales. Y ahí entramos en otro asunto de mucha gravedad que tiende a naturalizarse. Y es la disposición discrecional de los dineros y bienes públicos sin regulación ni control en nombre del COVID-19, de la crisis habitacional, etc. y la pretensión de disponer los bienes de la nación como propiedad del partido gobernante.
El Estado es solo el administrador del patrimonio de la nación y el partido de turno su gerente temporario pero siempre bajo la tutela y en representación del pueblo de la nación como legítimo y único propietario. Ya hemos tenido un gobierno que enajenó el patrimonio nacional dando rienda suelta a las privatizaciones indiscriminadas, con el acompañamiento o complicidad de su partido político. No debemos permitir que en esta oportunidad el partido de turno distribuya a destajo el patrimonio público que no le pertenece, toda vez que la disposiciones sobre los bienes solo pueden ejecutarse con arreglo a lo dispuesto en la Constitución por una ley aprobada por mayoría agravada del Congreso.
Al respecto es muy llamativa la forma en que el presidente asigna partidas de miles de millones de pesos en un manejo discrecional, mediante DNU y aplicando cláusulas de cambio de destinos de partidas incorporadas en el Presupuesto Nacional, todos procedimientos de muy dudosa constitucionalidad amparados en emergencias eternas y convenientes.
Los bienes públicos son sagrados como patrimonio nacional.
La discrecionalidad debe cesar inmediatamente y ejercer su poder de contralor el Poder Legislativo. La república no admite mas DNU, debe volver a sus carriles institucionales y la Justicia, como custodia del cumplimiento de las leyes, proceder de oficio a la revisión de las actuaciones hasta la fecha, que invocando la pandemia, la crisis habitacional, etc. han vulnerado reiteradamente los limites constitucionales.
En resumen; la inteligencia y energía del gobierno no debería utilizarse en expropiaciones ilegales y repartos que no garantizan equidad entre los ciudadanos, sino en poner en marcha el aparato productivo del país, estimulando con efectiva desregulación, reformas impositivas y laboral, ajuste de gastos en los tres poderes del estado eliminando todo tipo de privilegios, propiciando una exportación masiva con el campo como base. Solo así aparecerán, junto con la inversión, miles de puestos de trabajo y entonces lenta pero definitivamente habrá además de equidad, surgida naturalmente con el esfuerzo de todos y no por decretos cuasi mágicos como se pretende, viviendas para todos.
La sociedad debe exigir transparencia y austeridad de gestión y el irrestricto apego a la Constitución. Por este camino no será posible y las sucesivas crisis nos seguirán destruyendo como nación. Las pruebas están a la vista. No ve quien no quiere ver.