El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta se presentará como querellante particular en la causa que investiga la agresión contra el abogado David Leiva, ocurrida el jueves último, en el ingreso a Ciudad Judicial.
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El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta se presentará como querellante particular en la causa que investiga la agresión contra el abogado David Leiva, ocurrida el jueves último, en el ingreso a Ciudad Judicial.
Leiva denunció que la semana pasada se presentó en Ciudad Judicial y trató de entrar por un acceso que no es el principal, como lo hacía hasta antes de la pandemia. Sin embargo, desde hace más de seis meses, el Poder Judicial estableció por acordada un protocolo por el cual el ingreso solo está permitido por la puerta principal, donde se realiza un control sanitario.
En ese contexto, Leiva denunció que un guardia de seguridad trató de impedir que entrara y lo agredió.
El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Burgos, comunicó que se constituirá como querellante en la causa judicial que se abrió para investigar lo ocurrido. El titular de la institución se reunió ayer con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, para comunicarle la decisión de participar en el caso "para obtener una sanción y condena ejemplar".
Burgos consideró que debe analizarse por qué hay seguridad privada y no estatal en edificios públicos.
Afirmó que ser querellante es una medida habitual que se adopta cuando un colega matriculado es víctima de una agresión, tal como ocurrió con Pablo Ibáñez, el abogado fue agredido hace tres años en Joaquín V. González.
En esa oportunidad, el Colegio se presentó por primera vez como querellante particular y logró la condena por lesiones, afirmó el dirigente. También consideró que "ninguna persona debe ser tratada de la forma en la que lo fue David Leiva. "Nos solidarizamos con él e impulsamos las medidas para ser protagonistas en este caso".
En otro sentido, Burgos precisó que el hecho que se investiga "pone en situación de análisis otra cuestión: conocer cuáles son las razones por las que los edificios públicos son custodiados por personal de seguridad privada, cuando está al alcance el personal policial, que estaría en mejores condiciones de asumir y controlar cualquier situación conflictiva".
Burgos se reunió previamente con el fiscal penal 1, Pablo Paz, quien inició la investigación de oficio el jueves último, en base a distintas publicaciones. El fiscal habló con la víctima, quien ya radicó denuncia formal.
Se espera la remisión de exámenes médicos, con intervención del CIF de Orán, y la conclusión del trámite en la Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta, que debe autorizar el acceso a los videos de las cámaras de seguridad.