El juez Luciano Martini, de la Sala I del Tribunal de Impugnación, no hizo lugar al recurso de apelación presentado por el defensor oficial del menor C.V.L., acusado del despiadado crimen de la docente Sandra Sylvia Palomo de 53 años. El magistrado confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Menores 1 que dispuso la aplicación de medidas de seguridad y la internación en el Centro de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal 1, donde el menor sindicado como el asesino deberá seguir con el tratamiento psiquiátrico y psicológico.
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El juez Luciano Martini, de la Sala I del Tribunal de Impugnación, no hizo lugar al recurso de apelación presentado por el defensor oficial del menor C.V.L., acusado del despiadado crimen de la docente Sandra Sylvia Palomo de 53 años. El magistrado confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Menores 1 que dispuso la aplicación de medidas de seguridad y la internación en el Centro de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal 1, donde el menor sindicado como el asesino deberá seguir con el tratamiento psiquiátrico y psicológico.
C.V.L. está señalado como autor del delito de "homicidio calificado por alevosía, ensañamiento criminis causa y por mediar violencia de género en perjuicio de Sandra Sylvia Palomo". Era menor al momento del hecho (15 años), por lo que el defensor oficial solicitaba la entrega del menor a su madre o bien el arresto domiciliario continuando con el tratamiento ordenado en forma ambulatoria.
Sin embargo, el magistrado Martini recordó que en el Derecho Penal argentino existen dos clases de sanciones dispuestas a modo de regla/excepción: por un lado la pena (regla general) y la medida de seguridad que es aplicable en caso de inimputabilidad y que persigue fines educativos o curativos y que además requiere que el sujeto resulte peligroso para sí o para terceros (regla excepcional).
Se trata de un caso particular dado que el acusado de asesinar a la docente formoseña es un menor de 16 años -tenía 15 al momento del hecho-, en consecuencia inimputable. En ese sentido, resulta aplicable una medida tuitiva o educativa (artículo 522 del Código Procesal Penal). Y recordó el juez que la medida "siempre y en todo caso, debe ser revisada periódicamente a fin de conocer la evolución del afectado, ya que en cualquier momento de su ejecución puede ser modificada o dejada sin efecto (artículos 419 y concordantes del Código Procesal Penal)".
Indiferente a la vida
Los profesionales en psiquiatría sostuvieron lo peligroso que significa L.C.V. no solo para terceros sino también para sí mismo. De acuerdo al análisis pormenorizado que los especialistas realizaron en torno al menor, se trata de un sujeto con un grado de peligrosidad importante. Esto da cuenta no solo por los informes psiquiátricos y psicológicos que deberán ser actualizados periódicamente, sino por las singularidades del cruento hecho, la selección de su víctima, cómo ejecutó su plan y los presuntos móviles que el menor habría perseguido para concretar el crimen.
Según el expediente de la investigación, el único motivo que habría impulsado al adolescente a cometer el aberrante crimen fue sus deseos inalterables de manejar una camioneta, motivación que según los investigadores habría sido acompañada por el afán de demostrar a su círculo de amistad su "hazaña" y posterior "coraje" para perpetrar el violento asesinato. Esto último pone sobre relieve la indiferencia por la vida humana que mostró el imputado y menor de edad.
Lo investigado en la etapa instructiva de la causa señala que el menor habría tenido a su indefensa víctima cerca de cinco horas a bordo de la camioneta, recorrido que comenzó en el subsuelo de un supermercado del barrio Tres Cerritos, siguió por parte del casco céntrico de la ciudad, zona sur y terminó cerca de río Arenales, inmediaciones del barrio Don Emilio, donde fue abandonado el cadáver de la mujer.
En ese transcurso del horror que el adolescente mantuvo a bordo en el vehículo a su víctima, y según entiende la fiscal que actúa en la causa, Ana Inés Salinas Odorisio, actuaron encubriendo el hecho cuatro amigos de L.C.V., dos menores de 17 años y dos mayores.
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