La muerte de un jornalero y su hija de ocho años, sobre la ruta 34, ocurrido este fin de semana en Tartagal, es una historia trágica que golpea nuevamente a una población wichi. La madre de la nena estaba separada del hombre y vive en Misión Wichi, una comunidad suburbana. La otra hija de la pareja se salvó porque no quiso ir con su papá.
La violencia de género y los dramas intrafamiliares como este no distinguen entre clases sociales. Pero son un problema social, y muy grave.
En 2019 se registraron 17 femicidios y un transfemicidio en Salta. Ocurrieron en Cerrillos (donde un policía mató a su mujer y se suicidó), en Tartagal (2), Embarcación, Angastaco, Salta capital (2); Aguaray; Misión La Cortada y Misión La Mora; el transfemicidio se produjo a la salida de un boliche en General Güemes.
En Tartagal, el 22 de diciembre, una mujer de 24 años hirió de gravedad con un machete a sus hijos de 5 y 7 años, en un ataque de furia descontrolada: los chicos se habían gastado el vuelto de pan en picolé.
En enero pasado, un gendarme formoseño detenido en el penal federal de Güemes atacó a su mujer con una faca (puñal de fabricación casera) durante una visita íntima. El agresor, de 48 años, acumulaba denuncias de violencia de género. La víctima, que sobrevivió, tiene 28 años y está a cargo de la hija que tienen en común, de seis años. Trabaja en una empresa de transporte en Rivadavia, de lunes a lunes, cobra 12 mil pesos mensuales y, obviamente, no recibe cuota alimentaria. El conflicto se inició porque el agresor le hizo una escena de celos, frente a la cual la mujer le planteó que en esas condiciones prefería separarse. Entonces, el hombre intentó cortarle la garganta. Aunque sobrevivió sin grandes heridas, la mujer afronta de golpe todo el drama de la pobreza. Para trasladarse desde su domicilio en Rivadavia hasta Orán debe pagar un boleto con dinero que no tiene; perder un día de trabajo, ya que no tiene franco; viajar cinco horas -en una época de rutas cortadas por las lluvias- y tener la suerte de encontrar al único psicólogo asignado para esta tarea.
Esta historia es una síntesis de las ausencias del Estado cuando se trata de garantizar derechos. Un detenido con antecedentes de violencia no debería quedar a solas con su mujer, y menos con una faca; el Estado debería asegurar que la víctima y su hija no queden desamparadas; el sistema de seguridad social debería garantizar asistencia a la víctima en su lugar de residencia. Entre otras cosas, que no haya un psicólogo sino un equipo de contención con protocolos bien definidos.
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La muerte de un jornalero y su hija de ocho años, sobre la ruta 34, ocurrido este fin de semana en Tartagal, es una historia trágica que golpea nuevamente a una población wichi. La madre de la nena estaba separada del hombre y vive en Misión Wichi, una comunidad suburbana. La otra hija de la pareja se salvó porque no quiso ir con su papá.
La violencia de género y los dramas intrafamiliares como este no distinguen entre clases sociales. Pero son un problema social, y muy grave.
En 2019 se registraron 17 femicidios y un transfemicidio en Salta. Ocurrieron en Cerrillos (donde un policía mató a su mujer y se suicidó), en Tartagal (2), Embarcación, Angastaco, Salta capital (2); Aguaray; Misión La Cortada y Misión La Mora; el transfemicidio se produjo a la salida de un boliche en General Güemes.
En Tartagal, el 22 de diciembre, una mujer de 24 años hirió de gravedad con un machete a sus hijos de 5 y 7 años, en un ataque de furia descontrolada: los chicos se habían gastado el vuelto de pan en picolé.
En enero pasado, un gendarme formoseño detenido en el penal federal de Güemes atacó a su mujer con una faca (puñal de fabricación casera) durante una visita íntima. El agresor, de 48 años, acumulaba denuncias de violencia de género. La víctima, que sobrevivió, tiene 28 años y está a cargo de la hija que tienen en común, de seis años. Trabaja en una empresa de transporte en Rivadavia, de lunes a lunes, cobra 12 mil pesos mensuales y, obviamente, no recibe cuota alimentaria. El conflicto se inició porque el agresor le hizo una escena de celos, frente a la cual la mujer le planteó que en esas condiciones prefería separarse. Entonces, el hombre intentó cortarle la garganta. Aunque sobrevivió sin grandes heridas, la mujer afronta de golpe todo el drama de la pobreza. Para trasladarse desde su domicilio en Rivadavia hasta Orán debe pagar un boleto con dinero que no tiene; perder un día de trabajo, ya que no tiene franco; viajar cinco horas -en una época de rutas cortadas por las lluvias- y tener la suerte de encontrar al único psicólogo asignado para esta tarea.
Esta historia es una síntesis de las ausencias del Estado cuando se trata de garantizar derechos. Un detenido con antecedentes de violencia no debería quedar a solas con su mujer, y menos con una faca; el Estado debería asegurar que la víctima y su hija no queden desamparadas; el sistema de seguridad social debería garantizar asistencia a la víctima en su lugar de residencia. Entre otras cosas, que no haya un psicólogo sino un equipo de contención con protocolos bien definidos.
La punta del témpano
Pero el conjunto de estos hechos de violencia (la punta del témpano de una violencia social que se expande silenciosamente) muestra carencias que castigan a los sectores económicamente más vulnerables y que exigen que quienes gobiernan entiendan que no alcanza con sacarse fotos, repartir tarjetas alimentarias o bolsones y con conmover a una sociedad lejana.
La pobreza joven de Salta supera el 50% de la población y a esto se le agrega la destrucción del empleo privado que se viene profundizando desde hace años, y el crecimiento de los “rebusques” fuera del sistema formal que, muchas veces, incluso, constituyen delitos.
Esto forma parte de los problemas de inseguridad, que van mucho más lejos que la responsabilidad de un ministro. La inseguridad es un tema crítico y muy amplio. Lo que es difícil es brindarla.
En estos casos, la ausencia de expertos en prevención es evidente. Los ministros, secretarios y directores en las áreas específicas que deben tomar decisiones sobre temas que arden y esas decisiones requieren funcionarios con pericia de la que generalmente carecen los militantes y los amigos, que conozcan sobre los menores en riesgo, la feminización de la pobreza y la realidad de los pueblos indígenas, porque es la única forma de ganarle de mano a la muerte.
Con ese criterio es necesario profesionalizar y consolidar (sin demoras) el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, los organismos sociales que pueden detectar indicios de riesgo; el sistema penitenciario y los hogares para institucionalización de menores y la acción preventiva de la policía. Además, y porque la violencia contra mujeres y menores abarca a toda la sociedad, avanzar en la designación de un fiscal especializado en cyber delitos.
Vivimos en una sociedad vulnerable, y existe serio riesgo de que sea cada vez más vulnerable. Frente a la muerte, de nada sirve llegar tarde.