Salta afronta hoy un desafío histórico, puesto en agenda por la muerte de ocho niños de las comunidades aborígenes del chaco semiárido. El drama de esos menores es la manifestación de la impotencia (o la ineficiencia) del Estado para garantizar el desarrollo humano en cada localidad del territorio de la provincia. Esta situación compromete al nuevo gobierno, que deberá poner en marcha un plan serio y realista, sustentado en las condiciones en que viven las comunidades afectadas. Pero también exige responsabilidad de toda la comunidad política, porque la exclusión y la pobreza aborigen conforman un problema estructural frente al que fracasaron todos los diagnósticos y los procedimientos aplicados. De este fracaso no debería desentenderse ningún funcionario, en especial los que estuvieron en la gestión anterior y continúan ahora, ni los legisladores, intendentes y concejales de los departamentos involucrados, como tampoco la dirigencia del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta.
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Salta afronta hoy un desafío histórico, puesto en agenda por la muerte de ocho niños de las comunidades aborígenes del chaco semiárido. El drama de esos menores es la manifestación de la impotencia (o la ineficiencia) del Estado para garantizar el desarrollo humano en cada localidad del territorio de la provincia. Esta situación compromete al nuevo gobierno, que deberá poner en marcha un plan serio y realista, sustentado en las condiciones en que viven las comunidades afectadas. Pero también exige responsabilidad de toda la comunidad política, porque la exclusión y la pobreza aborigen conforman un problema estructural frente al que fracasaron todos los diagnósticos y los procedimientos aplicados. De este fracaso no debería desentenderse ningún funcionario, en especial los que estuvieron en la gestión anterior y continúan ahora, ni los legisladores, intendentes y concejales de los departamentos involucrados, como tampoco la dirigencia del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta.
Los indicadores de mortalidad infantil, desnutrición y falta de asistencia sanitaria eran conocidos, especialmente, por las crisis nutricionales que se sucedieron a partir de 2011. Ahora es necesario poner en claro que comienza otra etapa y que lo que se haga en adelante deberá ser sustentable en el tiempo.
Tanto el gobernador Gustavo Sáenz como el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Miguel Arroyo, han mostrado la intención de cambiar una realidad que no coincide con los informes oficiales del anterior gobierno. Para lograrlo no bastará con solucionar problemas de coyuntura; habrá que pensar en lo que hace falta para que aborígenes y criollos puedan vivir bien, dignamente, como ellos quieran, estudiando, trabajando y gozando de los bienes a los que tiene derecho todo ciudadano argentino.
Las muertes infantiles ocurrieron, en general, en comunidades rurales, la mayoría, en el departamento de Rivadavia. En este distrito, ubicado en el chaco seco, viven unas 33 mil personas en un territorio donde aún disponen de 20.000 kilómetros cuadrados sin desarrollo rural. La mayoría de los pobladores viven en ranchos y carecen de provisión regular de agua.
Las soluciones no serán mágicas.
Hoy se habla con insistencia de la perforación de pozos para extraer agua. En las napas de Rivadavia abunda el arsénico y serán necesarias perforaciones muy profundas, en una región sin acceso al combustible o la energía eléctrica para los bombeadores, y serán imprescindibles extensos tendidos de cañerías, para garantizar el suministro de agua a todas las comunidades.
En realidad, en toda esta región se recomienda el sistema de "cosecha de agua", que consiste en acumular el agua de lluvia y conservarla en condiciones para consumo humano y bebida de ganado.
Pero eso será solo un primer paso. A partir de allí habrá que evaluar en qué medida el sistema educativo y el sanitario responden a las necesidades de los pobladores, aborígenes y criollos.
También habrá que preguntar a esos ciudadanos argentinos, y no a voceros oficiosos, qué es lo que las comunidades desean para su futuro.
Las comunidades originarias de Salta, aunque privadas de muchos derechos básicos, no viven al margen de las inquietudes típicas del siglo XXI. Sus hijos adolescentes comparten con el resto las aspiraciones personales y los riesgos de las adicciones y la violencia social.
Las soluciones a instrumentar deben estar despojadas de prejuicios e inspiradas en objetivos de desarrollo humano. Las comunidades originarias no necesitan otra cosa que posibilidades de salir adelante.
Gran parte de ellas vive sobre el río Pilcomayo, en los antiguos lotes fiscales 14 y 55, cedidos hace más de dos décadas por la Provincia para familias aborígenes y criollas. Ese puede ser, con la contribución del INTA y de otras instituciones nacionales o provinciales, un punto de partida para el desarrollo en escala de las economías familiares de que habla el ministro Arroyo.
La situación del pueblo wichi forma parte de una preocupante realidad social de Salta. Las necesidades básicas insatisfechas, la violencia, la pobreza y el desempleo, tanto como la exclusión de diversos grupos, requerirán políticas de Estado con ob jetivos a largo plazo y que se sosten gan a través del tiempo y los gobiernos.