A partir de hoy, un equipo de la Cruz Roja Argentina empezará a instalar un campamento cerca de Santa Victoria Este, que servirá de base para desplegar la ayuda humanitaria que brindará la institución, por lo menos durante un año, a las personas de las comunidades wichis sumidas en una emergencia sociosanitaria que se hizo pública en enero tras conocerse la muerte de seis niños por desnutrición.
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A partir de hoy, un equipo de la Cruz Roja Argentina empezará a instalar un campamento cerca de Santa Victoria Este, que servirá de base para desplegar la ayuda humanitaria que brindará la institución, por lo menos durante un año, a las personas de las comunidades wichis sumidas en una emergencia sociosanitaria que se hizo pública en enero tras conocerse la muerte de seis niños por desnutrición.
Antes de iniciar el operativo de ayuda, la Cruz Roja hizo un relevamiento en las poblaciones críticas en poco menos de dos semanas. Algunas de las conclusiones: son unas 1.200 las familias afectadas (9.600 personas); más del 75% de esas comunidades no accede a fuentes de agua segura para el consumo; casi el 80% de los puntos de consumo de agua presentan un PH más elevado de lo recomendable y el 84% de los niños y niñas relevados ha sufrido períodos de diarrea prolongada en el último mes.
Las comunidades donde la organización internacional prestará ayuda serán Santa Victoria, Santa María, La Puntana, La Curvita, Monte Carmelo, Ballivián y aledañas.
Durante el año de puesta en marcha del operativo, 400 agentes de la Cruz Roja trabajarán en el norte salteño. Instalarán una planta potabilizadora y un sistema para la extracción, almacenamiento y distribución de agua. Entre marzo y abril se entregarán más de dos millones de litros de agua a las comunidades afectadas. También otorgarán 1.200 filtros familiares de agua, 4.800 jerricans (bidones especiales) de 25 litros, 12 filtros comunitarios de agua para escuelas y centros de salud y 1.200 kits de higiene personal para contribuir a la reducción de enfermedades.
Ese es el resumen del plan de trabajo en la emergencia durante los primeros tres meses, pero la tarea de asistencia es mucho más profunda, como explicó a El Tribuno presidente de Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, quien dijo no verse sorprendido por la extrema situación que atraviesan las comunidades indígenas del norte provincial. “Hace dos años dijimos que esto iba a pasar”, recordó el dirigente.
¿Qué dejará la Cruz Roja en el norte salteño cuando termine este año de intervención?
En los primeros tres meses vamos a trabajar bajo un protocolo de respuesta de emergencia en donde la prioridad uno es la distribución y potabilización de agua, pero todo a través de un trabajo de inserción comunitaria y emponderar a las comunidades y buscar las mejores soluciones en conjunto. Posteriormente, vamos a hacer un trabajo vinculado a la distribución de filtros, que lo que permiten básicamente es que las comunidades tengan herramientas para potabilizar agua de distintas fuentes como puede ser de un río o de un pozo. Parte de las evaluaciones que venimos haciendo desde hace una semana y media con especialistas de agua tienen que ver con la identificación de cuáles son las fuentes de acceso al agua segura y cuáles tenemos que descartar, no solo la fuentes primarias sino las fuentes de almacenaje y qué tratamiento hay que hacer para cada caso. También hemos detectado que, según nuestro relevamiento, más del 80% de los recipientes donde hoy se almacena el agua ya están contaminados, entonces también como parte de este plan de respuesta vamos a repartir 4.800 “jerricans”, que son bidones para almacenar 25 litros de agua cada uno, vamos a repartir cuatro por familia.
Una de las cosas que llama la atención del relevamiento de Cruz Roja es que las comunidades asocian los cuadros de gastroenteritis al calor y no al consumo de agua no segura, ¿cómo se va a abordar esa situación?
Para nosotros, parte de la estrategia es fortalecer a las comunidades, que ellos sientan que son parte de la solución de esto y hay que capacitarlos para eso. Que entiendan que justamente muchos de los problemas de salud que tienen están asociados a la ingesta de agua no segura. Por eso hay que trabajar en que entiendan esta problemática y empiecen no solo a utilizar los métodos de potabilización sino a trabajar con el tema de seguridad alimentaria. Tenemos mucha experiencia aquí en la zona porque venimos recurrentemente trabajando generalmente en cuestiones de emergencia como cuando fue el desborde del Pilcomayo en 2018 y llegamos a asistir a más de 2.300 personas con este tipo de solución.
Muchas veces para saber cuál es la solución para una problemática se debe conocer el origen de la misma, en ese sentido, ¿cómo se llegó a esta crisis humanitaria?
Todos hemos fallado, cada uno con sus distintos grados de responsabilidad, obviamente los gobiernos en sus tres niveles, nacional, provincial y local han fallado, las organizaciones de la sociedad civil hemos fallado, la sociedad ha fallado, las corporaciones han fallado, hoy esta gente no está como en el siglo XVIII sino peor. Creo que más allá de buscar culpables hay que trabajar y para eso estamos nosotros para cambiar realidades. No miramos hacia atrás, dijimos “este es el cuadro de situación, vamos para adelante”. Hicimos un plan, se lo presentamos a la Nación y a los funcionarios de la Provincia porque fuimos convocados en su momento por el gobernador Sáenz quien nos pidió que nos sumemos a la coordinación y planifiquemos una respuesta y hoy venimos a decir que estamos cumpliendo. Es un plan de 875 mil dólares para llegar a lo que nosotros estimamos es el 100% de la población más vulnerable con el tema del agua. Para que te des una idea, estamos potabilizando el agua a un valor de $3 por familia por día y lo podríamos hacer aún más barato, a $2,13 si este plan humanitario no pagara impuestos.
Impuestos argentinos...
Sí, desde las tasas aduaneras hasta IVA, tenemos un componente de hasta un 57% de impuestos. Todo eso porque desde hace cuatro años no salió la ley que tenemos en el Congreso de la Nación para que la ayuda humanitaria no pague impuesto, lo cual es inaceptable en nuestro país.
¿Qué papel le asignan a los desmontes en la situación de precariedad que atraviesan las comunidades del norte?
Nosotros no nos metemos en conflictos de orden político porque nuestra cuestión es ver un vacío humanitario, detectarlo y trabajar en consecuencia, seguramente el tema de los desmontes ha afectado por lo que nos dicen los propios habitantes de la zona, en sus desplazamientos, en su escasez de recursos, en que tengan que ir variando sus formas de vida.
¿Cómo consigue recursos la Cruz Roja y cómo puede ayudar el ciudadano común?
Nosotros hacemos el ciento por ciento de la acción humanitaria en el país con fondos privados, no tenemos ningún aporte estatal. Tenemos cerca de cien mil donantes individuales que a través de la tarjeta de crédito y débito donan todos los meses, tenemos empresas asociadas, donantes como la Comunidad Europea, algunos gobiernos extranjeros que aportan cuando hay una situación de emergencia, pero esta operación hasta ahora tiene cero apoyo económico del Estado. Para ayudar se puede ingresar a www.cruzroja.org.ar /donar.
Esto de no recibir ayuda del Estado es por una política de la institución...
No es por política del Estado, la cruz Roja es un patrimonio del país, es la organización humanitaria más antigua de la Argentina, estamos cumpliendo 140 años y tenemos el mandato de ser auxiliares de los poderes públicos. Somos la red humanitaria más grande del mundo y la verdad es que toda la experiencia que tenemos es para ayudar en este tipo de situaciones. Lo que hemos tratado de hacer puertas adentro es decir nosotros también cometemos errores en nuestro planes de acción y lo que hacemos después de cada operación se llama lesiones aprendidas y es analizar qué hicimos bien y qué hicimos mal para mejorar nuestros procesos, tenemos experiencia en 192 países en 160 años, por eso somos buenos en lo que hacemos, porque criticamos cada una de la cosas que hacemos, en base a esa metodología les decimos también a los gobiernos qué es lo que nos parece que no va a funcionar, para que no se pierda tiempo en una solución que no va a aportar un cambio real.
Y en Salta, ¿cuál sería esa recomendación?
Ya se lo dijimos a los gobiernos
¿Qué fue?
No es una cuestión de exponerla, sino de hacer una sana crítica puertas adentro para hacer un plan que funcione. La verdad es que cuando estuvimos hace dos años dijimos esto va a volver a pasar, porque veíamos que estaban todas las condiciones para que suceda, si no se tomaban medidas era inevitable y pasó. Nos duele tener que estar hoy aquí dos años después con la pérdida de vidas, esperemos que esta vez todos veamos que no puede volver a pasar y que hay que cambiar realidades en serio.x