La política económica del Gobierno ha puesto como prioridad una reestructuración rápida de la deuda, aun a costa de mantener la economía en el letargo.
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La política económica del Gobierno ha puesto como prioridad una reestructuración rápida de la deuda, aun a costa de mantener la economía en el letargo.
Alberto Fernández eligió el camino del medio entre quienes le recomendaban una negociación pro-mercado, aceptando las reformas estructurales impulsadas por el Fondo, y quienes planteaban priorizar una rápida recomposición económica y social aun cuando ello implicara entrar en cesación de pagos con la mayor parte de los acreedores. Evitar el default intentando una rápida reestructuración con quitas a los bonistas privados; rechazar las reformas estructurales y el ajuste del gasto real que recomienda el FMI pero concediendo un programa tendiente al equilibrio fiscal que pondera una mejora del gasto social, incrementos de impuestos a los que más tienen y cierta parálisis de la obra pública son ejes de la política de negociación con los acreedores. El programa económico se completa con una política cambiaria, de tarifas y de ingresos, que prevé convivir con una inflación moderada sin grandes cambios distributivos.
De esa manera, las previsiones económicas aún en el caso de una exitosa reestructuración de la deuda son moderadas. El mercado interno se mantendrá relativamente estancado, dado un consumo y gasto público real con bajas perspectivas de crecimiento, y una inversión que difícilmente sea el motor de la recuperación dada la capacidad ociosa reinante en el aparato productivo. El bajo nivel de actividad acompañado de fuertes controles a la importación son claves para mantener un importante superávit comercial. Los controles cambiarios para mantener a raya la fuga de capitales y el esperable incremento de las exportaciones por el desarrollo de los combustibles no convencionales son las claves para generar el saldo en divisas que permita ir cumpliendo con los compromisos de una deuda que, aún reestructurada, seguirá pesando fuerte sobre nuestras espaldas económicas.
La táctica de reestructuración oficial no está libre de riesgos. El apoyo del FMI a la quita sobre los bonistas privados puede implicar concesiones que condicionen a corto y largo plazo la economía nacional (mantener acuerdo UE-Mercosur, presiones para recomponer tarifas de servicios públicos, facilitar el ingreso de importaciones y giro de dividendos, etc.). Por otro lado, el capital político inicial del Frente de Todos se diluye a la espera de una reestructuración que puede dilatarse mucho más allá de marzo si los fondos privados no aceptan la oferta argentina. Se genera de esa manera un "apuro" para cerrar la reestructuración, que debilita la posición argentina en la negociación. Tampoco hay que descartar que las potencias que gravitan tras el FMI corran el arco a la hora de negociar el esquema de pagos al organismo, buscando mayores concesiones a cambio de posponer los vencimientos.
Aun en el caso de un empantanamiento de las negociaciones, Argentina podría surfear el 2020 sin default, reperfilando vencimientos bajo legislación local en divisas (US$15.100 millones), renovando vencimientos en moneda local ($1.160.850 millones) y pagando los vencimientos en dólares bajo legislación extranjera (US$4.900 millones) y con el Club de París y FMI (US$2.500 millones). Las reservas totales están en US$47.800 millones, si restamos el swap con China y los dólares depositados en cajas de ahorro, el Gobierno dispone de US$10.000 millones líquidos en las reservas, más unos US$7.000 millones que puede aportar el balance comercial, resultado que está asociado al estancamiento de la actividad económica neto de una fuga de capitales controlada por las restricciones cambiarias. De esa manera, el apuro para cerrar las negociaciones en marzo no tiene que derivar en un mal acuerdo. De ser necesario, esos pla zos podrían flexibilizarse.