Denuncian estafa a  proveedores en la Puna

Fredy Soriano y Pedro Guitián son dos pobladores de San Antonio de los Cobres que con mucho esfuerzo lograron establecer su actividad como proveedores de servicios en el mismo pueblo. Desde hace algún tiempo y con más voluntad que herramientas, trabajan en el movimiento de suelos, riego y transporte de cargas para las empresas que desarrollan la minería o la construcción en esa zona de la provincia.

Pero una situación tan inesperada como angustiante amenaza con dejarlos sin trabajo y con una denuncia en sede judicial a partir de lo que ellos consideran "una estafa".

Todo comenzó en mayo pasado cuando Soriano y Guitián advirtieron problemas con los cheques de la empresa contratista. "Somos emprendedores que recién comenzamos. Los primeros cheques por nuestro trabajo fueron emitidos a 90 días, pero por la necesidad y confiados, recibimos esos papeles", relataron.

La empresa que los había contratado, Green SA, se hizo cargo de la construcción del túnel de acceso a San Antonio de los Cobres, sobre la ruta nacional 51, obra que está concluida, aunque las deudas se acumulan por cientos de miles de pesos. Según Soriano y Guitián, Green no solo les adeuda a ellos sino también a otros proveedores que se encargaban del catering y la provisión de agua. "Tenemos entendido que hay deudas con sus obreros y con la comuna" dijeron.

Según los denunciantes, la deuda promedio con cada uno de los proveedores es de $700 mil, con lo cual el monto ascendería a unos 3 millones y medio de pesos. "En agosto del año pasado nos mandaron un cheque para cobrar recién en abril de este año. Lo recibimos aunque sabíamos que ya venían rebotando", afirmó Soriano.

Los proveedores relataron que ante los innumerables problemas por la falta de pago tuvieron que vender una camioneta para poder pagar a sus empleados y seguir operando. Pese a ello la situación se hizo insostenible en agosto cuando los proveedores y los obreros contratados por Green se autoconvocaron para exigir el pago de la deuda. Mario Frate, apoderado de la firma, se comprometió a saldar la deuda entre el 5 y 9 de agosto, dejando en garantía y con firma documental en sede policial cinco máquinas de la empresa.

Atropello y escándalo

Sin novedades de pago y en cumplimento de la garantía, los proveedores trasladaron las máquinas hacia un predio de la Municipalidad. “El ingeniero Néstor Zapana nos acusó de robo, aunque las máquinas estaban a la vista de todo el mundo. Allí estuvieron hasta que en enero la Justicia de Rosario de Lerma abrió la feria y el fiscal Gabriel Portal libró una orden de allanamiento. Para retirar las máquinas pasaron por encima de propiedades de vecinos e incluso intentaron mover las orugas sobre el adoquinado turístico del pueblo. Fue allí cuando intervinieron los funcionarios municipales para detener el atropello. Nosotros solo queremos que paguen lo que deben”.
 

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