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28 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
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Los intendentes echan más leña al fuego

Sabado, 28 de marzo de 2020 11:59

El intendente de San Lorenzo, José Manuel Saravia, prohibió ayer la venta de alcohol en todo el municipio. La medida se extenderá mientras dure la emergencia por coronavirus e involucra a todos los comercios autorizados en la comuna. Acompañado en la firma por el Procurador municipal, Jorge San Miguel, y el secretario de Gobierno Rodrigo de la Serna, el jefe comunal estipula una multa de 15.000 para el comercio que desacate la disposición, que se duplicará si reincide y podría llegar a la clausura del local. También prometen multas para quienes no pongan un letrero visible que informe sobre la prohibición y a quienes muestren en sus vidrieras las bebidas alcohólicas.
Es decir, Saravia establece una suerte de “toque de queda” y pone en vigencia una “ley seca” que nunca fue sancionada. Porque si bien los municipios pueden delimitar ciertas prácticas, como por ejemplo horarios de veda alcohólica, ingestas callejeras o consumo de cigarrillos en determinados espacios, no tienen ninguna atribución para cercenar el derecho ciudadano a comercializar bebida o a consumirlas.
Tampoco se ha escuchado ninguna recomendación en tal sentido de parte de la Organización Mundial de la Salud ni de los ministerios de Salud del país o la provincia.
Sin embargo, Saravia no está solo. Hace una semana, el intendente Gustavo Solís, de Rosario de la Frontera, dictó la ordenanza ad-referéndum Nro. 4.206/20, por la que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas “entre el 21 al 31 de marzo, con opción a prorrogarlo según el avance o no de la pandemia del coronavirus”.
Prolijamente, Solís establece una multa de 6.000 unidades tributarias para los infractores, y la clausura para los reincidentes. También exige “por lo menos dos carteles que refieran a la presente prohibición, cuyas medidas mínimas serán de 30 cm de ancho por 20 cm de alto, con la siguiente leyenda: Queda prohibida para todos/as la venta de bebidas alcohólicas hasta el 31 de marzo inclusive - s/ordenanza ad-ref 4.206/20”.
Ayer, el intendente metanense José María Issa, considerando que los vecinos no acatan la cuarentena, y que se habrían registrado muchos hechos de violencia entre personas alcoholizadas, anunció su decisión de poner veda a la venta de bebidas. Debería recordar que, hace cien años, la ley seca de Estados Unidos solo generó mafiosos.

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El intendente de San Lorenzo, José Manuel Saravia, prohibió ayer la venta de alcohol en todo el municipio. La medida se extenderá mientras dure la emergencia por coronavirus e involucra a todos los comercios autorizados en la comuna. Acompañado en la firma por el Procurador municipal, Jorge San Miguel, y el secretario de Gobierno Rodrigo de la Serna, el jefe comunal estipula una multa de 15.000 para el comercio que desacate la disposición, que se duplicará si reincide y podría llegar a la clausura del local. También prometen multas para quienes no pongan un letrero visible que informe sobre la prohibición y a quienes muestren en sus vidrieras las bebidas alcohólicas.
Es decir, Saravia establece una suerte de “toque de queda” y pone en vigencia una “ley seca” que nunca fue sancionada. Porque si bien los municipios pueden delimitar ciertas prácticas, como por ejemplo horarios de veda alcohólica, ingestas callejeras o consumo de cigarrillos en determinados espacios, no tienen ninguna atribución para cercenar el derecho ciudadano a comercializar bebida o a consumirlas.
Tampoco se ha escuchado ninguna recomendación en tal sentido de parte de la Organización Mundial de la Salud ni de los ministerios de Salud del país o la provincia.
Sin embargo, Saravia no está solo. Hace una semana, el intendente Gustavo Solís, de Rosario de la Frontera, dictó la ordenanza ad-referéndum Nro. 4.206/20, por la que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas “entre el 21 al 31 de marzo, con opción a prorrogarlo según el avance o no de la pandemia del coronavirus”.
Prolijamente, Solís establece una multa de 6.000 unidades tributarias para los infractores, y la clausura para los reincidentes. También exige “por lo menos dos carteles que refieran a la presente prohibición, cuyas medidas mínimas serán de 30 cm de ancho por 20 cm de alto, con la siguiente leyenda: Queda prohibida para todos/as la venta de bebidas alcohólicas hasta el 31 de marzo inclusive - s/ordenanza ad-ref 4.206/20”.
Ayer, el intendente metanense José María Issa, considerando que los vecinos no acatan la cuarentena, y que se habrían registrado muchos hechos de violencia entre personas alcoholizadas, anunció su decisión de poner veda a la venta de bebidas. Debería recordar que, hace cien años, la ley seca de Estados Unidos solo generó mafiosos.

Fragilidad social

La pandemia COVID-19 se descargó inesperadamente sobre el mundo y hoy pone en jaque la salud, la economía y la paz social de los argentinos.
Comentaristas de todo el planeta muestran su asombro ante este virus que circula a enorme velocidad, es altamente contagioso y letal para los sectores más vulnerables. No es la peor epidemia de la historia, ni mucho menos, pero esa acelerada multiplicación de casos desborda la capacidad del sistema de salud para contener a personas que llegan en estado grave a los hospitales. Las hipótesis conspirativas, el descreimiento, el desconcierto, se mezclan ahora con el miedo y las polémicas en el aire acerca de los resultados en otros países y los riesgos de la cuarentena. Algunos líderes disonantes decidieron tomar medidas por su cuenta. Así les fue. Donald Trump debió modificar su decisión inicial, que era la de omitir el aislamiento y evitar precauciones, pero era tarde. Hoy hay cien mil estadounidenses infectados y 345 muertos; Jair Bolsonaro, empedernido en sus ocurrencias, ya cuenta con casi cien brasileños muertos, pero sigue convocando a la gente a movilizarse. El mexicano López Obrador actúa con la misma irresponsabilidad mientras que el primer ministro inglés, Boris Johnson, que impulsaba el contagio masivo para aumentar la inmunidad, hoy está internado, lo mismo que el príncipe Carlos.
Los intendentes de Salta, queriendo parecer severos, también se cortan solos. Y toman medidas represivas y, como tales, irritativas. Y el problema es que la pandemia no solo va a acrecentarse, sino que su secuela económica puede llegar a producir desabastecimiento combinado con desempleo y pobreza. Y para afrontarla hace falta liderazgo y estrategia.
El país y el mundo tienen crisis de liderazgo, no por la pandemia, sino por la improvisación de los políticos. En general, muy pocos llegan al poder con visión de Estado. Y lo que empiezan a destacar intelectuales como Noah Harari e Ignacio Morgado Bernal es que la pandemia ha vuelto a colocar a la ciencia como fuente de conocimiento. Y recomiendan frente al coronavirus mantener la calma, no obsesionarse, saber cuidarnos y respetar los consejos de las autoridades competentes.
Otro intendente, el de Campo Quijano, Carlos Folloni, impidió que un grupo de argentinos repatriados en Perú fueran alojados para la cuarentena en un hotel de Las Lomitas. La pregunta es: ¿puede tener un intendente facultades discriminatorias? Claramente, no puede tenerlas.
Hoy el país está en alerta, encolumnado en una medida extraña como la cuarentena, preocupado por los resultados finales, sanitarios y económicos, y bombardeado por les escépticos. Pero es un país indisciplinado y necesita liderazgos serios.
Los intendentes deberían sacar experiencia de la histórica “ley seca” que rigió en Estados Unidos en los años 20. La prohibición que no acabó con el alcohol, y fue un fracaso que solo generó violencia. Y se pagó muy caro, en costos de vidas perdidas en las guerras entre mafiosos. Cualquier medida que se tome debe estar coordinada con la estrategia global. Si eso no ocurre, si cada cual hace lo que le parece, las consecuencias serán peores.

 
 

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