Irene Cari fue detenida ayer "de manera prepotente y únicamente por policías varones, no había ninguna mujer" en la puerta de su casa en el barrio Limache. Efectivos de la subcomisaría de esa barriada recibieron la orden de detención por parte del juzgado interviniente, "se la llevaron por la fuerza, sin motivos", dijo su hija. Según fuentes consultadas por El Tribuno, fue la policía quien trasladó los argumentos a la funcionaria judicial. Para los de azul, Irene no estaba cuidando la situación de vulnerabilidad de una adolescente, sino que incurrió en "desobediencia judicial".
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Irene Cari fue detenida ayer "de manera prepotente y únicamente por policías varones, no había ninguna mujer" en la puerta de su casa en el barrio Limache. Efectivos de la subcomisaría de esa barriada recibieron la orden de detención por parte del juzgado interviniente, "se la llevaron por la fuerza, sin motivos", dijo su hija. Según fuentes consultadas por El Tribuno, fue la policía quien trasladó los argumentos a la funcionaria judicial. Para los de azul, Irene no estaba cuidando la situación de vulnerabilidad de una adolescente, sino que incurrió en "desobediencia judicial".
La noche previa a su detención, Cari ni bien se puso en contacto con la menor alertó al 911. Luego se trasladó hasta la subcomisaría de Limache "donde no me quisieron recibir la denuncia porque no había un oficial, en un patrullero me llevaron a la comisaría de Villa Palacios", contó la mujer quien al cabo de algunas horas fue sacada de la dependencia policial para quedar arrestada en su casa.
"En Palacios tampoco me quería tomar la denuncia porque según el oficial Raúl Ricardo Ruiz ya había una denuncia y debía restituir a la joven. Me puse como loca porque necesitaba denunciar el hecho para cuidarla, llamé a la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Mariana Reyes, y le expliqué la situación", apuntó Cari.
La funcionaria de DDHH habló con el oficial para que recibiera la denuncia, "pasaron más de dos horas y seguíamos discutiendo con ese oficial porque quería poner lo que se le antojó y no lo que realmente denunciaba".
Luego "me querían obligar a subir a un móvil para que les dijera dónde estaba la menor, también que firmara una notificación de la jueza de menores para que les entregara a la niña. Les dije que después de las experiencias nefastas que teníamos no la iba a dejar a la menor y menos a esa hora, eran más de las dos de la mañana". La dirigente señaló que la amenazaron con incurrir en "desobediencia judicial", carátula con la que finalmente fue detenida ayer. La joven escapó del lugar donde estaba en horas de la tarde, en ese momento nadie alertó para activar el protocolo de búsqueda. Irene la cobijó y contuvo pero sin embargo las fuerzas policiales se hicieron eco de las facultades que el contexto social por el coronavirus les adjudicó a la hora de detener a una persona, en este caso a una dirigente social que denunció el hecho desde un primer momento e incluso se puso en contacto con una funcionaria provincial.
“Estamos orgullosas de Irene”
La situación de la adolescente es uno de otros casos similares que Cynthia Vuistaz Martínez viene denunciando desde hace tiempo. Respecto a lo ocurrido ayer con Irene Cari, la docente de Tartagal sostuvo : “No es más que una cortina para tapar todo lo mal que vienen trabajando en los organismos encargados de velar por la contención de los jóvenes”, le dijo a El Tribuno la docente.
“Todas las mujeres estamos orgullosas de Irene porque lo único que hizo fue querer defender y salvar a una niña”, agregó la mujer integrante del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta. Cynthia Vuistaz denunció el año pasado a dos funcionarias del Ministerio de la Primera Infancia: Graciela Marañón, “en el cargo de jefa de Programa de Gestión y Supervisión Sistemas Alternativos, en la Dirección General de Niñez y Familia”; y a la licenciada Ana Gloria Pastrana, “jefa de Programas Centros de Desarrollo, Fuera de Escalafón de la Secretaría de la Niñez y la Familia”, acusadas por “incumplimiento de los deberes de funcionarias públicas”.
“El Albergue Estudiantil Nativa de Tartagal tenía la función de contener a jóvenes aborígenes que venían para terminar el secundario, eran tres casas con partidas propias. Estas funcionarias ordenaron la refuncionalización para que sea una residencia para adolescentes con medidas excepcionales del Estado, sin tener en cuenta las condiciones edilicias como la falta de aires acondicionados, el mal estado de la instalación eléctrica, de la red cloacal, la falta de espacio para recreación y sin normas de seguridad en un lugar con jóvenes con diferentes problemáticas”, sostuvo en su denuncia, entre otras acusaciones más graves.