El gobernador Gustavo Sáenz, cumpliendo una promesa de campaña, propuso la reforma de la Constitución salteña. Está entre sus facultades, más para que esa facultad sea legítima deberá señalar para qué y el porqué de la reforma, y el fundamento; es decir, debe informar en qué beneficiará a la sociedad cada una de las cuestiones que propone reformar.
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El gobernador Gustavo Sáenz, cumpliendo una promesa de campaña, propuso la reforma de la Constitución salteña. Está entre sus facultades, más para que esa facultad sea legítima deberá señalar para qué y el porqué de la reforma, y el fundamento; es decir, debe informar en qué beneficiará a la sociedad cada una de las cuestiones que propone reformar.
La sociedad está ocupada ahora por cuestiones que nos dirán que son coyunturales, pero son reales y dramática: una pandemia con hospitales sin mantenimiento. Una educación retrasada en cuanto a lo que requieren los alumnos, el desempleo, y una sociedad cada vez más especializada, poco inclusiva con los que menos tienen. Una Salta atravesada por la violencia social y, particularmente, la violencia de género.
El proyecto se limita a temas institucionales, como los de acotar la duración de los mandatos del gobernador, senadores, diputados, intendentes y concejales, y redefinir los de los miembros de la Corte de Justicia. Y a modificar la Auditoría General de la Provincia en materia de autoridades, no en cuanto a sus funciones.
¿Cuáles son las razones para tan escueta reforma constitucional? ¿Basta como fundamento el cumplimiento de una promesa electoral?
Hay temas esenciales del constitucionalismo moderno que no pueden estar ausentes, como adecuar la Escuela de la Magistratura a los requerimientos reales de una sociedad que ve al Poder Judicial como un enemigo (y no un garante) de lo que es justo; sobre el Ministerio Público y las Defensorías; sobre las facultades municipales, sobre los Jueces de Paz, procurando una mejor justicia de cercanía.
Nos quedamos en lo que, siendo importante, pero no es la médula de una Constitución.
Es verdad que es necesario establecer que los gobernadores e intendentes deben tener solo una posibilidad de reelección, pero ¿puede ser este el único problema a resolver acerca del funcionamiento del Poder Ejecutivo? Es la pregunta.
Otra Justicia
El año pasado se habló mucho de la reforma del Poder Judicial, pero existe la sensación de que todo se ciñe a dar "estabilidad a los miembros de la Corte", y no a dar respuesta a la necesidad de una Justicia justa.
Porque cuando se habla acerca de las rémoras de la Justicia, se habla de retardo de los trámites, de falta de dedicación, de las ferias, el no pago de impuesto a las ganancias, por la falta de respeto a los derechos humanos. Probablemente sea por todas y cada una de estas cuestiones que vivimos una época en que la sociedad le requiere respuestas rápidas, y justas al poder judicial.
Rápida, porque si no se investiga y se castiga oportunamente, o no se soluciona el conflicto rápidamente, no existe justicia.
Y justa, porque puede haber sentencia, pero la sociedad no la siente justa. O sea, que ya sea las normas o los procedimientos, lo que se hace no es ajustado a los requerimientos sociales.
Así como se habló de un "constitucionalismo social", cuando se incorporaron los derechos laborales y el derecho a la vivienda, ahora estamos viviendo en tiempo de que todos los derechos públicos y privados tienen base constitucional.
Los derechos humanos han sido incorporados en la Constitución. La participación ciudadana es norma en muchas actividades, la protección del ambiente y los derechos de las comunidades indígenas.
Esta participación es exigida como requisito para la validez de muchas acciones públicas y privadas; para que sea verdadera y tangible, tiene que ser informada, debe capacitarse a la sociedad para que comprenda de qué se trata y pueda opinar fundadamente.
Esto hace a la transparencia. ¿No sería necesario incorporarlo a la Constitución?
La formación del juez
Lo primero que nos encontramos es con la Independencia del Poder Judicial, e independencia de los jueces.
¿Qué significa esto?
Que el Poder Judicial dispone su propio presupuesto y lo administra. Son imprescindibles la transparencia, la equidad, la razonabilidad, y debe responder a un plan estratégico que como Poder se haya propuesto para la gestión el poder judicial. Y debe haber un control externo del cumplimiento de esos objetivos, de la gestión y de los resultados. La transparencia exige que no haya gastos ocultos que no se puedan o deban informar.
La independencia de los jueces nos remite a un código de ética, que debe ser conocido por todo el Poder judicial y por los abogados, y también a la efectiva observación de sus preceptos en la práctica y de las sanciones frente a los incumplimientos.
Ese código debería ser conocido por la sociedad y presente en la Escuela de la Magistratura. Porque "ética" es también la exigencia de capacitación, estudio, compromiso, trabajo, actualización, conocimiento de la sociedad a la que se debe el magistrado y e funcionario y para la que va a dictar justicia.
Si bien la Constitución habilita a jueces al ejercicio de la docencia, esto requiere condiciones éticas -y educativas - . Hace poco en una disertación en la Ucasal, un distinguido profesor señaló que hay jueces que tienen en sus manos importantes causas sin resolver, y mientras tanto están dictando clases y conferencias.
Han cambiado los tiempos. Ya no faltan abogados capacitados, lo que ameritaba aquella norma. Ahora los magistrados deben dedicarse en primer lugar a su función como tales. Deben ellos capacitarse para dictar las mejores sentencias, las más justas, y en tiempos razonables.
Para ser ministro de la Corte la Constitución exige diez años de profesión y 30 de edad. ¿Son suficientes estos requisitos para el más alto cargo de la Justicia? ¿No dicta el sentido común que se requiere experiencia, compromiso con la sociedad, coherencia capacidad, capacitación en los nuevos derechos, demostrar valores morales, jurídicos y sociales, ecuanimidad, serenidad, templanza?
Ese tema, según el acotado proyecto de reforma, no se analizará.
Las atribuciones
La Corte tiene la superintendencia del Poder Judicial, y creo que eso debe mantenerse. Hay que mirar lo que pasa a nivel nacional, pues sacar la superintendencia y la administración de la Corte y dársela al Consejo de la Magistratura no ha resultado la mejor solución.
Todo debe modernizarse y la mejor evaluación será la de los justiciables y de los auxiliares de la Justicia.
Debe actualizarse la normativa y la Sindicatura debería realizar auditoría de gestión y de resultados. Y someterse a un control externo sobre las mismas cuestiones. La cabeza del poder debe conocer lo que piensa la sociedad del poder judicial, cuáles son las quejas y cuáles son los requerimientos, para mejorarlo.
La Magistratura
El Consejo de la Magistratura debería estar integrado por la academia, y, para no caer en la trampa, las universidades públicas de otras provincias y representantes de la sociedad, algunos elegidos por las ONG especializadas y otros en elecciones generales. No deberían participar del Consejo políticos, legisladores ni funcionarios.
Es imprescindible preparar a los consejeros para que comprendan que en el Consejo se eligen magistrados y que los postulantes no están rindiendo la carrera de grado de la Universidad. Están postulándose para un cargo de gran importancia para la dignidad y la calidad de vida de la gente, es decir, la tarea de impartir justicia.
El cargo de juez no es para amigos, sino para personas justas.
¿Por qué la Constituyente no va a abordar una cuestión candente, como es la calidad en la selección de los jueces?
No debe convertirse a la Escuela de la Magistratura en una organización que compita con las universidades. Debe formar en la ética, los procedimientos, los valores sociales, la capacitación permanente, de empleados, funcionarios y magistrados para las funciones que se les encomienda.
Reforma en serio
Por todo eso es que creo que debe reformarse la Constitución, para dar más certeza a los ciudadanos, y más seguridad sobre el cumplimiento de las normas. Se propone una reforma parcial. Reitero todos debemos reflexionar sobre si esta reforma no debería tratar los temas que hoy preocupan a la sociedad, y tener bien claro el porqué y el para qué, y a quienes beneficiará la reforma.
Si se deja la sensación de que se privilegia a algunos y se desoye a la mayoría, esto significará dar la espalda a una sociedad que confió en la promesa. Espero que estos temas, y muchos otros, sean analizados uno por uno, mirando a la sociedad en su conjunto. Y que la reforma signifique mayor protección de los ciudadanos.