La Nación podría gastar este año hasta un 54% más de lo que recaude, por la pandemia de COVID-19 y la consecuente paralización económica, que tendrá una gradual recuperación de actividades hasta septiembre inclusive, según el escenario más probable que analizó la consultora Ficonomics.
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La Nación podría gastar este año hasta un 54% más de lo que recaude, por la pandemia de COVID-19 y la consecuente paralización económica, que tendrá una gradual recuperación de actividades hasta septiembre inclusive, según el escenario más probable que analizó la consultora Ficonomics.
De acuerdo con las previsiones técnicas, por la ampliación del gasto público y la merma en la recaudación el país podría cerrar el año con un déficit fiscal primario de casi $1,53 billones (5,4% del PBI), un nivel que no se observaba desde fines de los ’80.
Con la incorporación del gasto en intereses de deuda -estimado como valor constante en términos de PBI respecto de 2019 y sin una variación abrupta del tipo de cambio oficial- el resultado financiero negativo alcanzaría unos $2,52 billones (9% del PBI).
Ficonomics advirtió que, ante la magnitud del rojo financiero, el tamaño de la emisión requerida podría llevar los desbalances a un nuevo y peligroso desequilibrio, ya que el país podría estar a fin de año frente a un crecimiento del 83% en la base monetaria, en relación con diciembre de 2019.
El año, aunque se alcance un pleno funcionamiento de la economía en los próximos cuatro meses, cerraría con un derrumbe anual de hasta 11,5% en la economía, porque se añadirían 10 puntos de baja al 1,5% previsto en el relevamiento de expectativas macroeconómicas del Banco Central de enero último.
La recaudación, con el esquema tributario actual sin modificaciones- podría caer hasta un 18,1%, lo que significaría $1,04 billones menos en las arcas nacionales. Se estiman mermas del 11,3% en los ingresos por Ganancias, del 17% en el IVA y los impuestos al trabajo y del 28% en los gravámenes al comercio exterior y la compra de moneda extranjera.
Por otro lado, las medidas expansivas adoptadas por el gobierno nacional añadirían $394.900 millones al gasto público. El Ingreso Familiar de Emergencia, con el que se asistirá a cerca de 7,85 millones de personas con $10.000 (en principio durante dos meses) implicará $157.000 millones extras.
Además, la administración central deberá financiar a las provincias y municipios a través de transferencias corrientes, ya que los ingresos de estas jurisdicciones se verán igual o más impactadas que los nacionales. En su análisis, la consultora calculó que las transferencias rondarán en 145.000 millones (un 3% del gasto total consolidado de las provincias). A medida que la inflación aumente, la probabilidad de un incremento del gasto en subsidios a la energía y el transporte será mayor. Según proyecciones de Ficonomics, los subsidios económicos a hogares y empresas afectados sumarían $183.000 millones al gasto.
LAS OPINIONES
Cuidar la salud por sobre todas las cosas
Por Jorge Paz economista
Hoy enfrentamos una crisis de salud que va a traer consecuencias económicas. ¿Tiene sentido compararlas con las de otras crisis de origen más bien económico?
En lo económico, el problema del COVID-19 proviene, por un lado, del aislamiento obligatorio y, por otro, de las presiones fiscales por la necesidad de protección social adicional.
El aislamiento implica un desplome de la demanda agregada vía el consumo y la inversión. Las empresas venden menos y muchas probablemente quiebren. He aquí una semejanza con otras crisis.
Esto último implica una reducción de los niveles de empleo y una pobreza más alta. La pobreza más elevada aumenta la demanda de protección social, la que depende, básicamente, del Estado, tanto nacional como provincial. El financiamiento de esa protección genera tensiones fiscales adicionales a las que ya tenían los Estados, tanto por endeudamiento previo, como por necesidades cotidianas de protección social. Cubrir esto con emisión monetaria genera a su vez presiones inflacionarias que ponen en riesgos las metas de inflación previstas para este año. Situación complicada pero conocida. Hay que tener en cuenta que el comportamiento normal poscrisis es la de un rebote muy fuerte. Así como la actividad económica se desplomó por efecto de la cuarentena obligatoria (necesaria y pertinente), el producto experimentará un fuerte incremento en la medida en que todo vuelva a su cauce normal.
Por eso está bien poner énfasis sobre la salud de la población. Un golpe sanitario puede generar pérdida de capital humano y, con ello, problemas económicos de largo plazo, los que son de mucho más difícil e incierta resolución.
El sistema de protección social marca diferencias
Por Carla Arévalo, economista
Tras la crisis de 2001 la pobreza llegó a un máximo histórico de 54,3% en 2002. Actualmente, alcanza al 35,5% de los argentinos.
Para llegar al escenario de 2001, la pobreza debería aumentar 52%, equivalente a una variación negativa de la actividad de 30% (investigadores del Ielde han estimado que una caída de 1% del producto significa un aumento de 1,7% en la pobreza). Considerando el pronóstico de variación negativa del FMI, de -5,7% en el 2020, para alcanzar los niveles de 2002 la actividad debería caer de manera sostenida durante por lo menos 2 años.
Los escenarios de 2001 y 2020 son completamente disímiles en cuanto a la capacidad de cobertura del sistema de Protección Social. En 2002, como medida de contención tras el colapso, se implementó el conocido programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Para ese momento, ya todo había decantado y se intentó con esta medida proteger a los sectores más afectados.
Actualmente, el sistema de protección social tiene una amplia cobertura. Las niñas y niños que no gozan de una asignación familiar porque sus padres no cuentan con trabajo registrado, ya sea porque trabajan en el sector informal o porque están desocupados, se ven protegidos con una Asignación Universal por Hijo.
Este junto con otros programas alcanzan a aproximadamente el 60% de las personas con bajos ingresos y al 70% de las niñas y niños en esos hogares. Por otro lado, contando programas sociales y jubilación, las personas mayores de bajos ingresos tienen una cobertura prácticamente universal (91,2%).
Se debe trabajar en un plan coherente
Por Carlos Zapata, diputado
La pandemia que vivimos produce efectos en la economía que es necesario analizar para elaborar la estrategia del día después. El paro de la economía amenaza el nivel de empleo, la subsistencia de muchas empresas y el PBI. Se debe trabajar en un plan coherente para lograr una rápida recuperación. En nuestra provincia, la actividad agropecuaria es la que puede recuperarse en un plazo corto, una cosecha. Para que esto resulte factible se debe trabajar en revertir las regulaciones que desalientan la inversión y la producción. La altísima presión fiscal existente, sumada a la amenaza de la creación de nuevos impuestos, condicionan la actividad.
Entre los cultivos con mayor incidencia se encuentran el tabaco y los granos y oleaginosas. El tabaco casi terminó la cosecha; la falta de determinación de precio de acopio y los retrasos en el Fondo del Tabaco afectan la decisión para la próxima campaña. Este cultivo genera mucho empleo y mueve la economía del Valle de Lerma. Los granos y oleaginosas comenzaron con la cosecha, pero el incremento de retenciones
y los rindes por debajo de lo normal, junto a la amenaza de nuevos impuestos, afectará la decisión de siembra. Por otra parte, el costo de financiación debe ser razonable. La existencia de tasas activas
elevadas se puede transformar, al igual que en el pasado, en un mecanismo de transferencia de capital del sector productivo al sector financiero. Será sumamente importante el funcionamiento de las instituciones, y la participación de todos los sectores políticos en esta etapa. Los gobernantes con herramientas de bolsillo no son una opción.
Marcadas diferencias con la crisis de 2001
Por Julio Moreno, diputado
En la comparación de la economía actual con la de 2001 hay diferencias y similitudes. La inflación fue y es un factor más que preocupante, porque cada vez más personas están por debajo de la línea de pobreza.
Ambas crisis también tienen en común un contexto recesivo de fuerte freno al crecimiento económico.
En 2001 no teníamos precios de nuestra producción en condiciones de competir. La cotización del dólar hoy sigue a la inflación.
En octubre de 2001 los niveles de desempleo treparon al 18,3%. Con la actual crisis, por la incertidumbre que planeta la pandemia de COVID-19, no sabemos a cuánto llegarán.
Como se recordará, la ley de convertibilidad convertía un peso en un dólar. Esa paridad funcionó inicialmente por las divisas que ingresaron por la privatización de empresas, pero después se tornó inmanejable por la falta de dólares. Hoy tenemos una moneda única sin ataduras a ninguna otra.
En el marco de la convertibilidad los bancos otorgaban préstamos en dólares y el 83% de la cartera de depósitos estaba dolarizada. Existió una significativa salida de depósitos, que tuvieron que llegar al conocido corralito y posteriormente al corralón que limitaba la salida de depósitos especialmente de dólares. Hoy los depósitos en pesos y dólares están garantizados. Otra marcada diferencia está dada por la crisis política que acompañó al derrumbe de la convertibilidad. Además, hoy se está renegociando la deuda soberana sin haber entrado en default.
No es el mismo escenario a pesar de haber varias coincidencia que no son determinantes para llegar a la hiperinflación.