Con respecto de la propuesta que impulsa la figura del viceintendente, como parte de la reforma constitucional, la iniciativa también despierta polémica. Para el diputado Carlos Zapata no solo no es necesario, sino que cree que podría haber un intendente departamental y delegados municipales, para reducir la estructura.
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Con respecto de la propuesta que impulsa la figura del viceintendente, como parte de la reforma constitucional, la iniciativa también despierta polémica. Para el diputado Carlos Zapata no solo no es necesario, sino que cree que podría haber un intendente departamental y delegados municipales, para reducir la estructura.
"Incorporar un viceintendente me parece que es abultar cargos. Yo me planteo por qué crear más órganos que debe sostener el contribuyente", dijo el legislador. "Sería mejor que haya un intendente departamental y, en cada municipio, un delegado de esa intendencia general. Bajaríamos costos y se mejoraría la administración", agregó.
El presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, también cuestionó la medida, aunque por otras razones. "La figura del viceintendente no me parece, porque para esa función ya está el presidente del Concejo Deliberante", manifestó y señaló que "sería como descalificar al titular del Concejo".
Al respecto, el secretario general de la Gobernación Matías Posadas consideró que el cambio le daría "mucha institucionalidad al ámbito municipal".
"El régimen municipal en nuestra provincia no había tenido modificaciones importantes en los últimos 30 años y ha cambiado muchísimo la posibilidad de respuesta y organización de los municipios", afirmó Posadas.
“Usar una reforma constitucional para hacer vitalicios a los jueces no es lo correcto”. (Carlos Zapata)
El secretario general de la Gobernación resaltó también la iniciativa de extender de dos a cuatro años el mandato de los concejales, limitándolos también a dos gestiones consecutivas como máximo.
"La posibilidad de que los concejales no se elijan cada dos años sino cada cuatro, lo mismo que la elección de delegados municipales o la ampliación del número de habitantes para constituir un municipio son demandas que han sido profundamente debatidas en estos años", recordó.
En esa misma línea, Moreno coincidió en la necesidad de ampliar el período de los concejales. "En un año aprenden y, en el segundo empiezan a hacer campaña para su elección de nuevo. Me parece más coherente que tengan cuatro años".
En contraposición se manifestó Zapata. Cuestionó la idea de que necesiten más tiempo porque se les vence el mandato "cuando están aprendiendo" a trabajar. "Para los cargos públicos hay que elegir a personas idóneas, no ignorantes", y dijo que esa es "la única condición que establece la Constitución".
"Si hay un concejal que aceptó una candidatura para desempeñarse como tal y argumenta que está aprendiendo, está mal. Uno puede aprender quizás la formalidad, pero el concepto, las reglas del derecho constitucional, la interpretación de las distintas cláusulas de la Carta Orgánica, la habilidad para entender y aplicar y poder encuadrar las cosas en el derecho administrativo deben ser un conocimiento previo".
Zapata aseguró que los concejales no pueden llegar al cargo a tomar clases de Derecho Constitucional, Administrativo o de la Carta Orgánica.
"Se podrá hacer un pequeño curso en cuanto al rito de la sesión o el reglamento, pero nada más. Porque, si no, tenemos que decir que estamos eligiendo gente ignorante para manejar la ciudad y después a la ignorancia la queremos prorrogar", sentenció el diputado opositor.
El control de los actos de gobierno
Matías Posadas destacó la importancia de los cambios que plantea el Ejecutivo para el control de las acciones de Gobierno. “Una demanda de hace mucho tiempo es que la Auditoría sea presidida por la oposición, eso está plasmado en el proyecto”, resaltó.
Sin embargo, para Carlos Zapata esta propuesta no ofrece ninguna solución. “No se puede llamar auditoría si el trabajo no está hecho por un profesional independiente”, aseveró.
Zapata aseguró que no hace falta modificar la Constitución, sino la Ley 7103 y consideró más conveniente hacer una selección de los auditores mediante un procedimiento organizado por una comisión especial de la Cámara de Diputados, a través de un Tribunal integrado por profesionales de las universidades, más representantes técnicos de los colegios de Abogados y de Ciencias Económicas.