El juez de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, hizo lugar al pedido del fiscal de Salvador Mazza, Armando Cazón, y declaró la incompetencia en la causa del robo de caños del Gasoducto del NEA. En este ámbito provincial estaba la investigación con más elementos sobre la mesa por la millonaria defraudación al Estado nacional, que cobró relevancia en medios de todo el país en las últimas horas y que dio un sacudón dentro de la Justicia.
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El juez de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, hizo lugar al pedido del fiscal de Salvador Mazza, Armando Cazón, y declaró la incompetencia en la causa del robo de caños del Gasoducto del NEA. En este ámbito provincial estaba la investigación con más elementos sobre la mesa por la millonaria defraudación al Estado nacional, que cobró relevancia en medios de todo el país en las últimas horas y que dio un sacudón dentro de la Justicia.
Mariscal Astigueta remitió la causa, que tiene un detenido, un camión y 77 caños secuestrados, al Juzgado Federal de Tartagal. En los próximos días el magistrado Carlos Martínez Frugoni deberá resolver si toma el caso o no.
El saqueo de esa infraestructura, por cierto, se realizó en distintas localidades del norte provincial. Los caños terminaron luego en el mercado negro e incluso se venden como comederos de ganado a un precio irrisorio.
El domingo El Tribuno publicó un informe sobre el giro clave que tenía la investigación del robo de caños del gasoducto en Salvador Mazza, mientras que en el fuero federal de Orán llevaba más de tres meses sin ningún detenido ni imputado. Parte del caso del millonario fraude al Estado lo lleva justamente la fiscalía federal de Orán, a cargo de José Luis Bruno, quien fue blanco de serios cuestionamientos por parte del juez Gustavo Montoya, por su desempeño.
Ante ese escenario, tomó participación el fiscal general Eduardo Villalba. Fuentes judiciales aseguraron a este medio que es inminente la imputación del intendente de Aguaray, Jorge Prado, quien pactó la extracción de caños antes de asumir como jefe comunal, a fines de 2019, con la empresa OSIP SA. Esa maniobra permitió a esa firma mendocina adueñarse de los tubos de 24 pulgadas que adquirió el Estado nacional para la red de gas.
Esta semana hubo avances, tras la publicación de este medio. El martes se concretó un allanamiento en la sede municipal de Aguaray. Gendarmería buscó documentación respaldataria de la autorización que dio Prado. "Acá hay culpables y no están en Aguaray", salió a defenderse el jefe comunal esa agitada jornada.
El 13 de noviembre de 2019, en el paraje El Desemboque, policías de Alto La Sierra detectaron un camión cargado con 14 caños del Gasoducto del NEA y observaron en un camino vecinal otra gran cantidad de tubos acopiados para su transporte. El chofer, de Salvador Mazza, quedó detenido y el equipo fue secuestrado junto a 77 caños de 24 pulgadas. Solo un día después Cazón tomó declaración al chofer, Miguel Angel Cuéllar, en audiencia de imputación por robo calificado.
El 6 de diciembre el detenido de Salvador Mazza amplió su declaración y admitió que había sido contratado para el flete por Dante Rodríguez, de Aguaray, para quien el fiscal pidió ese mismo día la captura. Rodríguez se mantuvo como prófugo hasta el pasado 6 de mayo, cuando fue detenido en el norte salteño por efectivos policiales.
Al día siguiente Cazón le tomó declaración como imputado por robo calificado.
La obra
El Gasoducto del NEA fue proyectado en 2003 para llevar importado desde Bolivia, a través de Salta, a cuatro provincias que aún dependen de garrafas.
Las primeras licitaciones se hicieron en 2007. La obras avanzaron con intermitencias durante el kirchnerismo y terminaron paralizadas en el tramo final de la gestión macrista.
Los caños del gasoducto del NEA de 5.000 dólares son reducidos en el mercado negro por $150.000. También los usan como bebederos de hacienda, alcantarillas y conductos de riego. Se trata de un megafraude contra el Estado nacional. El caso tomó relevancia en todo el país. Sigue en la mira el intendente de Aguaray, quien sería imputado en las próximas horas.
En el decreto por el que se lo declaró de interés nacional en 2007, se previó una inversión total de 1.382 millones de dólares. En la década siguiente el Estado desembolsó casi el doble: US$ 2.300 millones. En los procesos licitatorios participaron varias de las firmas que, en 2018, terminaron implicadas en la causa de los cuadernos.
El tramo salteño desmantelado por los robos era la pieza clave del proyecto, ya que debía canalizar el gas importado desde Bolivia hacia el oeste salteño, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe, para mejorar las condiciones de vida de 3,5 millones de argentinos.