En situaciones de emergencia como la que vivimos en el presente, que además resulta inédita en cuanto a la magnitud del desastre y su generalización, se debe recurrir al conocimiento, la inteligencia y capacidad innovadora de los responsables de gobernar y, principalmente, de los cuerpos legislativos.
Difícilmente serán los punteros políticos, que por disciplina o lealtad llegaron a una banca, quienes han de aportar las ideas para salir de la crisis. Lo más probable es que se trasformen en un obstáculo al proceso de reactivación y recuperación de la economía provincial.
Es utópico creer que la solución puede venir de una sola persona o sector político. El diseño de las medidas y acciones a tomar en la pospandemia deben ser el fruto del aporte colaborativo de todos los actores políticos, económicos y sociales. Ninguna opinión debe ser descartada, como tampoco ninguna idea debe ser desechada por solo considerar que viene de otro sector político o de opinión.
Los verdaderos conductores son los que toman decisiones escuchando a quienes han de sufrir las consecuencias o han de aportar su esfuerzo para lograr los objetivos que sean fijados. Junto a otros diputados de diferentes partidos políticos, hemos considerado necesario escuchar la opinión y conocer el punto de vista de la dirigencia empresaria de distintos sectores de la actividad económica.
El objetivo es transcurrir la crisis y encarar la reactivación sin que se pierdan empresas ni puestos de trabajo.
La paralización de la economía ha alcanzado con diversa intensidad a las distintas ramas de actividad, pero todas han sido afectadas. La caída de ventas, por el cierre obligado del comercio, industrias, empresas de turismo y de otras ramas, derivó en la interrupción de la cadena de pagos, en la imposibilidad de afrontar el pago regular de sueldos, atender vencimientos de facturas de servicios públicos y proveedores. Esto significa que muchas empresas dadoras de empleo se encuentran en una virtual cesación de pagos o están próximas a caer en ella.
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En situaciones de emergencia como la que vivimos en el presente, que además resulta inédita en cuanto a la magnitud del desastre y su generalización, se debe recurrir al conocimiento, la inteligencia y capacidad innovadora de los responsables de gobernar y, principalmente, de los cuerpos legislativos.
Difícilmente serán los punteros políticos, que por disciplina o lealtad llegaron a una banca, quienes han de aportar las ideas para salir de la crisis. Lo más probable es que se trasformen en un obstáculo al proceso de reactivación y recuperación de la economía provincial.
Es utópico creer que la solución puede venir de una sola persona o sector político. El diseño de las medidas y acciones a tomar en la pospandemia deben ser el fruto del aporte colaborativo de todos los actores políticos, económicos y sociales. Ninguna opinión debe ser descartada, como tampoco ninguna idea debe ser desechada por solo considerar que viene de otro sector político o de opinión.
Los verdaderos conductores son los que toman decisiones escuchando a quienes han de sufrir las consecuencias o han de aportar su esfuerzo para lograr los objetivos que sean fijados. Junto a otros diputados de diferentes partidos políticos, hemos considerado necesario escuchar la opinión y conocer el punto de vista de la dirigencia empresaria de distintos sectores de la actividad económica.
El objetivo es transcurrir la crisis y encarar la reactivación sin que se pierdan empresas ni puestos de trabajo.
La paralización de la economía ha alcanzado con diversa intensidad a las distintas ramas de actividad, pero todas han sido afectadas. La caída de ventas, por el cierre obligado del comercio, industrias, empresas de turismo y de otras ramas, derivó en la interrupción de la cadena de pagos, en la imposibilidad de afrontar el pago regular de sueldos, atender vencimientos de facturas de servicios públicos y proveedores. Esto significa que muchas empresas dadoras de empleo se encuentran en una virtual cesación de pagos o están próximas a caer en ella.
Actividad en problemas
Esta situación afecta a todas las empresas sin importar su magnitud, la situación no hace diferencias en el tamaño de la empresa, las abarca a todas. Y las consecuencias de la caída de cualquiera de ellas deben ser evitadas.
Considero que se han venido tomando medidas desde el Gobierno nacional en procura de sostener las empresas y los puestos de trabajo, pero dada la magnitud de la crisis todas las medidas resultan insuficientes.
Desde el Gobierno provincial también deben tomarse medidas para dar contención y posibilidad de continuidad a las empresas y al mantenimiento de empleos, no hay recetas escritas ni probadas, vivimos algo nunca pensado y, por ello, la solución no está en la ortodoxia de las medidas estudiadas por los teóricos de la economía. Es por ello que la solución no estará en una medida en particular, sino en un conjunto de medidas que reclaman la participación activa del Estado, la dirigencia política, el sector empresario, la representación gremial y, fundamentalmente, el sector financiero.
Los dadores de trabajo (las empresas) y los emprendedores individuales necesitan oxígeno financiero para mantenerse vivos. Para ello el Estado debe articular medidas que le posibiliten acceder a financiamiento en condiciones de interés, monto y plazo adecuados a las necesidades de los empresarios.
Las empresas en dificultades, en condiciones normales, tienen obstáculos para ser sujetos de crédito en el sistema financiero. Hoy esas dificultades no son el fruto de acciones propias o individuales, son las consecuencias de la pandemia que vivimos. Esta pandemia ha sido la causa del dictado de normas de aislamiento y paro en la economía con el objeto de crear una barrera defensiva de la salud de los ciudadanos.
El impulso estatal
Por ello, desde el Estado deben dictarse los instrumentos que posibiliten a esas empresas, o unidades económicas, en dificultades tener acceso al crédito.
Una forma directa, que será sometida a tratamiento en la próxima sesión de Diputados, es la creación de un fondo de garantía estatal a conformarse con los ingresos provenientes del arrendamiento de tierras del Estado y, posiblemente, con un porcentaje del canon que percibe la Provincia por la explotación privada de los juegos de azar. No existen argumentos valederos para que los legisladores nieguen la constitución de este fondo. Su ausencia significará la imposibilidad de acceder al financiamiento a muchas empresas y emprendedores. Y empresa que se cierra no se recupera
De esta manera quienes estén en dificultades podrán ser sujetos de crédito al contar con una garantía del Estado. En este punto no debemos pensar en el costo presente sino en el beneficio a futuro derivado del mantenimiento en actividad de la empresas y emprendedores. Seguro que el beneficio será superior al costo presente.
Es este operativo “salvataje” no puede estar ausente el sector financiero, en especial el agente financiero de la provincia, el Banco Macro. Ya en otras situaciones de emergencia la institución financiera habilitó líneas de crédito para asistir a productores afectados por sequía con resultados destacables.
El apoyo crediticio debe tener en cuenta que no puede ser un salvavidas de plomo. Es decir, el monto, la tasa y los plazos de los préstamos de emergencia deben adaptarse a la realidad y no a un cálculo optimista o de condiciones ideales.
En la actualidad existen líneas de créditos que deben ser ampliadas para alcanzar con el auxilio a la mayor cantidad de afectados. Necesariamente debe existir un plazo de gracia acorde al período necesario para alcanzar la nueva normalidad. Se debe tener en cuenta que las empresas auxiliadas deben estar en condiciones de tener un margen bruto que les permita afrontar la cuota del crédito de asistencia pues, de lo contrario, solo tendrá el efecto de postergar la caída y con un daño mayor. El plazo de gracia para atender los vencimientos de capital e intereses se deben ubicar, según la rama de actividad, entre 6 y 12 meses. En cuanto a la tasa de interés, existen líneas con tasa subsidiada, no debe exceder el 12% anual. Insisto, no se debe analizar el costo en base a las condiciones normales, el análisis debe tener en cuenta el beneficio futuro de mantener empresas trabajando, dando trabajo y tributando al Estado.
En general las medidas de rescate se refieren a la mipymes. Deben abarcar a todo aquel que vea en peligro su continuidad y la subsistencia de las fuentes de trabajo.
Ha llegado la hora de trabajar juntos, políticos, empresarios banqueros y ciudadanos. Si hay responsabilidad y compromiso podemos hacer posible el anhelo de salir de esta crisis sin pérdida de empresas y puestos de trabajo.
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