A fines de la semana pasada se demolió una casa céntrica que estaba protegida por ser un bien patrimonial. El inmueble estaba situado en la calle 20 de Febrero 482, entre Leguizamón y Santiago del Estero.
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A fines de la semana pasada se demolió una casa céntrica que estaba protegida por ser un bien patrimonial. El inmueble estaba situado en la calle 20 de Febrero 482, entre Leguizamón y Santiago del Estero.
Por este hecho, el Gobierno de la Ciudad suspendió a una directora general que firmó el pedido de demolición e inició sumario administrativo a un inspector que estuvo a cargo del trámite.
Desde la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico Urbanístico de la Provincia de Salta (Copaups) evalúan iniciar acciones penales contra el propietario y los profesionales que incumplieron la ley N§ 7.418. Esta norma obliga a consultar al organismo y a obtener su autorización para hacer alguna modificación en un inmueble protegido.
Desde el organismo advirtieron, además, que se habrían fraguado documentos.
A partir de 2012, se rechazaron cinco pedidos de demolición de esta casa. Días atrás, en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia por el nuevo coronavirus, se volvió a presentar el expediente, que, según dijeron desde la comuna, "no estaba completo": "La casa tenía protección de la Copaups y no lo declararon".
Desde el municipio reconocieron que hubo un error propio y aseguraron que actuaron rápido. Además de sancionar a los funcionarios responsables, desde el área de Legales pidieron al Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines (Copaipa) que investigue el asunto y a los profesionales del sector privado que intervinieron.
Advirtieron que hay responsabilidades compartidas, porque el dueño de la casa sabía que la propiedad estaba protegida.
Investigación interna
La secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Angulo, refirió que el pedido de demolición entró a la dirección a cargo de la arquitecta Laura Accietto Velarde. Según dijo, ella mandó a hacer la inspección con la documentación pertinente y luego otorgó el permiso de demolición.
"El expediente entró un día. Al día siguiente, hicieron la inspección y al día siguiente estaba demolido", relató. La destrucción habría sido el jueves entre la tarde y la noche.
Angulo pidió colaboración a la Copaups, al Copaipa y al Colegio de Arquitectos de Salta (CAS) por la responsabilidad compartida: "Los profesionales sabían el valor".
Dijo que la subsecretaria de Obras Privadas, Pía Ruiz de los Llanos, investiga el caso en profundidad.
Sin permiso de Copaups
El director vocal de la Copaups, Ignacio Cornejo, contó que ellos se enteraron de la demolición por el reclamo de un arquitecto que en otra ocasión no obtuvo el permiso para hacerlo.
El funcionario aseguró que nadie pidió autorización al organismo para tirar abajo la casa y manifestó que iniciarán acciones penales contra los profesionales y el propietario, que sabían que incumplían la ley N§ 7.418.
En noviembre del año pasado, la vivienda cambio de dueño. En la cédula parcelaria dice que el inmueble está protegido por la norma provincial y que "para cualquier modificación, alteración, demolición y/o construcción deberá solicitarse autorización a la Copaups".
Desde el organismo pedirán a los colegios profesionales que sus tribunales de ética sancionen a quienes intervinieron.
Documentos irregulares
Cornejo dijo que, al parecer, los infractores fraguaron un documento para avanzar con la demolición.
Desde la Copaups buscarán evitar que avancen obras en el predio y obligar al propietario a restituir el inmueble. Si bien no se recuperará el valor patrimonial, el dueño deberá reconstruir la fachada, como mínimo.
La vivienda que se demolió tenía interés patrimonial por lo que aportaba al contexto. En este inmueble se podría haber construido un edificio de departamentos, conservando la fachada y algunas partes de su interior.
Cornejo aclaró que la Municipalidad tiene el mismo listado de bienes patrimoniales que la Copaups.
"Que no vuelva a pasar"
El presidente del CAS, Pablo Romero, manifestó que durante los próximos días recabarán información para ver si hay que aplicar alguna sanción a algún arquitecto interviniente. "Vamos a trabajar con las autoridades para que esto no vuelva a suceder", aseguró.
"Siempre pregonamos desde el colegio el cumplimiento de todas las normas y las leyes. Estamos en contra de que haya pasado esto. De a poco se destruye el patrimonio arquitectónico de la ciudad, que es tan rico en diversas construcciones", expresó.
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