A medida que transcurren los días, en Salta se va verificando que no existe circulación comunitaria del COVID-19, y una sensación de tranquilidad y alivio pareciera estar creciendo entre los pobladores de nuestra provincia. Ese alivio y tranquilidad es solo aparente para una gran cantidad de salteños que está viendo cómo su fuente de ingresos, día a día, se encuentra camino a la desaparición.
Los efectos económicos negativos del aislamiento no hacen distinción ni en la magnitud ni en la actividad ni en la localización de la empresas y emprendimientos.
En la economía, en general, se ha generalizado la ruptura de la cadena de pago y en las empresas, en particular, representa la entrada en un virtual estado de cesación de pagos. Esto no puede ser atribuido a los empresarios ni a la sociedad ni al estado. Es un caso de fuerza mayor no imputable a nadie,
La preocupación imperante en todas las ramas de la actividad económica es muy grande y no deja dormir a muchos trabajadores y dadores de trabajo.
La crisis afecta con diferente intensidad a las distintas empresas. Existen ramas de actividad que obtuvieron luz verde para volver a trabajar, luego de haber obtenido la aprobación del “protocolo” para su funcionamiento. En la mayoría que soñaban con recuperar su actividad a niveles cercanos a los de la etapa pre-pandemia, las expectativas se fueron diluyendo con el transcurrir de los días. Si se analizan las causas de esto se puede ver que algunos hábitos de la población sufrieron cambios, por el temor y otros factores, pero también se está comprobando que existen muchas actividades cuya prosperidad depende de otras por ello, a pesar de haber reanudado actividades, la perspectiva de recuperación no se presenta como se la esperaba.
Un caso es el de las estaciones de servicio, que estuvieron exentas del cierre obligatorio, concebidas para un determinado nivel de ventas, adecuado a un estudio de mercado, que demanda una estructura en personal la que genera salarios que deben ser absorbidos con el margen bruto de las operaciones. Al no alcanzar esas operaciones los niveles planeados, tienen quebrantos y con el transcurso del tiempo su capital de trabajo empezó a reducirse en forma significativa.
En otros rubros, que sí estuvieron paralizados, no se trabajó entonces no hubo ventas, no hubo ingresos que permitieran afrontar el pago de las obligaciones derivadas del devengamiento de los “costos fijos”, sueldos, alquileres y servicios públicos como luz, gas y agua.
Se han ensayado medidas paliativas para ayudar a la supervivencia de empresas y fuentes de trabajo. La Nación ha dictado y ha puesto en funcionamiento una batería de medidas, pero, en esta situación, “todo es poco”.
La provincia, que viene de una administración ineficiente, no está en condiciones de crear mecanismos de ayuda directos porque carece de solvencia, no hay presupuesto, tiene vencimientos de deuda y negoció una pauta de ajuste salarial que supera ampliamente la inflación. Tiene pocos recursos y un gasto corriente que crece por encima de la inflación y es inelástico, poco se puede hacer para moderarlo.
Desde distintos sectores se ha procurado hacer aportes de ideas para generar ayudas a la continuidad de los puestos de trabajo y empresas. Desde la creación de un fondo de garantías para respaldar créditos al sector privado, pasando por subsidios modestos a la tasa de interés en las líneas de crédito en funcionamiento, pero todo ello resulta poco.
Hay ideas puestas en práctica en otras provincias como Córdoba, que a fin de facilitar el acceso al crédito, por parte de los empresarios pyme, han autorizado al Ejecutivo provincial a otorgar avales gratuitos a los mismos. Se han flexibilizado exigencias al momento de confeccionar las carpetas de crédito y otras acciones que no representan un sacrificio de fondos inmediato, pero ayuda a los necesitados.
Los servicios son prestados por privados a los cuales el Estado le dio la concesión para la explotación y prestación de tales servicios. En situaciones como la que vivimos, estas empresas prestadoras deben realizar su sacrificio también. En este punto es importante que el Estado provincial por intermedio del Ministerio de Economía y Servicios Públicos haga las gestiones para que el costo de las facturas de los meses de paro de la economía sea financiada con un plazo razonable de gracia, 6 meses mínimo, y en cuotas durante un periodo no inferior a un año. El tesoro provincial debe subsidiar la tasa de interés o las empresas proceder a su condonación.
Todo esfuerzo para mantener en actividad las empresas no será en vano. Se mantendrán miles de puestos de trabajo y empresas que contribuyen al mantenimiento del Estado.
Resulta extraño para muchos de los ciudadanos, que viven con angustia esta etapa de desmoronamiento de sus ilusiones y su fuente de ingresos, que no hace mucho el Gobierno de la Provincia haya dictado una ley de moratoria y “jubileo” para deudores de tributos y, de todo tipo de obligaciones dinerarias para con el estado, que no excluyeron a aquellos que incurrieron en conductas tipificadas como “defraudación fiscal”, por ejemplo los emisores de facturas apócrifas en la causa que se investiga en la Justicia federal por hechos cometidos en la Municipalidad de Salta. Mientras a los evasores con conductas dolosas se los ayuda a los que pagaron religiosamente sus impuestos ahora, que están en dificultades, no son objeto de la ayuda que necesitan en la cantidad y magnitud mínima para dar viabilidad a la subsistencia.
Asimismo, pareciera que hay una doble vara, los empleados del Estado cobran sus sueldos y los empleados de las empresas que vienen aportando al mantenimiento del Estado con sus impuestos están en riesgo de perder su trabajo.
inicia sesión o regístrate.
A medida que transcurren los días, en Salta se va verificando que no existe circulación comunitaria del COVID-19, y una sensación de tranquilidad y alivio pareciera estar creciendo entre los pobladores de nuestra provincia. Ese alivio y tranquilidad es solo aparente para una gran cantidad de salteños que está viendo cómo su fuente de ingresos, día a día, se encuentra camino a la desaparición.
Los efectos económicos negativos del aislamiento no hacen distinción ni en la magnitud ni en la actividad ni en la localización de la empresas y emprendimientos.
En la economía, en general, se ha generalizado la ruptura de la cadena de pago y en las empresas, en particular, representa la entrada en un virtual estado de cesación de pagos. Esto no puede ser atribuido a los empresarios ni a la sociedad ni al estado. Es un caso de fuerza mayor no imputable a nadie,
La preocupación imperante en todas las ramas de la actividad económica es muy grande y no deja dormir a muchos trabajadores y dadores de trabajo.
La crisis afecta con diferente intensidad a las distintas empresas. Existen ramas de actividad que obtuvieron luz verde para volver a trabajar, luego de haber obtenido la aprobación del “protocolo” para su funcionamiento. En la mayoría que soñaban con recuperar su actividad a niveles cercanos a los de la etapa pre-pandemia, las expectativas se fueron diluyendo con el transcurrir de los días. Si se analizan las causas de esto se puede ver que algunos hábitos de la población sufrieron cambios, por el temor y otros factores, pero también se está comprobando que existen muchas actividades cuya prosperidad depende de otras por ello, a pesar de haber reanudado actividades, la perspectiva de recuperación no se presenta como se la esperaba.
Un caso es el de las estaciones de servicio, que estuvieron exentas del cierre obligatorio, concebidas para un determinado nivel de ventas, adecuado a un estudio de mercado, que demanda una estructura en personal la que genera salarios que deben ser absorbidos con el margen bruto de las operaciones. Al no alcanzar esas operaciones los niveles planeados, tienen quebrantos y con el transcurso del tiempo su capital de trabajo empezó a reducirse en forma significativa.
En otros rubros, que sí estuvieron paralizados, no se trabajó entonces no hubo ventas, no hubo ingresos que permitieran afrontar el pago de las obligaciones derivadas del devengamiento de los “costos fijos”, sueldos, alquileres y servicios públicos como luz, gas y agua.
Se han ensayado medidas paliativas para ayudar a la supervivencia de empresas y fuentes de trabajo. La Nación ha dictado y ha puesto en funcionamiento una batería de medidas, pero, en esta situación, “todo es poco”.
La provincia, que viene de una administración ineficiente, no está en condiciones de crear mecanismos de ayuda directos porque carece de solvencia, no hay presupuesto, tiene vencimientos de deuda y negoció una pauta de ajuste salarial que supera ampliamente la inflación. Tiene pocos recursos y un gasto corriente que crece por encima de la inflación y es inelástico, poco se puede hacer para moderarlo.
Desde distintos sectores se ha procurado hacer aportes de ideas para generar ayudas a la continuidad de los puestos de trabajo y empresas. Desde la creación de un fondo de garantías para respaldar créditos al sector privado, pasando por subsidios modestos a la tasa de interés en las líneas de crédito en funcionamiento, pero todo ello resulta poco.
Hay ideas puestas en práctica en otras provincias como Córdoba, que a fin de facilitar el acceso al crédito, por parte de los empresarios pyme, han autorizado al Ejecutivo provincial a otorgar avales gratuitos a los mismos. Se han flexibilizado exigencias al momento de confeccionar las carpetas de crédito y otras acciones que no representan un sacrificio de fondos inmediato, pero ayuda a los necesitados.
Los servicios son prestados por privados a los cuales el Estado le dio la concesión para la explotación y prestación de tales servicios. En situaciones como la que vivimos, estas empresas prestadoras deben realizar su sacrificio también. En este punto es importante que el Estado provincial por intermedio del Ministerio de Economía y Servicios Públicos haga las gestiones para que el costo de las facturas de los meses de paro de la economía sea financiada con un plazo razonable de gracia, 6 meses mínimo, y en cuotas durante un periodo no inferior a un año. El tesoro provincial debe subsidiar la tasa de interés o las empresas proceder a su condonación.
Todo esfuerzo para mantener en actividad las empresas no será en vano. Se mantendrán miles de puestos de trabajo y empresas que contribuyen al mantenimiento del Estado.
Resulta extraño para muchos de los ciudadanos, que viven con angustia esta etapa de desmoronamiento de sus ilusiones y su fuente de ingresos, que no hace mucho el Gobierno de la Provincia haya dictado una ley de moratoria y “jubileo” para deudores de tributos y, de todo tipo de obligaciones dinerarias para con el estado, que no excluyeron a aquellos que incurrieron en conductas tipificadas como “defraudación fiscal”, por ejemplo los emisores de facturas apócrifas en la causa que se investiga en la Justicia federal por hechos cometidos en la Municipalidad de Salta. Mientras a los evasores con conductas dolosas se los ayuda a los que pagaron religiosamente sus impuestos ahora, que están en dificultades, no son objeto de la ayuda que necesitan en la cantidad y magnitud mínima para dar viabilidad a la subsistencia.
Asimismo, pareciera que hay una doble vara, los empleados del Estado cobran sus sueldos y los empleados de las empresas que vienen aportando al mantenimiento del Estado con sus impuestos están en riesgo de perder su trabajo.