Treinta y un años después de la Masacre de Tiananmén, el Partido Comunista Chino enfrenta otra protesta y responde con igual o peor represión -aunque las consecuencias negativas de los eventos de Hong Kong pueden ser incalculablemente mayores a los silenciados de entonces.

El 4 de junio de 1989, la Plaza de Tiananmen -paradójicamente plaza de la Puerta de la Paz Celestial- fue escenario de una de las peores matanzas de la historia moderna de China, ordenada por el Partido Comunista Chino y perpetrada por el Ejército Popular de Liberación, vaya ironía. Nuevos detalles de las “atrocidades del grave suceso” -que fue y sigue siendo silenciado por el gobierno chino- se han conocido a través de un documento recientemente desclasificado del entonces embajador del Reino Unido en Beijing, Alan Donald. 
En él, Donald habla de más de diez mil muertos -contradiciendo la versión oficial de 200 sediciosos-, de la crueldad de intimar a los manifestantes a desocupar la plaza en el término de una hora para inmediatamente después de la intimación comenzar a disparar sobre la multitud, a aplastarla con tanques y vehículos blindados, o a matar a jóvenes a punta de bayoneta, de soldados rematando a sus propios compañeros o atacando a las ambulancias que trasladaban heridos.

Los manifestantes -en su mayoría estudiantes- reclamaban libertad de expresión, libertad de prensa, el castigo y fin de la corrupción, la restitución de los bienes mal habidos por funcionarios públicos y una gran reforma política, para lo cual habían levantado una estatua de papel maché de 10 metros de alto bautizada “Diosa de la democracia” justo en frente del enorme retrato de Mao Zedong.

Pese a que han pasado más de tres décadas desde entonces -este jueves se cumplirán 31 años- el Partido Comunista Chino no quiere ni oír hablar de democracia e incluso se ha vuelto más autoritario en los últimos años. Es precisamente ese autoritarismo el que lo ha llevado estos días a avanzar sobre la legislación y los derechos de los que disfrutaban los habitantes de Hong Kong.

Cuando en 1997 el Reino Unido devolvió la soberanía de la isla a China comunista, lo hizo bajo estrictas condiciones contenidas en la ley básica (una suerte de Constitución de Hong Kong) que consagraba el principio de “un país, dos sistemas” que la convertía en una zona administrativa especial, le permitía (entre otras cosas) conservar un alto grado de autonomía política, continuar con su sistema capitalista sin que avanzara el socialismo, la elección de la mayoría de los funcionarios públicos, mantener su propia moneda, tener su propio equipo olímpico y su propia banca en la Organización Mundial de Comercio, y sobre todo consagrar que la libertad de los residentes de Hong Kong es inviolable y que ningún hongkonés sería sometido a arresto, detención o prisión arbitraria o ilegal, ni extraditado a China continental. 

Por ello, cuando en abril de 2019 la alcaldesa de Hong Kong, Carrie Lam, presentó un proyecto de ley que permitiría extradiciones desde Hong Kong a China Popular, comenzaron las protestas para no ser juzgados fuera de sus tribunales naturales ni permitir el avance de Beijing sobre su autonomía. Las protestas se han mantenido desde entonces, son cada vez más violentas, y tuvieron su momento decisivo en noviembre pasado cuando estudiantes y policías se enfrentaron violentamente en el campus de la Universidad Politécnica de Hong Kong, mientras las elecciones que se realizaban ese día arrojaban un aplastante triunfo a favor de los candidatos pro-democráticos -que triunfaron en 17 de los 18 Concejos de la zona- sobre los pro-Beijing.

Pese a la paliza, el autoritarismo intrínseco del régimen comunista va por todo y redobla la apuesta: el pasado jueves 28 de mayo, la Asamblea Nacional Popular aprobó en Beijing el borrador de una nueva ley de seguridad nacional destinada a reprimir “amenazas y actividades subversivas y separatistas”, las que -como corresponde al autoritarismo- no se especifican en mayor detalle. Esta ley termina, de hecho, con muchas si no todas las libertades -políticas, económicas y religiosas- las garantías y los privilegios comerciales que permitieron a Hong Kong ser uno de los centros financieros de Asia durante siglos, antes incluso que Tokyo o Singapur.

Inmediatamente, Estados Unidos declaró que tal ley socava la autonomía de Hong Kong, autonomía de la que dependen los privilegios comerciales, los flujos financieros y las inversiones directas a China, y agregaba que, de avasallar Beijing dicha autonomía, debería rever los intercambios y aranceles comerciales, los controles de exportación y considerar medidas punitivas.

Tal vez este avasallamiento sea el precio que Beijing cobra a Hong Kong por su coraje: en las distintas universidades de Hong Kong, incluyendo aquella donde los estudiantes peleaban por sus libertades el día que Beijing era humillada en las urnas, una serie de esculturas recuerdan a las víctimas de Tiananmén: por mucho que uno las vea, siempre conmueve ver la replica en bronce de la “Diosa de la democracia” en la City University of Hong Kong y, sobre todo, el “pilar de la vergüenza”: una columna dantesca de cincuenta cuerpos apilados hasta alcanzar los ocho metros de altura que recuerda la masacre de 1989 en el campus de la Universidad de Hong Kong. En el Parque Victoria, en pleno centro de la excolonia, cientos de miles de personas se congregan cada 4 de junio en vigilias en las que, con velas en sus manos, conmemoran a las víctimas de Tiananmen, pese al rumbo cada vez más autoritario que el gobierno de Xi Jinping está tomando. Y pese a ello, los estudiantes y ciudadanos hongkoneses se juegan la vida en defensa de sus libertades y, como Joshua Wong, publican en Twitter -prohibida en China continental- mensajes como este: “Beijing no puede, al mismo tiempo, beneficiarse de Hong Kong mientras socava su autonomía y libertad”.

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