La situación económica y social de las personas que cobran el estacionamiento medido en la ciudad es preocupante y compleja. Si bien se empezó a flexibilizar la cuarentena, este sector aún no está autorizado para volver a trabajar y tampoco se sabe cuándo podrá hacerlo a pesar de que el movimiento en el centro es casi normal. Esta decisión depende del Comité Operativo de Emergencia de la Provincia, y a su vez, que sea aprobado por el Gobierno nacional.
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La situación económica y social de las personas que cobran el estacionamiento medido en la ciudad es preocupante y compleja. Si bien se empezó a flexibilizar la cuarentena, este sector aún no está autorizado para volver a trabajar y tampoco se sabe cuándo podrá hacerlo a pesar de que el movimiento en el centro es casi normal. Esta decisión depende del Comité Operativo de Emergencia de la Provincia, y a su vez, que sea aprobado por el Gobierno nacional.
Desde el municipio capitalino, la subsecretaria de Promoción de Desarrollo Social, Jacqueline Cobos, admitió que va a ser un "desafío" reoganizar la vuelta, pero ya trabajan en un plan mayor: "Nos proponemos mejorar la vida de los permisionarios, que antes de la emergencia por el coronavirus ya estaban en una situación de vulnerabilidad", afirmó.
Para la funcionaria municipal, hay "mucho por hacer", dado que notaron que anteriormente no hubo un abordaje social genuino con estas familias. "Las respuestas que encontraron del Estado se limitaron a discutir el valor del talonario o el porcentaje o la recaudación, pero lo que estamos haciendo nosotros es pensar propuestas superadoras que resuelvan la cuestión de fondo", señaló Cobos.
El martes último un grupo de cobradores de estacionamiento medido cortó el tránsito en la avenida Paraguay, en el ingreso al Centro Cívico Municipal, en reclamo de poder volver a trabajar lo antes posible. Los testimonios de estas personas, en su mayoría mujeres, son duros. Plantean que no pudieron pagar boletas de servicios, cuotas de préstamos, alquileres y que la ayuda social de Nación no es suficiente para vivir. Sumado que hay quienes no pudieron acceder a esas ayudas por diversas circunstancias.
Desde el municipio, Cobos, comentó que los permisionarios, que son casi 700, están incluidos dentro del Plan Unidos, un plan de seguridad alimentaria que lanzó la comuna hace poco más de un mes para brindar asistencia a los vecinos que, por la emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo por COVID-19, se ven imposibilitados de trabajar.
En este marco, los están asistiendo con módulos alimentarios y además los orientan y ayudan a gestionar diversos trámites, como el inicio de jubilaciones, pensiones por discapacidad interrumpidas, problemas con la AUH, entre otros.
"La situación con estas familias viene de larga data, pero hoy con la emergencia se agravaron", enfatizó Jacqueline Cobos, advirtiendo otra realidad: que muchas son personas con discapacidad y mayores de 60 años, es decir, forman parte del grupo de riesgo de contagio por coronavirus.