El saqueo de planes sociales se  remonta al menos hasta 2018

La estafa con planes sociales por las que la dirigencia del Club Central Norte de Embarcación enfrenta acusaciones que el fiscal federal Eduardo Villalba ampliaría en los próximos días, con cargos por fraude a la administración pública nacional, tiene antecedentes que se remontan hasta 2018. A fines de ese año el presidente de la citada entidad deportiva, Jorge René Moya, fue apartado de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi, que en su lugar puso a Ema Cabana como nueva delegada en Embarcación.

La UTD había informado el cambio de la delegación el 25 de diciembre de 2018, a través de la red social Facebook, pero hasta ahora se desconocían las razones de la decisión. Nuevas constancias a las que accedió El Tribuno ayer dejan en claro que Moya fue expulsado de la organización que conduce José "Pepino" Fernández ante un clamor de familias vulnerables que estaban siendo saqueadas con una de las ayudas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El pasado 18 de febrero, tras la muerte de varios niños y niñas en comunidades originarias del norte salteño, Fernández envió una nota a la mesa directiva nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en la que celebró que se eligiera la sede de la entidad de General Mosconi como base operativa de la Brigada Sanitaria.

En ese escrito, que dirigió también a Juan Grabois en su carácter de presidente honorario de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el conductor de la UTD aludió a los manejos irregulares de Moya y de otro exmiembro con funciones administrativas, Lucas Valdiviezo. "Queremos hacerles conocer que en diciembre de 2018 se decidió la expulsión de nuestra organización de Jorge René Moya, de Embarcación, y de Lucas Valdiviezo, de Mosconi, en razón de múltiples denuncias de corrupción que nos hicieron conocer los compañeros/as que trabajaron bajo sus órdenes cuando pertenecían a la UTD", reseñó Fernández. Tras detallar una serie de denuncias por estafas, amenazas, lesiones y hasta acoso sexual que se acumularon desde febrero de 2019 en la Fiscalía Penal de Embarcación, sin que se movieran las investigaciones reclamadas, el líder de la UTD solicitó "que se los expulse de la UTEP, porque bajo su manto seguirán estafando compañeros y compañeras, ensuciando la importante labor social de esa organización nacional".

Investigación

Semanas después, la Anses elevó al Juzgado Federal 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las denuncias que, a través de un trabajo coordinado por la fiscal porteña Alejandra Mángano y el fiscal salteño Eduardo Villalba movió las primeras medidas de la causa que hoy tiene a la Anses constituida en querellante contra Moya, su esposa, Paula Pabloff, y el secretario del Club Central Norte de Embarcación, Jesús Tarqui.

Tras intervenciones telefónicas que autorizó el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, el pasado 30 de abril la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó la sede de la entidad deportiva y las viviendas de los tres imputados, a quienes el juez federal de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni, les concedió la prisión preventiva domiciliaria. En los próximos días la lista de encausados podría crecer, a la par de nuevos cargos penales, ya que Moya y Tarqui habrían contado con la complicidad de algunos agentes de los bancos Nación y Macro para manejar tarjetas del salario social complementario a su arbitrio para retirar importantes sumas de dinero con las que estafaron a infinidad de hogares vulnerables y se defraudó a la Anses.

Aún no está precisada la cantidad de familias damnificadas, entre las que hay muchas de comunidades originarias de la zona, pero se las estima en algunos cientos. Solo en Misión Chaqueña y Carboncito, Moya y Tarqui gestionaron ingresos familiares de emergencia (IFE) de $10.000 a más de 80 familias de la etnia wichí.

A beneficiarios de planes, los dirigentes imputados les exigían toda clase de trabajos para el club deportivo y en su propio beneficio. Se quedaban con hasta la mitad de las ayudas y les hacían pagar multas de hasta $1.500 si no mostraban empeño o se quejaban. A los más críticos les bloqueaban sus tarjetas, porque al inscribirlos se hacían de todos sus datos. Algunos afectados denunciaron que, después de quedar sin sus planes, se enteraron de que alguien los siguió cobrando.

Un plan de la Anses de 8.500 pesos

El salario social complementario es una ayuda dispuesta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para personas sin estudios ni empleos que organizaciones sociales encuadran en actividades relacionadas con la economía popular. 
A través de propuestas ocupacionales, los beneficiarios trabajan en huertas orgánicas, arreglos de veredas, trabajos de pintura en edificios públicos, limpieza de espacios verdes y recolección de cartones, entre otras tareas. 
La inscripción es uno de los aspectos más controvertidos, ya que los beneficiarios deben estar agrupados en organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) o Barrios de Pie. 
Las citadas organizaciones, justamente, encabezaron el movimiento que empujó la ley de emergencia social que el Congreso sancionó en diciembre de 2016. 
La norma, que sentó las bases del salario social complementario quedó promulgada en marzo de 2017. 
Dos meses después comenzó a pagarse el beneficio que está fijado en la mitad del salario mínimo, vital y móvil. 
Actualmente se acreditan en las tarjetas 8.500 pesos mensuales.
 

Últimas Noticias

Últimas Noticias de Salta

Últimas Noticias de Edicion Impresa

Últimas Noticias de Pandemia del coronavirus

Sección Editorial

Comentá esta noticia

Importante ahora

cargando...