Se viene una semana “picante” en la pulseada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 255/50 que firmó el gobernador Gustavo Sáenz como “método” para prevenir la pandemia y asegurar el cumplimiento de la cuarentena por el coronavirus.
El miércoles la organización HIJOS Salta y la Asociación de Pensamiento Penal (APP) convocaron a una conferencia de prensa en momento en donde el manejo de los tiempos es clave.
Sucede que el decreto 255 otorga más facultades a las fuerzas policiales y las organizaciones de DDHH de la provincia lo tienen en la mira desde que se promulgó.
Según el artículo 145 de la Constitución Provincial, para quedar convertido en ley, el decreto debe ser aprobado por la Legislatura. En caso que eso no suceda dentro de los 90 días desde que es puesto en vigencia, automáticamente adquiere ese carácter legal. Y ese plazo se cumple esta semana que comienza.
“Lo que vamos a presentar ante los medios es el informe que se fue armando sobre la violencia de policial ocurrió tras el decreto de Sáenz y su decreto 255/20. Desde que convocamos a la comunidad a denunciar nos llegaron 16 casos de violencia policial que son 16 casos testigo; esas denuncias ya están en Fiscalía. Lo que vamos a hacer es detallar cada uno de los casos y seguir denunciando la violencia institucional”, dijo Canela Álvarez, de HIJOS Salta.
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Se viene una semana “picante” en la pulseada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 255/50 que firmó el gobernador Gustavo Sáenz como “método” para prevenir la pandemia y asegurar el cumplimiento de la cuarentena por el coronavirus.
El miércoles la organización HIJOS Salta y la Asociación de Pensamiento Penal (APP) convocaron a una conferencia de prensa en momento en donde el manejo de los tiempos es clave.
Sucede que el decreto 255 otorga más facultades a las fuerzas policiales y las organizaciones de DDHH de la provincia lo tienen en la mira desde que se promulgó.
Según el artículo 145 de la Constitución Provincial, para quedar convertido en ley, el decreto debe ser aprobado por la Legislatura. En caso que eso no suceda dentro de los 90 días desde que es puesto en vigencia, automáticamente adquiere ese carácter legal. Y ese plazo se cumple esta semana que comienza.
“Lo que vamos a presentar ante los medios es el informe que se fue armando sobre la violencia de policial ocurrió tras el decreto de Sáenz y su decreto 255/20. Desde que convocamos a la comunidad a denunciar nos llegaron 16 casos de violencia policial que son 16 casos testigo; esas denuncias ya están en Fiscalía. Lo que vamos a hacer es detallar cada uno de los casos y seguir denunciando la violencia institucional”, dijo Canela Álvarez, de HIJOS Salta.
La convocatoria a la rueda de prensa es para el miércoles 1 de julio, de 10 a 12 en Jujuy 89, en el estudio jurídico de Martín Plaza.
El letrado Plaza anticipó el informe es sobre la “agudización” de la violencia policial.
“Son casos testigos. No es la intención mostrar la cantidad de los que sucedieron sino mostrar un problema sistemático y estructural”, dijo al salir durante la semana pasada de reuniones con diputados y la cartera de Seguridad de la Provincia.
Desde las organizaciones le expresaron en esa reunión al presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Esteban Amat, la “preocupación por la reiteración de hechos de violencia institucional en la cuarentena”.
En tanto que el ministro de Seguridad de la Provincia Manuel Pulleiro, negó que la violencia policial sea “sistemática”.
En la conferencia también cuestionarán que la Legislatura no haya derogado el decreto provincial 255 que fue usado reiterativamente para tratar de justificar atropellos, y que ese Cuerpo no haya designado a su representante en el Comité contra la Tortura.
El Ministerio Público Fiscal, también está en el foco de la observación de las organizaciones por su accionar frente a los hechos de violencia institucional.
Por último, la falta de definiciones de la Cámara de Diputados fue criticada por los organismos como una “falta de definiciones”.
Para los organismos de DDHH, el DNU viola garantías y derechos constitucionales, y las reglas de la democracia, porque pone en cabeza del jefe de Policía la posibilidad de aplicar detenciones de hasta 60 días a cualquier persona sin otorgarle el derecho de defensa y sin dar intervención a un juez, un fiscal o un defensor.