Imputarán a ediles  por el escándalo del  cobro del IFE

Otra vez la información sobre cobros irregulares del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue noticia nacional. La información publicada por El Tribuno en las últimas horas sobre el cobro de la ayuda social por parte de una concejal de Bolivia fue ampliamente difundida en varios medios y la noticia no tardó en instalarse en los principales portales informativos del país.

La publicación reactivó el escándalo que se vivió hace unas semanas atrás cuando se dio a conocer que más de medio centenar de concejales de distintos municipios salteños habían gestionado y hasta llegado a cobrar la ayuda destinada en forma exclusiva a las personas más afectadas económicamente por la pandemia. El caso de la concejal boliviana sumó repudios a la forma en la que se distribuye la ayuda nacional, que en muchos casos no llega a quienes más lo necesitan.

En ese sentido el gobernador Gustavo Sáenz reiteró su fuerte posición: "Aquellos que no residen en nuestro país, no pueden tener estos beneficios. No es justo seguir haciendo caridad con otros países, no me imagino que pase esto en otros países y esto tiene que ver con ser justos, con ser equitativos. No estamos en condiciones de hacer este tipo de gasto. Me da mucha bronca subsidiar a gente que no vive en Argentina. Ahora, aquel que vive en Argentina tiene todo el derecho del mundo. Hay personas que acreditan domicilios que no existen. Hoy nos dimos que una concejal de Tarija cobró el IFE que es para los argentinos y muchos argentinos no pudieron cobrarlo".

Ayer, en contacto con medios nacionales, el secretario de la Gobernación, Matías Posadas, tuvo que admitir que existe "una complicidad política que promueve beneficios a cambio de votos en la frontera. Esa irregularidad ahora se ve potenciada por la emergencia sanitaria", aseguró.

Por su parte la Justicia solicitó que sean imputados por fraude a la administración pública e incumplimiento de sus deberes 19 funcionarios, la mayoría de ellos concejales.

Fuentes judiciales indicaron que a pedido del fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del caso, la Oficina Judicial realiza las tareas necesarias para la realización de la audiencia de formalización de la investigación penal, instancia en que la fiscalía presentará el caso, las pruebas y formalizará la imputación penal contra los acusados.

Se trata de 19 funcionarios públicos, principalmente concejales de distintas localidades de la provincia de Salta, acusados de los presuntos delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios público. En esta ocasión serán imputados funcionarios que solicitaron y accedieron al IFE, mientras que en otra instancia se hará lo propio con quienes pidieron la ayuda social pero no recibieron el subsidio

Interceptan a ilegales en la frontera

La noticia del cobro ilegal del IFE por parte de una concejal de Bolivia se complementó ayer con imágenes que daban cuenta del intento de ingreso de decenas de ciudadanos bolivianos por la frontera entre Aguas Blancas y Bermejo. 
Los extranjeros intentaban ingresar de forma ilegal a Salta por Aguas Blancas cruzando el río Bermejo. El operativo de retorno fue coordinado con la Policía Naval boliviana que operó en su territorio identificando a los infractores. Quedaron a disposición de la fuerza local del vecino país.
El miércoles efectivos de diferentes unidades especiales de la Unidad Regional 2 evitaron el ingreso de más de 150 personas que intentaban ingresar a Salta por Aguas Blancas cruzando el río Bermejo.

De retorno

Ante la presencia policial los extranjeros ilegales retornaron a su territorio donde la Policía Naval boliviana aguardó la llegada.
El trabajo preventivo y de patrullaje que se realiza en la zona de frontera se hace de forma integral, y con colaboración de la fuerza boliviana que queda a cargo del procedimiento y de las diligencias correspondientes según las normativas de seguridad sanitaria del vecino país. 
En los últimos dos meses se hicieron cientos de procedimientos disuasivos y se evitó el ingreso ilegal de más de 1.300 bolivianos.

 

 

 

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