Hay lapidarias evidencias contra la organización que saqueó al GNEA

En los últimos días, la causa federal abierta por el robo de los caños del Gasoducto NEA sumó sólidas evidencias sobre el descomunal saqueo que, por el momento, tiene al intendente de Aguaray, Jorge Prado, y a otros nueve imputados con cargos por fraude a la administración pública y robo calificado.

La nómina de acusados y la carátula del caso podrían tener ampliaciones sustanciales en las próximas semanas, a partir de una serie de medidas procesales que el abogado Sergio Heredia solicitó al fiscal Eduardo Villalba.

El defensor del exsecretario de Hacienda de Aguaray Freddy Céspedes y de los empresarios norteños Milton Saavedra y Bruno Degoy fundó su solicitud con abundantes constancias respaldatorias.

Heredia pidió una ampliación de indagatoria para sus defendidos. Afirmó que ellos, y especialmente Céspedes, "pueden aportar más información y las pruebas respectivas sobre los integrantes y el funcionamiento de una asociación ilícita que planificó, organizó y ejecutó el robo de cientos de caños de gasoducto del NEA".

Con copias de actos administrativos, actas, remitos, facturas, cheques y comprobantes de giros de dinero, el letrado insistió: "Nos encontramos en presencia de una asociación ilícita", cuyo objetivo se focalizó no solo en el robo de los caños de 24 pulgadas del GNEA, sino también en el desmantelamiento de una planta gasífera que dejó la Compañía General de Combustible (CGC) en la finca Ñacatimbay. Documentación pública prueba que esa planta, localizada a pocos kilómetros al sur de Aguaray, no fue saqueada solo por la firme oposición del encargado de la finca, Gustavo Cajal. Su nombre aparece entre los 15 testigos propuestos en la causa. Uno de ellos fue amenazado días atrás por dos extraños que lo abordaron en Tartagal con armas de fuego. El testigo clave, cuya identidad este diario mantendrá en reserva, declaró ante la Justicia que Perterser, empresa de servicios petroleros de General Mosconi, operó en sociedad con el prófugo Adrián Vera.

En base a las evidencias aportadas, Heredia argumentó la inocencia de sus defendidos y denunció a varios presuntos miembros de la asociación ilícita. Sindicó como parte del entramado a tres funcionarios de Aguaray: Jorge Prado (intendente), Juan Ramón Ferreyra (secretario de Gobierno) y Fabio Navarrete (secretario de Articulación y Fortalecimiento de la gestión municipal). Sumó también a un agente municipal, Héctor Tejerina, que trabajó en el borrador de la resolución 1215/19, con la que Prado desafectó los caños del GNEA y se los entregó a la empresa mendocina Osip SA.

Añadió en la lista de denunciados a cinco mendocinos: Diego Alos (titular de Osip SA), Adrián Antonio Vera (Vera SA), Santiago Francisco Enmenaj, Fernando Torres y Leonardo Ventimiglia. Sumó al tartagalense Jorge Luis Vila (familiar de Ventimiglia), al salteño Cristian Bouczek y a los santafesinos César Walter Rodrigaño y Adrián Marcelo Simonella.

También incluyó al titular de Perterser, Andrés Ayala, y solicitó a la Fiscalía que determine la participación de otros presuntos implicados, entre los que señaló a Adrián Antonio Vera (padre), Matías Rossi (titular de Co-Marfil, empresa de Quilmes a la que le secuestraron en dos allanamientos 64 caños del GNEA) y Simón Villarroel.

Testimoniales

Entre los 15 testigos resalta un poblador de Morillo que tuvo conocimiento directo de las extracciones de caños realizadas en El Desemboque y que fue amenazado, días atrás, luego de declarar ante la Fiscalía.

También se cuenta Héctor Girón, un poblador de Santa Victoria Este que fue estafado con el servicio de comida que brindó a cortadores de caños en El Desemboque. Girón, en un testimonio filmado, manifestó que Vera le confió que operaba conjuntamente con Diego Alos en distintos frentes del saqueo.

Otro testigo clave es Cajal, quien mucho antes de que se dictara la resolución 1.215 fue visitado en la finca Ñacatimbay por Alos, Ventimiglia y Enmenaj. Los mendocinos le adelantaron que, por una autorización del intendente Prado, ellos desarmarían y sacarían todo el material metálico de la planta de gas de CGC.

La planta de la Compañía General de Combustible, en Ñacatimbay, era otro objetivo.

Tras esa visita, el intendente de Aguaray le envió varios mensajes por WhatsApp. En uno, le señaló: "Estamos haciendo un trabajo de saneamiento ambiental en el Municipio. Directivas desde Nación. Y se deben desenterrar los caños de poliductos. Si en el caso se encuentran en sus tierras".

El 7 de enero, ante su resistencia, Cajal fue notificado por el juez de paz de Aguaray, Ángel Martín Chocobar, del contenido de la resolución 1.215. El propio intendente, por nota, había solicitado ese diligenciamiento el día anterior.

Cajal, según consta en el acta, le aclaró al juez de paz que no dejaría entrar a persona alguna a la finca y que se debería ir por la vía correspondiente: la Justicia Federal.

Otro testigo que Heredia pidió citar es Alejandro González, un maquinista de Tartagal que fue contratado por Alos para extraer caños en la zona de Tonono. González, según el abogado, conoce en detalle las funciones y tareas que realizaban Alos, Vila, Ventimiglia y otros integrantes de la organización ilícita. En el lugar quedaron abandonadas una retroexcavadora con grúa JBC y dos retropalas.

Otro testigo, Fabián Corbalán, declaró el pasado jueves que fue contratado en Tonono por Alos. Señaló que con cada tubo de oxígeno se cortaban 15 tuberías dobles. Heredia entregó a la Fiscalía comprobantes de 8 de las 16 cargas de oxígeno consumidas, de lo que se desprende que solo en Tonono se saquearon cerca de 480 caños del GNEA.

Entre los testigos hay tres empleados de Ieasa, la empresa nacional de energía que reemplazó a Enarsa: Cesar Antonio Flores, Ángel Néstor Pottinger y Sergio Fernando Figueroa.

La defensa de Céspedes también pidió la testimonial de Jaqueline Guadalupe Salazar, exsecretaria de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Aguaray, para que aclare sobre los estudios de impacto ambiental que debían haberse sobre las cañerías del GNEA rotuladas en la resolución 1215 como supuesto pasivo ambiental. Heredia también tiene interés en saber si Salazar fue informada de los términos de la resolución 1215 y si tomó parte en reuniones previas con Alos y personal de la firma Osip.

Otro testigo propuesto es José Roberto Zelarayán, cuidador de un inmueble ubicado al frente del playón de MyP en Mosconi. Vera le alquiló a esa empresa de servicios, de la que son socios gerentes Saavedra y Degoy, el predio donde el pasado 18 de abril se secuestraron 124 caños extraídos en la zona de El Desemboque.

En la lista de testigos también figura el nombre de Paúl Alejandro Morales, un trabajador contratado en El Desemboque que conoce en detalle las operaciones que allí realizó la organización ilícita.

Los caños recuperados hasta ahora

Hasta el momento se recuperaron 344 caños del GNEA. La cuenta se abrió el 12 de noviembre de 2019, con 77 tubos secuestrados en la zona de Alto La Sierra. Otros 30 fueron recuperados en Aguaray el pasado 7 de febrero. En General Mosconi y El Desemboque, fueron recuperados 169 tubos entre el 14 y 18 de abril último. El 5 de junio se secuestraron en Quilmes 52 caños. Otros 12 se rescataron en Berazategui el 6 de agosto último. Cuatro más aparecieron, días atrás, en Las Lomitas (Formosa).
 

Dos pruebas sobre el plan de la banda

Un borrador de la resolución y un catálogo de remate, evidencias.

Los caños que llamaron la atención en una chatarrería de Pampa Blanca (Jujuy).

La documentación aportada por el defensor de Freddy Céspedes, Milton Saavedra y Bruno Degoy incluye copias de remitos, facturas, cheques y giros de dinero a distintos implicados. Entre las constancias se destaca un borrador de la resolución 1215/19 que, según el abogado Sergio Heredia, fue confeccionado por el agente municipal Héctor Tejerina en la computadora de la Secretaría Legal y Técnica de la Intendencia de Aguaray el 20 de diciembre de 2019. Allí consta que la resolución que firmó el intendente Jorge Prado tenía inicialmente como objetivo el desarme de la planta de Ñacatimbay, tres días antes del ingreso por mesa de entrada de la nota de Osip SA. 

“Ese documento es una prueba esencial de la planificación delictiva que tenía el intendente Prado con Diego Alos y los otros integrantes de la asociación ilícita, con funcionarios del Municipio de Aguaray incluidos”, afirmó Heredia.

Entre las evidencias documentales también resalta el catálogo de un supuesto remate adjudicado por la firma Adrián Mercado a Tubos Renard SA. Aunque se trataría de documentación apócrifa, deja ver con lujos de detalles el plan de saqueo de 1.750 caños del GNEA (22 kilómetros de tubería) en Aguaray, Campo Durán, Tonono, El Desemboque y Rivadavia Banda Norte.

Facturas extendidas por Renard Tubos a Vera SA como supuesta adquirente de los caños complementan la evidencia.

Pedido de allanamiento

En los últimos días llamaron la atención caños estibados en una chatarrería del kilómetro 1.156 de la ruta 34 en suelo jujeño. En la sospecha de que se trataría de caños del GNEA saqueados en El Desemboque, Heredia pidió a la Justicia un urgente allanamiento.

Tres gendarmes y un chofer

Entre los testigos hay tres gendarmes de Aguaray: Micaela Ayelén Quispe (alférez), Milagros Cruz Vilte (subalférez) y Julieta Carpio (cabo primera).

Una vecina de Mosconi, Analía Escalante, también figura en la lista, que se completa con Ariel Romero, chofer de un camión de la firma Perterser que, según constancias de una transferencia de dinero realizada por MyP, habría transportado caños del GNEA con un destino que aún se desconoce.

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