El proyecto de reforma de la Justicia debería ser postergado, porque la primera condición para una decisión de semejante envergadura es un consenso ciudadano y político que hoy no existe.
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El proyecto de reforma de la Justicia debería ser postergado, porque la primera condición para una decisión de semejante envergadura es un consenso ciudadano y político que hoy no existe.
La protesta masiva del 17 de agosto mostró una disidencia que un gobierno democrático no puede ignorar.
El consenso no es la unanimidad sino el acuerdo, y es inherente a la democracia. No puede hablarse de consenso si la comisión técnica para analizar aspectos cruciales para esa reforma es elegida "a dedo" por un presidente (o un Gobierno), que coloca al frente de ese grupo al abogado personal de la vicepresidente.
Es cierto que existe un gran desencanto ciudadano con la Justicia argentina, pero la desconfianza surge, fundamentalmente, de la fragilidad del sistema para castigar a los asaltantes, asesinos y violadores y por la sensación de que los jueces amparan o son superados por la corrupción.
El gobierno nacional impulsa esta reforma sin despejar las dudas que genera. Todo indica que se concentra en facilitar una intervención política en los tribunales federales de Comodoro Py, donde transitan las causas que involucran a numerosos funcionarios y legisladores.
La verdadera reforma que necesita la Justicia no depende tanto de una ley como de la voluntad de respetar la independencia de los poderes y despolitizar al Consejo de la Magistratura.
Despolitizar, en este caso, significa devolver a esa institución, que selecciona y remueve a los jueces, la certeza de que sus decisiones solo dependen del consenso y el buen criterio, y no de los intereses del Ejecutivo de turno. Así la concibió la Constitución reformada de 1994, pero su espíritu fue desvirtuado en 2006, cuando la ley 26.080 redujo el número de consejeros para aumentar la injerencia del presidente en las decisiones.
Claramente, si existiera voluntad de mejorar la institucionalidad, el Poder Ejecutivo no hubiera retirado del Senado 150 pliegos de jueces y funcionarios que habían sido legítimamente seleccionados por concurso por el Consejo de la Magistratura y el gobierno anterior.
Como agravante, el senador Oscar Parrilli, introdujo un artículo anticonstitucional donde incluye a los "poderes mediáticos" como "grupo de presión" pasible de ser denunciado por los jueces de todos los fueros con jurisdicción federal frente a un presunto "intento de influencia en sus decisiones".
La independencia de la Justicia y la libertad de prensa son esenciales a la democracia.
La influencia sobre la Justicia no la ejercen los medios de comunicación, ya que los jueces deciden con pruebas y no con "notitia criminis". Las verdaderas presiones provienen de los funcionarios que manejan la amenaza y los gastos reservados para forzar los fallos, y de los operadores influyentes que utilizan un poder ilegítimo para destruir un valor que es básico ya en la Constitución de 1853, y que consiste en garantizar la estabilidad y la confiabilidad de los magistrados.
Lo más recomendable es "desensillar hasta que aclare".
La Justicia debe ser la garantía para la vida, la libertad y los bienes de las personas. Ninguna Justicia humana es perfecta, pero una reforma politizada solo contribuye a empeorarla. La politización de la Justicia fue utilizada en Venezuela y en Bolivia para alterar el orden constitucional y la voluntad ciudadana. Los resultados están a la vista.
El país atraviesa una emergencia sanitaria que ha alterado la vida y amenaza al futuro de la ciudadanía.
El presidente Alberto Fernández repitió en varias oportunidades que no podía ocuparse de la economía porque estaba concentrado en resguardar la salud de la población.
Es claro que, para los intereses del ciudadano de a pie, es mucho más urgente que el gobierno y el Congreso se ocupen de los problemas económicos antes que imponer cambios más orientados a controlar a los jueces que a garantizar la seguridad de todos.