La decisión de prohibir las reuniones sociales en todo el país, adoptada "manu militari" por el Gobierno nacional, parece tocar el límite de las atribuciones presidenciales en un país federal.
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La decisión de prohibir las reuniones sociales en todo el país, adoptada "manu militari" por el Gobierno nacional, parece tocar el límite de las atribuciones presidenciales en un país federal.
Es muy distinta la realidad sanitaria en cada una de las jurisdicciones, como son diferentes las características geográficas y la actividad económica.
Las medidas de aislamiento adoptadas en Salta -y que hasta ahora brindaron buenos resultados, ya que la circulación del virus está bajo control-, fueron dispuestas de acuerdo con las autoridades nacionales y consistieron en un severo control, especialmente al ingreso de viajeros. Tal control, obviamente, está condicionado por la permeabilidad de las fronteras y los límites entre provincias. Siempre hubo colaboración y actitud positiva frente a las iniciativas nacionales. También es cierto que la pandemia se encuentra en un punto de inflexión, que el "distanciamiento" que preservó los contagios también limitó una eventual inmunización colectiva y que la COVID-19 encierra todavía demasiados misterios.
Al no haber vacuna, las decisiones se toman siguiendo el itinerario que marca la ciencia médica, pero todo al tanteo, como los expertos lo admiten.
En un país federal, la administración de una provincia es atribución de las autoridades locales legítimas. Y toda administración requiere el conocimiento de las necesidades particulares. La gente admite el aislamiento y actúa disciplinadamente cuando está convencida de la necesidad de hacerlo. Pero el sacrificio de una cuarentena tiene un límite.
Así como cada semana el presidente se reúne con el gobernador bonaerense y con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma, para acordar medidas adecuadas a esta realidad, debería respetar también la autonomía de los gobernadores para admitir o no las reuniones familiares.
Lo que está en juego es la calidad de vida de la gente; es decir, impedir los contagios de coronavirus, pero también las consecuencias físicas y psicológicas que acarrean el sedentarismo y el encierro.
La campaña sanitaria envuelve a los líderes y protagonistas de un halo de paternalismo y les permite jugar al límite de las normas; es una tentación para hacer de la excepción, una regla. Pero ese límite puede terminar en desbordes.
Para el poder, pero sobre todo para la cultura predominante en la región central del país, el unitarismo sigue siendo un prisma desde el que se analiza y se decide sobre temas que involucran a todas las provincias.
¿Está entre las facultades el Gobierno nacional prohibir por decreto las reuniones familiares en Salta, Catamarca, o en la localidad bonaerense de General Alvear, por ejemplo? ¿O eso debería ser una sugerencia, en todo caso, para los gobernadores e intendentes?
Según el profesor de Derecho Administrativo de la UBA, Armando Canosa, el cuidado de la salud es una "responsabilidad concurrente" de la Nación y las provincias.
El abogado especialista en Bioética Oscar Garay señala: "Las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal .... La materia sanitaria no ha sido delegada por las provincias .... A las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compete el poder de policía sanitario en sentido estricto: salubridad, moralidad y seguridad pública".
En un documento del Ministerio de Salud, titulado "Misión, Visión y Objetivos" se señala que la función de esa cartera nacional es "entender en la planificación global del sector salud y en la coordinación con las autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de implementar un Sistema Federal de Salud, consensuado, que cuente con la suficiente viabilidad social".
La reglamentación nacional de reuniones familiares se hizo por decreto. Las medidas sanitarias no debe ser tomadas en forma inconsulta, ni siquiera invocando la autoridad del equipo médico nacional, que se encuentra muy lejos de cada provincia.
Para decidir cuándo y en qué condiciones pueden reunirse los salteños, la última palabra la deben tener las autoridades salteñas.