Hace una semana Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (1980), dijo en el programa televisivo Pasaron Cosas sobre el decreto 255/ ley 8.191, que “la legislatura tiene la obligación de derogarlo, no es democrático, es violento para el pueblo de Salta”. En esas horas ya se producían las primeras corridas, con gases lacrimógenos y balas de goma en los asentamientos conocidos como San Calixto y Ampliación Parque La Vega.
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Hace una semana Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (1980), dijo en el programa televisivo Pasaron Cosas sobre el decreto 255/ ley 8.191, que “la legislatura tiene la obligación de derogarlo, no es democrático, es violento para el pueblo de Salta”. En esas horas ya se producían las primeras corridas, con gases lacrimógenos y balas de goma en los asentamientos conocidos como San Calixto y Ampliación Parque La Vega.
Los motivos o el comienzo no sirven. Es como preguntarle al golpeador por qué golpea a su pareja. La pregunta ya no sirve. Queríamos marcar la paradoja que se da en que mientras hablamos de la defensa de la vida y la salud, con diferentes estrategias vinculadas a la cuarentena para enfrentar la epidemia del COVID-19, quienes están administrando la cosa pública, atentan contra la vida y la salud de indefensos, de gente desarmada y especialmente vulnerable. La gente, el pueblo, su pueblo.
En la Revolución Francesa, los “sans culottes”, el Tercer Estado, eran los que no tenían nada. No existían. El Estado los oprimía, los reprimía, les cobraba tributos, era injusto y no les daba nada. Masas importantes de personas que no tenían más que su fuerza de trabajo potencial. Y mucha desesperación, mucha carencia.
De ahí sale el término que usa Eva Perón para llamar a su sujeto, a su gente. De ahí salen los descamisados. Nuevos actores políticos, nuevos incluidos en el sistema. Aparecen de este lado de la raya. Antes de dónde termina lo nuestro: porque son nosotros.
Reprimir no sirve
No sirve porque mientras estamos con la agenda de los partidos políticos, sus reconfiguraciones, si unidos triunfaremos y si los muchachos -o las mujeres- en la estructura partidaria democratizarán voces y decisiones, con la otra mano excluimos de forma activa a ese pueblo que nos eligió. Los excluimos de la forma más clara y vehemente: se le niegan su palabra y sus derechos. Y ojo, no es la policía, es el Ejecutivo. Las fuerzas de seguridad tienen autonomía, ni relativa ni nada. Las fuerzas de seguridad son lineales y verticales y hacen lo que el poder político les manda.
La banalidad del mal es distinta a la venalidad del mal pero eso no nos ocupa en este artículo. Porque la seguridad es un tema de Estado, que reclama eficiencia y planificación, recursos, inteligencia. Otra cultura, distintas formaciones. Pero aquí nos ocupan las decisiones. Alguien decidió pegar.
Reprimir no sirve.
Diputados de distintos sectores, organismos de DDHH, organismos de gobierno, Federación de Colegios de Abogados, Colegio de Abogados de Salta, acciones de amparo colectiva y distintas iniciativas cuestionan el decreto 255/ley 8191. Nada alcanza. La palabra está cerrada. El micrófono se corta, no hay lugar a la participación, ni siguiera dentro de ámbitos parlamentarios, toda vez que se niega el tratamiento de la ley cuestionada.
Ahora y ante la represión de estos días, la Secretaría de DDHH de la Nación denunció a las fuerzas de seguridad que intervinieron en la represión. La denuncia quedó asentada este jueves en la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia y es por abuso de autoridad, vejaciones o apremios ilegales y tentativa de homicidio.
Grupos de Derechos Humanos de la Provincia de Salta preocupados por el accionar desmedido de la Policía contra las personas asentadas en los terrenos del barrio Nueva Extensión Parque La Vega y San Calixto presentaron un hábeas corpus colectivo. El instrumento fue presentado ante la jueza Virginia Solórzano, del Tribunal de Impugnación Sala I, a los fines de que la Justicia arbitre los medios necesarios y constitucionales para que la Policía se abstenga de reprimir a las personas asentadas, y se les den soluciones en términos de derechos sociales, como consagra la máxima ley nacional. Son alrededor de 1.100 familias, aproximadamente 3.000 personas, que se encuentran habitando los terrenos fiscales conocidos como “barrios San Calixto y ampliación Parque La Vega”. Y sirve acá pensar qué pasa en San Lorenzo y con qué vara se resolverán ambas situaciones habitacionales.
Reprimir no sirve.
Adolfo Pérez Esquivel es presidente del Servicio Paz y Justicia (Serpaj). En el momento en que el Estado avanzaba contra los cuerpos y la integridad física de mujeres y niños el referente nacional de la paz decía “esto no se resuelve con más violencia”. Él decía “se resuelve con políticas de Estado que deben ser de prevención y seguridad social”. Y decía “ahí tenemos un retroceso enorme que nos acerca más a la época de dictadura que al momento actual de democracia”.
Y decía “que la legislatura no es que quiera o no: tiene la obligación de tratarla y derogarla, no es un hecho democrático, es un hecho violento para el pueblo de Salta”. Estos días la Policía de la Provincia de Salta realiza operativos de control según dicta la ley 8.191: es decir, con un marco débil y sin garantías constitucionales.
Reprimir no sirve porque tenemos que imaginar y planificar con inteligencia, con inclusión y con respeto a los derechos y garantías constitucionales la provincia que queremos y discutir el proyecto de desarrollo que tenemos. Y cómo hacemos para que se pueda crecer con todos adentro. Los que somos.
Reprimir no sirve, porque no va en ese sentido.