El corredor inmobiliario es toda persona que en forma habitual, onerosa y profesional intermedia entre oferta y demanda, en negocios inmobiliarios ajenos, sin tener relación de dependencia con ninguna de las partes.

Tanto el Código Civil y Comercial de la Nación, como así también, la Ley Provincial N´ 7.629, regulan la actividad del corretaje de manera objetiva centrando su desarrollo en el contrato de corretaje en sí, sus alcances y variaciones; y de forma subjetiva, es decir, desde la persona del corredor inmobiliario enumerando sus derechos, deberes y obligaciones a la hora de ejercer la profesión.

La normativa vigente no autoriza el ejercicio profesional por sujetos no matriculados, vale decir, por quienes no se encuentren inscriptos en el Colegio de Ley. En nuestra provincia quien tiene el control del ejercicio del corretaje inmobiliario, es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta. Este organismo rector, no sólo nuclea a todos los profesionales inmobiliarios de la Provincia, sino también tiene el gobierno de la matrícula, y la potestad disciplinaria de sus colegiados, función que ejerce a través de su Tribunal de Ética y Disciplina.

En lo que refiere al cobro de honorarios, la normativa es clara en otorgar sólo éste derecho a quienes se encuentren matriculados en el colegio correspondiente, estableciendo que las personas no matriculadas no sólo carecen del derecho a exigir pago alguno a las partes contratantes, sino que tampoco pueden ejercer actos de corretaje ni de intermediación inmobiliaria.

Asimismo, y referido a esto último, el Código Penal de la Nación en su art. 247 prevé una sanción penal, a quienes ejercieren actos propios de una profesión para la que se requiere habilitación especial, sin poseer título o la autorización correspondiente, o sea sin encontrarse matriculados.

 

 

 

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