En Argentina la noticia pasó algo desapercibida, como pasa con casi todas las noticias relevantes. Tenemos un problema a la hora de dimensionar la seriedad de las cosas. Laura Serra en una columna en el diario "La Nación" detalla que, en su primer año de gestión, el presidente Alberto Fernández firmó 76 decretos de necesidad y urgencia (DNU), la cifra más alta desde el año 2003.
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En Argentina la noticia pasó algo desapercibida, como pasa con casi todas las noticias relevantes. Tenemos un problema a la hora de dimensionar la seriedad de las cosas. Laura Serra en una columna en el diario "La Nación" detalla que, en su primer año de gestión, el presidente Alberto Fernández firmó 76 decretos de necesidad y urgencia (DNU), la cifra más alta desde el año 2003.
¿No es eso socavar el rol del Congreso? Ante una situación como ésta, ¿no es lo mismo tenerlo cerrado? Si fuera cínico podría pensar que es mejor dejarlo así, operativo y funcionado pero vaciado de poder y que sirva solo para legitimar a un gobierno que maneja la excepción como norma escudado en la anormalidad que le otorga la excepcionalidad. Suerte que soy preguntón; no cínico. Lástima que la excepcionalidad hace demasiado tiempo que dejó de ser anormal.
El peligro del estado de excepción
Hace 30 años que vivimos en un estado de excepción. Desde el año 1991 que, amparados en las distintas crisis en las que indefectiblemente hemos caído ciclo tras ciclo, el Poder Ejecutivo es investido de poderes especiales, avalados por el Congreso año tras año. No es un recurso que solo fue usado por el presidente Alberto Fernández. Antes que él hizo uso de estos poderes especiales Mauricio Macri y antes que él, doce años de gobiernos kirchneristas. También Duhalde y mucho antes Menen, tras la crisis económica de 1989 y la híperinflación de 1991. Treinta años de crisis y de excepciones que avalan la excepcionalidad. Treinta años de anormalidad institucional.
Giorgio Agamben alerta sobre este peligro cuando apunta que "en Alemania en 1933, cuando el neo canciller Adolf Hitler, sin abolir de modo formal la Constitución de Weimar, declaró un estado de excepción que se prolongó durante doce años y que de hecho anuló las normas constitucionales que en apariencia seguían vigentes". Por supuesto no intento comparar ambos períodos históricos ni ambas situaciones. Ya lo anticipó Karl Marx: "la historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa". Aquella fue una gran tragedia; esta es una miserable farsa en un país periférico y subdesarrollado.
Farsa que, de todos modos, mata gente. Porque hay que desterrar el concepto de que sólo se mata personas por medio de la violencia explícita. También existe la violencia pasiva y solapada que mata con una exclusión vergonzante y silenciosa. Instaurando una pobreza extrema. Esa que crea sistemas de dependencia clientelista o mecanismos de inclusión perversa. También se puede matar por inoperancia. O con falta de educación. O por falta de educación. La falta de educación mata. O permitiendo la inseguridad. O peor aún: fomentándola; subvirtiendo valores elementales y allanando un camino directo hacia la barbarie.
Todo en pos de una ideología que, en lugar de estar al servicio de la sociedad y de su bienestar, solo está al servicio de intereses familiares, sectarios y económicos de grupos que solo buscan mantener el statu quo. Y en la que no pocos acólitos creen con fervor. Hans Morgenthau afirmó en "Una teoría política sobre la ayuda exterior" (2015): "En las sociedades subdesarrolladas, los grupos gobernantes, que obtienen su poder político en gran medida de su statu quo económico, suelen generalmente identificarse con aquellos intereses económicos que tienden a impedir que la ayuda exterior se use para un relativo desarrollo. La posesión y el control de la tierra cultivable, en muchas sociedades subdesarrolladas, es el fundamento del poder político. La reforma de la tierra y la industrialización son, en consecuencia, un ataque al statu quo político".
La consecuencia de querer perpetuar este statu quo es un capitalismo de amigos fácil de verificar en diversas operaciones de transferencia de poder de un grupo a otro. La venta de Edenor es apenas un ejemplo. Un "distribucionismo" entre amigos que asegura que aquellos que obtienen sus prebendas tengan tanto interés como el círculo del poder en mantenerlo y, si se puede, profundizarlo.
Pero para eso, hace falta una épica. Un relato. Algo a que aferrarse y que le de validez. Una máscara. Un disfraz. Una supuesta ideología que no existe como tal. El problema es cuando se confunde a este relato con la vida real.
Cuando el relato es la vida
No vivimos esa vida donde los jubilados y pensionados pierden poder adquisitivo y se retrasa la actualización de sus haberes respecto a la inflación. Donde se deprime la economía mientras crece el desempleo. Esa vida donde hay un ajuste en marcha y donde aumentan los precios de bienes y servicios. Donde se regula la actividad privada o se la asfixia con impuestos hasta matarla. Donde las empresas privadas extranjeras se van o son compradas o rescatadas por grupos económicos afines al gobierno. Esa vida donde la informalidad crece quitándole todavía más recursos al Estado, pero donde el Estado sigue creciendo y creciendo, emitiendo moneda y deuda de todo tipo para poder hacerlo.
Esa vida no es la vida real. Esa es una vida inventada por los medios y por algunos periodistas que “deberían ser atendidos por un psiquiatra”. Esa es una percepción equivocada de la vida diaria que vivimos y donde estamos todos equivocados. Donde nos dejamos llevar por la imaginación y por la perversión de los medios de comunicación masiva adversos. Según un estudio de la Fundación Ieral, la fórmula que aprobó el Congreso para la actualización de haberes jubilatorios y pensiones le significará un ahorro al Estado un ahorro de 98.000 millones de pesos respecto a la fórmula anterior. Como suelo repetir, la ideología puede servir para la tribuna, pero se descascara con mucha facilidad. Con datos. Apenas con una dosis de la más estricta realidad.
Una caída irrefrenable
Así como la Argentina ha caído de estar entre los primeros diez lugares medido en PBI per cápita en 1920, a terminar siendo un país subdesarrollado en tan solo cien años, la sociedad argentina está involucionando a la misma velocidad.
Un dirigente opaco como Eduardo Duhalde que accede a la presidencia en 2001 termina pareciendo casi un estadista en 2011 frente a las figuras que comenzaban a emerger en el primer kirchnerismo. El propio Kirchner parece un estadista si se lo compara con su mujer o con Alberto Fernández. Y, en esta caída libre moral e intelectual a la que estamos siendo sometidos, el propio Fernández terminará siendo una joya en el barro de la mediocridad que viene de la mano del emergente Máximo Kirchner.
Una vez instaurada la monarquía endogámica, imaginemos el nivel moral e intelectual de la descendencia por venir. La moraleja parecería ser: “no nos quejemos de lo que tenemos hoy ya que, en forma inexorable, el que viene (y lo que viene) sólo puede ser peor”. La entropía de la Argentina aumenta. Aumenta su caos, aumenta su disgregación económica, social, moral e intelectual. Y, en este proceso irreversible, disminuye su energía potencial. Su capacidad de recuperación.
¿Quién ordena a quién?
Wendy Brown, en su libro “El pueblo sin atributos”, introduce el concepto del homo oeconomicus. Para ella toda conducta es una conducta económica, y todas las nociones de existencia se miden en términos y medidas económicas, vaciando de todo valor y propósito todo aquello que no tenga un valor o un sentido económico. Crítica en extremo del neoliberalismo, no puede soslayar sin embargo una realidad. En esta clase de sociedades, casi todo el “mundo occidental” del que renegamos, la economía es el ordenador social de la actividad humana. La política, y los partidos políticos, se subordinan a la economía y al sistema institucional tanto sea para apoyarla, contenerla y regularla; como para oponérsele e intentar morigerar sus consecuencias.
Los casos de países donde la política somete en cambio a la economía son contados con los dedos de las manos y son, todos ellos, regímenes autoritarios o, en el mejor de los casos, democracias híbridas cuestionables. Quizás esté equivocado, pero no conozco ningún caso (aparte de algunas dictaduras africanas, de Corea del Norte, Rusia, Venezuela, Cuba y de países que pertenecen a esa liga), en los que la política se entienda y se acepte como una construcción de poder familiar y sectario como en Argentina.
Una política que se va corrompiendo y/o eliminando los mecanismos de balances necesarios entre los distintos poderes del Estado y en la que el poder ejecutivo interfiere con el poder judicial. O donde, como ya vimos, interfiere con el poder legislativo esquivándolo con DNUs o convirtiéndolo en una escribanía para revestirlos de cierta dosis de legalidad, pero evitando toda discusión sobre ellos.
Y estamos tan acostumbrados a esto -lo hemos naturalizado tanto- que no nos preguntamos por qué el gobierno del señor Alberto Fernández insiste en gobernar por decretos de necesidad y urgencia evitando toda discusión, menoscabando el ya vapuleado sistema democrático argentino y socavando a la república.
Sepamos que, sin una discusión de los temas seria, responsable, profunda, y que busque lograr con respeto acuerdos mínimos; la democracia también se menoscaba y se destruye desde dentro.
Hoy vivimos un momento de angustia social extrema. Por la incertidumbre impuesta por la pandemia. Por los duelos que muchas familias están haciendo; no hay manera de soslayar que nos vamos acercando a los 50.000 fallecimientos. Por la situación económica. Por el desempleo. Por la pobreza. Por la falta de educación. Por esa percepción, la más peligrosa y terrible de todas, de que todo lo que vendrá sólo puede ser peor. La sensación de no tener un mejor futuro acá.
Ante esta angustia se necesitan mensajes claros. No negación. Tampoco relato.
No creo que necesitemos ir a ver a un psiquiatra a rever nuestras percepciones equivocadas. Solo necesitamos líderes de verdad y que, todos, comencemos a entender que es una responsabilidad colectiva el proceso de construir una sociedad mejor.