El interventor de la localidad de Aguaray, Adrián Zigarán, en un intento de posicionarse como una especie de héroe que en el norte de la provincia se dedica a desbaratar bandas dedicadas al robo de estructuras del Estado nacional -gasoductos, torres de alta tensión y últimamente las vías y los durmientes que corresponden al Ramal C-15- logró el efecto contrario y recogió el repudio de vecinos de esa localidad. Por un canal televisivo de la Capital Federal, Zigarán hizo rimbombantes declaraciones y se refirió al último de sus supuestos descubrimientos: el robo de lo que fueron las vías del ferrocarril correspondiente al Ramal C-15 que parte desde Embarcación y llega hasta el límite con Bolivia, pero en jurisdicción del municipio de Aguaray, más precisamente de la comunidad Piquirenda, ubicada unos 15 kilómetros antes de la propia localidad.
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El interventor de la localidad de Aguaray, Adrián Zigarán, en un intento de posicionarse como una especie de héroe que en el norte de la provincia se dedica a desbaratar bandas dedicadas al robo de estructuras del Estado nacional -gasoductos, torres de alta tensión y últimamente las vías y los durmientes que corresponden al Ramal C-15- logró el efecto contrario y recogió el repudio de vecinos de esa localidad. Por un canal televisivo de la Capital Federal, Zigarán hizo rimbombantes declaraciones y se refirió al último de sus supuestos descubrimientos: el robo de lo que fueron las vías del ferrocarril correspondiente al Ramal C-15 que parte desde Embarcación y llega hasta el límite con Bolivia, pero en jurisdicción del municipio de Aguaray, más precisamente de la comunidad Piquirenda, ubicada unos 15 kilómetros antes de la propia localidad.
Zigarán manifestó a los medios que había descubierto el robo de rieles y durmientes del ramal C-15 y que los que se hacen ilícitamente de esas estructuras para venderlas como "lamparas", cuentan con la colaboración de las mismas comunidades, lo que generó indignación de muchos vecinos -criollos y aborígenes- que residen en esas comunidades y que nada tienen que ver en esas maniobras que llevan años y para nada recientes.
El inefable Zigarán, quien denunció el hecho en la comisaría local, dio detalles también de lo que fue el robo perpetrado el año pasado, de una torre de alta tensión que construía una empresa boliviana y que correspondía al denominado "Interconectado Juana Azurduy" mediante el cual Bolivia proveería de electricidad al norte de nuestro país; pero sin ningún pudor por la veracidad de sus declaraciones en la prensa nacional, Zigarán erró en los detalles, comenzando por quienes intervinieron en la investigación. Nombró al fiscal con jurisdicción en Salvador Mazza y Aguaray Armando Cazón, cuando en realidad toda la investigación y la condena de los tres imputados estuvo a cargo del juez federal de Orán Gustavo Montoya y del fiscal de ese fuero Luis Francisco Valencia, que llevó adelante la instrucción.
“En el caso del municipio de Aguaray, las que se mostraron son estructuras que están amontonadas, tiradas, apiladas hace años, más precisamente desde el verano del año 2007 cuando la correntada del río se llevó el puente ferroviario y acopiaron los durmientes y rieles”.
"Poco serio"
Juan Ángel Espinosa es un periodista de Aguaray que realiza en forma permanente diversas investigaciones en todo el norte de la provincia
Espinoza al referirse a las declaraciones del interventor de Aguaray dijo que "es poco serio y eso solo se le puede hacer creer a quienes no conocen el norte. El robo, el desmantelamiento del Ramal C-15 no comenzó cuando Zigarán vino de interventor, comenzó hace 30 años. Las vías ferroviarias no están desde Embarcación hasta Salvador Mazza hace décadas y solo queda uno que otro tramo. La gente ya vive hace años sobre el ramal" explicó el comunicador norteño.
Asentamientos sobre las vías ferroviarias
Espinoza precisó que Zigarán mandó fotos a periodistas de la capital de la provincia, quienes se las mandaron al canal de noticias TN y todos “se comieron el amague” porque no conocen la zona y es totalmente comprensible que los comunicadores que no son de acá se equivoquen; en el caso del municipio de Aguaray las que se mostraron son estructuras que están amontonadas, tiradas, apiladas hace años, más precisamente desde el verano del año 2007, cuando la correntada del río se llevó el puente ferroviario. Dos años más tarde, en febrero de 2009, el río hizo lo mismo pero en Tartagal”.
Espinoza recordó que “un poco antes del año 2015 como una especie de contención de los grupos de desocupados, el Gobierno de la Nación envió recursos para que limpien el ramal porque supuestamente iban a reconstruírlo y se iban a destinar millones de dólares para reactivarlo . No se hizo nada y sería imposible encarar un proyecto así porque la gente desde Ballivián hacia el norte hizo sus casas en los diferentes asentamientos sobre lo que alguna vez fueron los vías”.
Sobre el caso las torres de alta tensión
El interventor de Aguaray también se refirió en los medios nacionales al robo de una torre de alta tensión y brindó precisiones que fueron inexactas. Quien habló con El Tribuno con pleno conocimiento del tema fue el abogado penalista de Tartagal Juan Carlos Sánchez, apoderado legal de la empresa que construía la torre y quien recordó como se descubrió, se investigó y se condenó a los responsables. “En este tema no tuvo que ver ningún funcionario de ningún municipio. Esa torre que construyó una empresa de capitales bolivianos se la habían robado durante el fin de semana largo de carnaval entre los días 24 y 25 de febrero del año 2020. En ese lugar había unos puesteros a quienes les pagábamos para que cuiden. Nos avisaron que había máquinas y vehículos y varias personas que aprovecharon el fin de semana largo de carnaval, fuimos al lugar y nos dimos con la antena desmantelada. Formalizamos la denuncia, que fue investigada por el juez federal de Orán Gustavo Montoya, quien imputó y condenó a Esteban Medina, Walter Aranda y Fernando Saravia”.
Desviar la atención
“Zigarán declaró eso ante los medios que no tienen idea de cómo es la zona y la única realidad es que el interventor tiene tantos cuestionamientos por el presupuesto que le mandó al Concejo Deliberante para su aprobación, que no sabe a qué apelar para desviar la atención”, dijo Espinosa. De un presupuesto de 500 millones “destinó” 140 a obras de infraestructura para este pueblo, porque incluyó viviendas, pavimento, obras para las comunidades originarias y la verdad es que nadie en Aguaray cree que eso se vaya a concretar. Si nunca pudieron ayudar a la gente en la emergencia social del Chaco salteño al que Aguaray pertenece, si no pueden darle las mínimas condiciones al hospital para que funcione, ¿quien puede imaginar que van a ejecutar 140 millones solo en obras de infraestructura hasta que él se vaya?” se preguntó el comunica dor.