La presencia del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en Formosa dejó perfectamente en claro que el único motivo de su viaje fue el de legitimar a Gildo Insfrán.
Otro caso paradigmático que demuestra que la condición de “hijo de desaparecidos” no garantiza capacidad política, solidez ideológica ni jerarquía moral. Él llegó para investigar denuncias muy graves, cargadas de evidencias y, directamente, las descalificó politizándolas y haciendo referencia a un caso ocurrido en Río Negro en 2017, del que fue víctima un militante mapuche, pero que se encuentra en trámite legal. En cambio, la represión “sanitaria” contra los wichi en Formosa, ocurrida en estos días, para Pietragalla no es digna de atención.
La suya es una visión sesgada y degradada de los derechos humanos. Claro que Pietragalla tiene a su favor la “jurisprudencia” del oficialismo. El senador José Mayans hizo su aporte extraordinario: “En pandemia no hay derechos”, dijo. Cuando se dio cuenta del disparate intentó desdecirse, pero nadie le creyó, porque en boca de Mayans, Pietragalla y e Insfran el concepto de “derechos” tiene otro contenido. La privación de derechos en casos de conmoción es lo que, técnicamente, se define como “dictadura” desde el tiempo de la república romana.
Es llamativo que dirigentes de ideología conservadora y práctica clientelista cuenten con el amparo de la antropóloga Sabina Frederic, la ministra de Seguridad que celebró con Insfrán aquel “cierre de fronteras” que obligó a cientos de formoseños a esperar en el límite el permiso para llegar a su casa, hasta el punto que uno de ellos murió ahogado en las aguas del río Bermejo. Frederic aplaudió cuando el gobernador afirmó que “Formosa no es Argentina”. La lectura política que hacen Pietragalla y Mayans de las denuncias contra los abusos de poder en Formosa es un síntoma. La visión política, por definición, es el pensamiento de la realidad colectiva. Cuando solo se miran los intereses de las facciones es politiquería. Otra “jurisprudencia” que avala a Pietragalla la produjo en 2013 Luis D’Elía. El 10 de diciembre de ese año, mientras la entonces presidenta Cristina celebraba el aniversario de la democracia y los derechos humanos, en un acto encabezado por ella junto a Estela de Carlotto y Moria Casán, en distintos puntos del país murieron más de diez personas en saqueos. Con su estiló directo y sin matices, D’Elía comparó a esos muertos con los que se registraron en las movilizaciones contra Fernando de la Rua. “Aquellos luchaban contra el imperialismo; estos son enemigos del pueblo”, sentenció. Analizar de lejos lo que ocurre en la provincia del “mejor gobernador” -según el Presidente- no es simple. Pero la actitud de Pietragalla va de la mano del silencio atronador de Magdalena Odarda, la titular del INAI, acerca de la situación de los wichi formoseños. Del mismo modo que el organismo ignoró los ataques a los qom a lo largo de la década anterior y a partir de la muerte de Néstor Kirchner. O la indiferencia de la presidenta del Inadi, Victoria Donda, ante la detención de dos concejalas con fueros y que estaban cumpliendo su tarea de manifestar las quejas de los pacientes aislados por el doctor Insfran. Sí, doctor, porque Insfrán es veterinario.
En realidad, este escenario no deja de evocar momentos muy particulares. Las declaraciones de Mayans acerca de la extinción de los derechos recuerdan a Ángel Luque, padre de Guillermo y figura destacada en el caso del asesinato de María Soledad Morales: “Un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social. Y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si la hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más”. Esas declaraciones a Clarín, el 4 de abril de 1991 le valieron la pérdida inmediata de su banca de diputado nacional. Eran otros tiempos: en este nuevo peronismo, José Alperovich, denunciado por violencia machista, logró el amparo del oficialismo y goza de licencia. En 1991, Carlos Menem no tendió ninguna mano protectora para Luque ni para Ramón Saadi.
Las inconsistencias éticas e ideológicas terminan degradando y demoliendo a cualquier gobierno.
La pandemia tomó por sorpresa a todo el mundo. Pero en ninguna parte del mundo que se sepa se aplicó el método de Formosa. En la Argentina, particularmente, faltó una estrategia razonable y uniforme, entre otras cosas, por la falta de autoridad manifiesta del ministro Ginés González García. Pero lo más grave es la politización de la salud. Mayans defendiendo a Insfrán y atacando a Horacio Rodríguez Larreta pinta la imagen perfecta del naufragio.
Y se asemeja al dictador venezolano Nicolás Maduro, que luego del “pajarico” que se le aparecía y de los discursos políticos que dirigía a las vacas, ahora publicita a Carvativir, las “goticas milagrosas”, un medicamento mágico contra el coronavirus, garantizado por él mismo. El episodio de Formosa habla por sí solo. Es el síntoma de un país enfermo de polarización y mitologías, cuya pobreza crece desde hace 45 años y donde la sociedad que lo habita es incapaz de sentirse y funcionar como parte de una Nación, comprometida en un proyecto.
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La presencia del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en Formosa dejó perfectamente en claro que el único motivo de su viaje fue el de legitimar a Gildo Insfrán.
Otro caso paradigmático que demuestra que la condición de “hijo de desaparecidos” no garantiza capacidad política, solidez ideológica ni jerarquía moral. Él llegó para investigar denuncias muy graves, cargadas de evidencias y, directamente, las descalificó politizándolas y haciendo referencia a un caso ocurrido en Río Negro en 2017, del que fue víctima un militante mapuche, pero que se encuentra en trámite legal. En cambio, la represión “sanitaria” contra los wichi en Formosa, ocurrida en estos días, para Pietragalla no es digna de atención.
La suya es una visión sesgada y degradada de los derechos humanos. Claro que Pietragalla tiene a su favor la “jurisprudencia” del oficialismo. El senador José Mayans hizo su aporte extraordinario: “En pandemia no hay derechos”, dijo. Cuando se dio cuenta del disparate intentó desdecirse, pero nadie le creyó, porque en boca de Mayans, Pietragalla y e Insfran el concepto de “derechos” tiene otro contenido. La privación de derechos en casos de conmoción es lo que, técnicamente, se define como “dictadura” desde el tiempo de la república romana.
Es llamativo que dirigentes de ideología conservadora y práctica clientelista cuenten con el amparo de la antropóloga Sabina Frederic, la ministra de Seguridad que celebró con Insfrán aquel “cierre de fronteras” que obligó a cientos de formoseños a esperar en el límite el permiso para llegar a su casa, hasta el punto que uno de ellos murió ahogado en las aguas del río Bermejo. Frederic aplaudió cuando el gobernador afirmó que “Formosa no es Argentina”. La lectura política que hacen Pietragalla y Mayans de las denuncias contra los abusos de poder en Formosa es un síntoma. La visión política, por definición, es el pensamiento de la realidad colectiva. Cuando solo se miran los intereses de las facciones es politiquería. Otra “jurisprudencia” que avala a Pietragalla la produjo en 2013 Luis D’Elía. El 10 de diciembre de ese año, mientras la entonces presidenta Cristina celebraba el aniversario de la democracia y los derechos humanos, en un acto encabezado por ella junto a Estela de Carlotto y Moria Casán, en distintos puntos del país murieron más de diez personas en saqueos. Con su estiló directo y sin matices, D’Elía comparó a esos muertos con los que se registraron en las movilizaciones contra Fernando de la Rua. “Aquellos luchaban contra el imperialismo; estos son enemigos del pueblo”, sentenció. Analizar de lejos lo que ocurre en la provincia del “mejor gobernador” -según el Presidente- no es simple. Pero la actitud de Pietragalla va de la mano del silencio atronador de Magdalena Odarda, la titular del INAI, acerca de la situación de los wichi formoseños. Del mismo modo que el organismo ignoró los ataques a los qom a lo largo de la década anterior y a partir de la muerte de Néstor Kirchner. O la indiferencia de la presidenta del Inadi, Victoria Donda, ante la detención de dos concejalas con fueros y que estaban cumpliendo su tarea de manifestar las quejas de los pacientes aislados por el doctor Insfran. Sí, doctor, porque Insfrán es veterinario.
En realidad, este escenario no deja de evocar momentos muy particulares. Las declaraciones de Mayans acerca de la extinción de los derechos recuerdan a Ángel Luque, padre de Guillermo y figura destacada en el caso del asesinato de María Soledad Morales: “Un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social. Y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si la hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más”. Esas declaraciones a Clarín, el 4 de abril de 1991 le valieron la pérdida inmediata de su banca de diputado nacional. Eran otros tiempos: en este nuevo peronismo, José Alperovich, denunciado por violencia machista, logró el amparo del oficialismo y goza de licencia. En 1991, Carlos Menem no tendió ninguna mano protectora para Luque ni para Ramón Saadi.
Las inconsistencias éticas e ideológicas terminan degradando y demoliendo a cualquier gobierno.
La pandemia tomó por sorpresa a todo el mundo. Pero en ninguna parte del mundo que se sepa se aplicó el método de Formosa. En la Argentina, particularmente, faltó una estrategia razonable y uniforme, entre otras cosas, por la falta de autoridad manifiesta del ministro Ginés González García. Pero lo más grave es la politización de la salud. Mayans defendiendo a Insfrán y atacando a Horacio Rodríguez Larreta pinta la imagen perfecta del naufragio.
Y se asemeja al dictador venezolano Nicolás Maduro, que luego del “pajarico” que se le aparecía y de los discursos políticos que dirigía a las vacas, ahora publicita a Carvativir, las “goticas milagrosas”, un medicamento mágico contra el coronavirus, garantizado por él mismo. El episodio de Formosa habla por sí solo. Es el síntoma de un país enfermo de polarización y mitologías, cuya pobreza crece desde hace 45 años y donde la sociedad que lo habita es incapaz de sentirse y funcionar como parte de una Nación, comprometida en un proyecto.