La marcha se inició el pasado 18 desde la localidad norteña de Fortín Dragones, en el departamento San Martín, y está integrada por familias campesinas ubicadas en su mayoría a la vera de la ruta nacional 81. Según argumentan, presentarán al Gobierno de la Provincia un petitorio de 7 puntos. Los mismos están referidos al fin de los desalojos judiciales y extrajudiciales; mensuras y titularización de las tierras campesinas; obras de acceso al agua para la producción y para uso doméstico; infraestructuras intraprediales para el mejoramiento de la producción; apoyo a la juventud campesina para favorecer el arraigo rural; innovación tecnológica para la producción campesina y acceso a la vivienda digna, energía eléctrica y conectividad.
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La marcha se inició el pasado 18 desde la localidad norteña de Fortín Dragones, en el departamento San Martín, y está integrada por familias campesinas ubicadas en su mayoría a la vera de la ruta nacional 81. Según argumentan, presentarán al Gobierno de la Provincia un petitorio de 7 puntos. Los mismos están referidos al fin de los desalojos judiciales y extrajudiciales; mensuras y titularización de las tierras campesinas; obras de acceso al agua para la producción y para uso doméstico; infraestructuras intraprediales para el mejoramiento de la producción; apoyo a la juventud campesina para favorecer el arraigo rural; innovación tecnológica para la producción campesina y acceso a la vivienda digna, energía eléctrica y conectividad.
Las familias aseguran que la Justicia les ejecuta sus tierras o hace lugar a demandas de terratenientes con desalojos judiciales y extrajudiciales. Aseguran que la mayoría de los poseedores ancestrales no cuentan ni siquiera con la mensura de sus tierras y que avanza la concentración de las tierras en manos de pocas empresas agroexportadoras, en desmedro de las familias criollas. Protestan además por la multiplicación de los desmontes y el impacto que esto genera en las familias campesinas, tanto criollas como originarias.
A todo esto suman las prolongadas sequías, la reducción de los espacios de pastoreo y la degradación del monte nativo, lo que hace que los productores estén cada día más empobrecidos y que en la actualidad necesiten más que siempre del Estado provincial y Nacional para reactivar e innovar, y de esa manera seguir cumpliendo con la función de productores y proveedores de alimentos para los argentinos.
Comunicado del juzgado
A raíz de la multitudinaria marcha y sobre todo de los argumentos que los campesinos esgrimen, el juzgado Civil y Comercial N§ 1 de Tartagal informó que ese juzgado, a cargo de Griselda Nieto, tramita en la actualidad tres expedientes en esa situación: el de la familia Soraire y el de familias Torres.
En tanto los Juzgados de Personas y Familia Nº 1 y 2, a cargo de Claudia Yance y Carmen Juliá, respectivamente, tramitan numerosos expedientes de ese tipo, habiendo sido las magistrados llamadas a intervenir por recusación o excusación del juez Civil y Comercial N§ 1 (De Feudis).
Desde el pasado lunes se inició la marcha a pie por más de 360 kilómetros desde Fortin Dragones hasta Salta capital, bajo el lema “basta de desalojos contra familias campesinas”. Las familias solicitan que se ponga fin a los desalojos judiciales y extrajudiciales, que se permita el acceso a mensuras y la titularización de tierras campesinas. Son unas 100 personas que representan a mas de 300 familias de la zona.
En la causa que inició Gianfranco Macri (hermano del expresidente de la Nación) contra el campesino René Segovia, el juzgado decidió "hacer lugar a la acción instaurada, condenando a los demandados, René Tranquilino y Ramón Segovia a restituir a Gianfranco Macri la porción del inmueble rural que ocupan en puesto El Blanco, de 20 hectareas aproximadamente, de la matricula 3.498 de mayor extensión, ubicado en el departamento Rivadavia, Provincia de Salta, en su calidad de propietario en el plazo de 10 (diez) días de quedar firme la presente sentencia".
El documento judicial establece que "de la prueba aportada por las partes es posible colegir que es atendible lo solicitado por el actor (Macri)".
"Por el contrario -establece el documento- las contradicciones de los demandados en sus manifestaciones y la misma prueba aportada, y la falta de sustento de las manifestaciones de los testigos permiten concluir que los hechos expuestos por los mismos no tienen respaldo en la prueba producida, que indican una realidad en algunos aspectos verdaderamente distinta a la invocada por ellos, como ya fuera resaltado en esta sentencia. El actor no solo presentó su título de propiedad, sino que prueba quienes lo precedieron y como se produjo la cadena de transmisiones".
Otra de las causas
Otra de las causas que se tramitan en ese juzgado y por el mismo tema se corresponde con “la caducidad de instancia (esta vez Segovia pretende adquirir el inmueble por prescripción). En esa causa el juzgado precisa que “la última actuación idónea para impulsar el procedimiento fue el 27 de octubre de 2014, fecha en que la apoderada de la parte actora presenta la renuncia del mandato conferido y sin que se verifique actividad alguna posterior ni impedimento para ello, razón esta por lo que corresponde decretar la caducidad de la instancia. (Abril de 2019)”.
En esa causa el juzgado resolvió decretar la caducidad de las actuaciones.