El proyecto del Poder Ejecutivo para crear por ley un sistema de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo está destinado a incrementar el poder sindical en el desenvolvimiento de las empresas. No es más que un síntoma de la desorientación oficial sobre la magnitud de la crisis económica que nuestro país arrastra desde hace dos décadas. Así, el Gobierno añade otro indicio de su inclinación hacia el estatismo, el intervencionismo y las políticas anti empresarias.
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El proyecto del Poder Ejecutivo para crear por ley un sistema de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo está destinado a incrementar el poder sindical en el desenvolvimiento de las empresas. No es más que un síntoma de la desorientación oficial sobre la magnitud de la crisis económica que nuestro país arrastra desde hace dos décadas. Así, el Gobierno añade otro indicio de su inclinación hacia el estatismo, el intervencionismo y las políticas anti empresarias.
Invocando normas de la Organización Internacional del Trabajo, para las empresas con más de cien empleados se asignan a los comités mixtos, integrados en partes iguales por representantes de la compañía y de los gremios, facultades paritarias para elaborar e implementar medidas “para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable”. En las empresas más pequeñas, esas facultades recaerán en el delegado del personal.
El proyecto lleva la firma del presidente Alberto Fernández, quien lo justificó afirmando que “no hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo XXI”.
El último informe del Indec indica problemas mucho más graves y urgentes. La sociedad argentina, ha acumulado más del 40% de pobreza por ingresos y un 10% de indigencia; el censo de 2022 nos dirá cuál es la dimensión de pobreza estructural y de necesidades básicas insatisfechas en todo el territorio; a su vez, el desempleo real, considerando la precarización, la inestabilidad y el trabajo no registrado afectan a más del 50% de los trabajadores. Pasa por alto el presidente lo que ocurre con los sectores más relegados, que sobreviven con subsidios (que son limosnas); e infamias, como los talleres de trabajo esclavo, frente a los cuales ni el ministerio de Trabajo ni los sindicatos adoptan decisiones enérgicas.
La legislación argentina en materia de seguridad ambiental y resguardo de la salud de los trabajadores es abundante y completa, pero se aplica exclusivamente para el empleo registrado. Se busca ahora imponer un nuevo “sistema de derechos y responsabilidades” donde los sindicatos quedan en condiciones de intervenir en la toma de decisiones de una empresa. Es decir, asumir funciones que corresponden al directorio, a cuyo cargo están la administración, los costos, el financiamiento y el riesgo empresario. En el actual contexto nacional, supone establecer una suerte de comisariato sindical.
La ley impulsada por Fernández representa otra vuelta de rosca en la destrucción de la competitividad de la economía y de los estímulos a la inversión producti va.
En el Índice de Competitividad Global informado en diciembre de 2020 por el Foro Económico Mundial, nuestro país quedó en el puesto 36 sobre 41 naciones. Es decir, se ubica entre los más frágiles para enfrentar desafíos económicos.
Esto se debe a la incapacidad de las instituciones públicas para generar confianza y garantizar seguridad jurídica, a la existencia de un sistema tributario regresivo, y a las políticas arbitrarias que generan un déficit insostenible en materia de inversión.
Según el Ranking de Competitividad Mundial IMD 2021, que incluye los 64 países con economías más voluminosas, Argentina es el peor en materia de incentivos al inversor, legislación para desempleados, costo del capital, impuestos a las personas físicas proteccionismo y estabilidad macroeconómica.
El proyecto de comités mixtos nace de la urgencia del presidente por ganar el apoyo de la CGT en la fuerte lucha interna que desencadenada en el oficialismo.
La Argentina no puede seguir encadenada a caprichos circunstanciales. Solo se puede lograr mejor nivel de ingresos y empleo genuino fortaleciendo a las empresas. Todas las economías del siglo XXI lo demuestran. La iniciativa oficial añade mayor poder de presión de los sindicatos y multiplica condicionamientos negativos a un sistema productivo muy golpeado por la crisis estructural, ahora agravada por la pandemia. El intervencionismo, estatal o sindical, como el que habilita este proyecto de ley es incompatible con la urgencia del país por salir del laberinto en que está encerrado desde hace dos décadas.