El año 2021 se va cerrando y para los salteños y los argentinos en general, hay demasiados indicios de incertidumbre sobre el futuro. Esa incertidumbre se origina en las inseguridades que atraviesan a todas las generaciones acerca de sus ingresos, su trabajo, su estudio y su derecho a disfrutar de la vida lo mejor posible.
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El año 2021 se va cerrando y para los salteños y los argentinos en general, hay demasiados indicios de incertidumbre sobre el futuro. Esa incertidumbre se origina en las inseguridades que atraviesan a todas las generaciones acerca de sus ingresos, su trabajo, su estudio y su derecho a disfrutar de la vida lo mejor posible.
Las expresiones de deseos y las miradas autoexculpatorias no son un plan de gobierno ni un proyecto de provincia. Es necesario consolidar un liderazgo democrático.
La reforma de la Constitución salteña aprobada la semana pasada no ha cumplido con las expectativas generadas al convocarla. Dos puntos esenciales para corregir el clientelismo y la opacidad administrativa tuvieron apenas retoques cosméticos. La limitación de los mandatos en todos los cargos ejecutivos y legislativos debió explicitar que quienes hoy los ocupan deben considerar al actual como su primer mandato. Es decir, la Constitución va a permitir, al no prohibirlo, que el actual gobernador y los intendentes en funciones tengan dos reelecciones. Tampoco se adoptaron decisiones para que la alternancia de varones y mujeres quede asegurada, especialmente en el Senado.
Y el rechazo del oficialismo a los concursos de antecedentes y oposición para elegir auditores, así como la ambigedad en la definición de "oposición" para la conformación de la comisión de diputados que debe elegirlos muestra escasa voluntad por garantizar transparencia en el manejo de los dineros públicos.
La ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Verónica Figueroa, renunció a su cargo hace unos días porque a su cartera le asignaron un presupuesto exiguo. Todo una señal.
Salta ingresa al año 2022 en estado de vulnerabilidad: más de la mitad de la población de la provincia es pobre, según un informe elaborado por el prestigioso Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico, dependiente de la UNSa. La pobreza estructural se agudiza en los departamentos del norte de la provincia donde las necesidades básicas insatisfechas ubican al 60% de personas debajo de la línea de pobreza. Son las zonas con menor presencia efectiva del Estado y sin desarrollo económico.
Pero Salta no tiene un plan de desarrollo humano, que supone garantías de contención social a los sectores más castigados ni un proyecto educativo orientado a la formación profesional en función de las necesidades actuales de la producción y a la transformación tecnológica que se impondrá a la actividad productiva en las próximas décadas. De la crisis, por cierto, no se sale con la ayuda del Tesoro nacional sino con trabajo e inversión.
La ausencia de un proyecto de desarrollo se observa en la carencia de políticas productivas, que perentoriamente deben compatibilizar las necesidades ambientales y sociales, que hoy son requisitos insoslayables para la comercialización y la exportación, así como la estrategia de transporte de carga, que sigue encareciendo y restando competitividad al potencial agroindustrial de nuestra región.
La Provincia no va a salir adelante con la actitud pasiva y genuflexa que explicita el presupuesto provincial sancionado la semana pasada, inspirado en el que fue rechazado por falta de consistencia económica y lógica, en el Congreso: fracasó porque nadie pudo explicar de dónde saldrían los fondos para las obras de infraestructura prometidas (a cambio de votos); obras que, si llegan a las provincias, estarán sujetas a la discrecionalidad de que dispondrá el presidente, con o sin presupuesto, gracias a la subestimación de la inflación.
El gobierno nacional propone ahora un pacto fiscal que permita, por una parte, aumentar los impuestos provinciales.
Salta necesita mantenerse firme en defensa del trabajo y la producción genuinos. Con mayor presión impositiva sería una quimera. La pobreza no admite encandilarnos con el canto de sirenas. Las provincias no pueden resignarse a ser dependencias nacionales, esclavas de la voluntad del poder de turno.
No es lo que está previsto en la Constitución federal y, además, la historia enseña que solamente cuando los gobernadores han sabido defender lo que es nuestro, la sociedad y la economía estuvieron mejor.