La muerte apunta siempre con sus flechas infalibles al Chaco salteño donde los wichis y otras etnias soportan estoicamente la sed, el hambre y el olvido. El abandono sistemático revela la invisibilización histórica del Estado a la realidad de los pueblos originarios, lo que el actual Gobierno de Salta intentó enmendar declarando la emergencia sociosanitaria en los departamentos Rivadavia, Orán y San Martín en 2020, a semanas de haber asumido la gestión. Pero todos los esfuerzos resultaron insuficientes hasta ahora, al menos para observadores de la realidad como la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional, Marisa Graham; y el Defensor Adjunto, Juan Facundo Hernández, quienes presentaron un amparo en la Justicia de Salta por la situación de los niños de las comunidades originarias. El documento tiene 46 páginas con datos inquietantes y tristes de la realidad del Chaco salteño y, básicamente, ponen el acento en que "a casi dos años de la declaración de emergencia socio sanitaria, y en vistas al pronto inicio del período estival crítico para la zona, resulta imperioso que se lleven adelante todas las acciones necesarias para garantizar el acceso al agua segura y a la salud, a los fines de disminuir la cantidad de muertes evitables. Nos vemos en la obligación conforme al mandato legal de requerir la tutela jurisdiccional pertinente para que se garantice con urgencia la vida de las niñas y los niños. Se ha agotado la instancia de solicitud de información y en función de ello promovemos esta acción de amparo".
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La muerte apunta siempre con sus flechas infalibles al Chaco salteño donde los wichis y otras etnias soportan estoicamente la sed, el hambre y el olvido. El abandono sistemático revela la invisibilización histórica del Estado a la realidad de los pueblos originarios, lo que el actual Gobierno de Salta intentó enmendar declarando la emergencia sociosanitaria en los departamentos Rivadavia, Orán y San Martín en 2020, a semanas de haber asumido la gestión. Pero todos los esfuerzos resultaron insuficientes hasta ahora, al menos para observadores de la realidad como la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional, Marisa Graham; y el Defensor Adjunto, Juan Facundo Hernández, quienes presentaron un amparo en la Justicia de Salta por la situación de los niños de las comunidades originarias. El documento tiene 46 páginas con datos inquietantes y tristes de la realidad del Chaco salteño y, básicamente, ponen el acento en que "a casi dos años de la declaración de emergencia socio sanitaria, y en vistas al pronto inicio del período estival crítico para la zona, resulta imperioso que se lleven adelante todas las acciones necesarias para garantizar el acceso al agua segura y a la salud, a los fines de disminuir la cantidad de muertes evitables. Nos vemos en la obligación conforme al mandato legal de requerir la tutela jurisdiccional pertinente para que se garantice con urgencia la vida de las niñas y los niños. Se ha agotado la instancia de solicitud de información y en función de ello promovemos esta acción de amparo".
Ayudar a los wichis a cruzar la quebrada de la pobreza con proyectos verdaderos, tangibles y concretos para que pueden tener una vida mejor ha sido imposible para gobiernos, ONGs y particulares que, ejercitando la filantropía, han trotado montes mil veces llevando qué comer, qué beber y qué vestir a determinadas comunidades. Pero los originarios del Chaco salteño siguen parados sobre todas las necesidades más básicas insatisfechas.
En el amparo presentado los defensores solicitan "que se ordene la conformación de una mesa de articulación institucional tendiente a elaborar un plan de trabajo integral e intercultural coordinado y operativo que contemple la realización de medidas adecuadas, efectivas y suficientes para restituir y garantizar los derechos a la salud, a la vida y a un nivel de vida adecuado, de niñas, niños y adolescentes de comunidades indígenas de los departamentos Rivadavia, Orán y San Martín. Dicho Plan deberá contemplar objetivos y metas específicas y mensurables. La mesa deberá incluir la participación de representantes legítimos de las comunidades y los intendentes".
Desnutrición y muerte
En un análisis comparado el amparo alerta sobre que "en las zonas donde habitan poblaciones indígenas de la provincia las tasas de mortalidad infantil son sensiblemente más altas. En del departamento Rivadavia, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil asciende a 18,9 por mil nacidos vivos. En 2018 el Ministerio de Salud provincial registró a 1.640 niños y niñas de 0 a 5 años con desnutrición, de los cuales más de la mitad (768) se encuentran en la zona norte de la provincia. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud de Salta, en el primer cuatrimestre del 2020 se reportaron un total de 113 casos de mortalidad infantil en la región sanitaria norte. El 59% de estas muertes corresponde a los departamentos que nos ocupan, a saber: 30 (treinta) casos del departamento San Martín, 20 (veinte) del departamento Orán y 17 (diecisiete) del departamento Rivadavia. Para el tercer cuatrimestre de 2020 el Ministerio de Salud informa cuarenta y uno (41) niños fallecidos en los departamentos de la zona de referencia. Treinta y seis (36) niños fallecidos han sido reportados en la Zona Sanitaria Norte en el primer cuatrimestre 2021. Para junio 2021, según idéntica fuente y en la misma región, se registraron veintiún (21) niños menores de 1 año fallecidos y siete (7) niños, entre 1 y 5 años, fallecidos".
“La presión sobre el territorio, producto del desmonte y avance de la frontera agrícola, combinada con la inseguridad jurídica sobre la propiedad comunitaria, han reducido el acceso a una alimentación saludable”, manifiestan
Agrega sobre desnutrición: "En enero y febrero de 2020 se identificaron 855 niños y niñas entre 0 y 5 años con bajo peso, de los cuales ciento ocho (108) presentaban muy bajo peso. Particularmente en los departamentos San Martín y Rivadavia, según las estadísticas provinciales, en 2020 ciento setenta (170) niños, niñas o adolescentes se encontraban malnutridos con bajo peso. Para el segundo trimestre 2021, mil setecientos cuarenta y seis (1.746) niños menores de 6 años presentan alguna alteración antropométrica y nutricional. Entre ellos, el 37% corresponde a pueblos originarios, residiendo el 80% en los departamentos declarados en emergencia sociosanitaria. Para el segundo trimestre de 2021, entre los niños y niñas de 0 a 5 años que habitan en la Zona Sanitaria Norte (a la cual pertenecen Orán Rivadavia y San Martín), 7.543 tienen riesgo nutricional, 470 bajo peso y 44 muy bajo peso".
“No está garantizada el agua segura”
El amparo se refiere principalmente al agua: “El Ministerio de Desarrollo Social ha proporcionado información sobre obras tendientes a proveer de acceso al agua a comunidades de la zona. Entre ellas, informan sobre tres plantas potabilizadoras instaladas en articulación con el ejército, cuya utilización en el marco de la emergencia que implica el período estival no estaría aún garantizada, por cuanto requiere del pago de un elevado canon. Un convenio con el Enhosa para la construcción de cosechas de agua, ejecutado en un 20%; la compra de tinacos de agua con fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; la construcción de 10 pozos de agua, estando proyectados y pendientes la construcción de al menos 30 pozos más. Se ha estimado que, más allá de las obras proyectadas e inconclusas, se requerirían al menos 40 nuevos pozos para cubrir las necesidades de abastecimiento de agua de las comunidades de la zona. Resulta evidente que, dada la altura del año y visto el nivel de ejecución de las obras proyectadas informadas, no está garantizado el acceso a agua segura para las comunidades, escenario en el que, consecuentemente, resulta previsible que se registren nuevas muertes de niñas, niños y adolescentes por causas evitables”.
También hace hincapié en los caminos del “impenetrable”: “La accesibilidad a algunas de las comunidades resulta sumamente complicada todo el año. El deficiente o nulo mantenimiento de los caminos y vías de acceso a las mismas, combinada con el volumen de precipitaciones. deja, durante el período estival, a comunidades enteras completamente aisladas. A decir del presidente del Instituto Provincial de Vivienda de la Provincia de Salta, “hay lugares de difícil acceso, a las que solo se puede ingresar con camiones del Ejército”.