El caso de Lucio Dupuy en La Pampa alertó sobre la desprotección en la que están sumidos muchas veces los niños que, en silencio, atraviesan maltrato infantil. Ese velo ya se quitó en Salta con el caso Thiago. Sin embargo, las denuncias persistieron durante estos años y hasta incluso aumentaron.
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El caso de Lucio Dupuy en La Pampa alertó sobre la desprotección en la que están sumidos muchas veces los niños que, en silencio, atraviesan maltrato infantil. Ese velo ya se quitó en Salta con el caso Thiago. Sin embargo, las denuncias persistieron durante estos años y hasta incluso aumentaron.
Así lo reflejan estadísticas oficiales y especialistas lo relacionan al aumento de casos por la pandemia.
Según cifras de la Oficina de Violencia Familiar y de Género, durante los primeros seis meses del año se radicaron 2.381 denuncias por diferentes tipos de maltrato infantil. Esto arroja un promedio de 13 denuncias diarias. La alarmante cifra surge del relevamiento de los cuatro centros judiciales: Metán, Tartagal, Orán y Salta capital.
Si se tienen en cuenta los porcentajes que representan los niños, niñas y adolescentes (NNA) del total de víctimas de violencia de cada distrito, la incidencia de capital es mucho menor que en el interior. Es decir, se registra mayor maltrato infantil en el interior que en la capital. Por ejemplo, durante el primer trimestre del año las denuncias por maltrato infantil radicadas en Capital representaron el 13% del total de denuncias por violencia, en Orán fue del 15%, en Tartagal 17%, mientras que Metán encabezó con el 20%. Las diferencias continuaron durante el segundo trimestre del año.
Según funcionarias que trabajan con la problemática, es palpable el aumento en comparación al año pasado. “Hay un aumento significativo de violencia intrafamiliar. Seguramente esto está muy relacionado con la situación económica y social por la pandemia”, aseguró Rosa Araya, secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia.
Lo mismo observó Nora Quinteros, asesora de Menores e Incapaces 7. “Que sea mayor este año al año pasado es una consecuencia de la pandemia, del aislamiento, del tiempo en que los niños permanecieron en sus casas en situaciones de estrés para padres y niños”. Según la operadora de Justicia, la mayor cantidad de denuncias son por abusos sexuales. “Ahí le damos intervención a las fiscalías para que se investigue el delito”, explicó Quinteros.
Luego de las denuncias por abuso sexual infantil vienen las de maltrato y abandono, que son las situaciones en las que más interviene la Secretaría de Primera Infancia. “Maltrato físico, psicológico”, aclaró Araya, quien además advirtió la relación de los casos de abandono y maltrato con madres y padres adictos. “La mayoría de estas situaciones se dan cuando los progenitores tienen problemas de consumo”, detalló la funcionaria.
Según las estadísticas de la Oficina de Violencia Familiar, se observó un incremento durante el segundo trimestre en comparación a los tres primeros meses del año, lo que señala un aumento de las denuncias a la par del regreso progresivo a clases presenciales. Dato que, según las especialistas, se relaciona con el importante canal de denuncias que son los establecimientos educativos.
“Se debe al reingreso a las escuelas”, indicó Quinteros, quien destacó que las escuelas ahora trabajan con un protocolo de actuación para los supuestos de maltrato y abuso infantil. En tanto, la Secretaría de Primera Infancia destacó que esta intervención se debe a “que las personas que rodean la cotidianidad de un niño pueden detectar esa situación y pueden denunciarla donde corresponde”.
Por su lado la asesora de Incapaces advirtió, además, nuevas situaciones que conllevan a denuncias. ”Se observa mucho la vulneración al derecho a la educación, porque hay padres que no mandan a sus hijos a la escuela por miedo. Y, obviamente, la escuela que redobló su esfuerzo para el regreso en muchos casos da intervención al Ministerio Público Fiscal”, contó.
El abordaje conjunto, según casos
Al haber maltrato psicológico o emocional trabaja la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia junto a las Asesorías de Menores e Incapaces y juzgados de Violencia de Género, mediante un equipo para conocer el contexto socioeconómico del niño. Si la situación es de riesgo se recurre a otro familiar para el cuidado del niño. En caso de no haberlo, como “última opción y provisoriamente”, se lo envía a hogar estatal. Si el caso supone a su vez un delito, intervienen fiscalías y juzgados de fa milia.