En una audiencia solicitada por el fiscal federal Carlos Martín Amad el juez federal de Garantías 2, Miguel Medina, hizo lugar a la imputación planteada por el Ministerio Público Fiscal, como así también aceptó el pedido de prisión preventiva requerido para ambos acusados del transporte de estupefacientes.
inicia sesión o regístrate.
En una audiencia solicitada por el fiscal federal Carlos Martín Amad el juez federal de Garantías 2, Miguel Medina, hizo lugar a la imputación planteada por el Ministerio Público Fiscal, como así también aceptó el pedido de prisión preventiva requerido para ambos acusados del transporte de estupefacientes.
Se trata de M.C.B., de nacionalidad boliviana, y H.A.R., argentino, residentes de la localidad mendocina de Guaymallén, quienes fueron detenidos el 31 de enero, a las 0.15, en un puesto de control de Gendarmería Nacional, ubicado en el cruce de las rutas 30 y 16, en la localidad de Joaquín V. González, a 213 kilómetros de la capital salteña.
Al presentar el caso, Amad dio detalles del procedimiento realizado por una patrulla de gendarmes, del Escuadrón 45, quienes detuvieron el automóvil en el que se movilizaban los acusados, el cual era conducido por R. Indicó que el vehículo, marca Chevrolet Prisma, circulaba de norte a sur procedente de Orán. Al ser interrogados respecto a su destino, informaron que iban hacia Salta, lo que llamó la atención, pues no lo hacían en la dirección correcta, sino iban hacia Metán, al sur de la provincia.
Al advertir esta incongruencia, los gendarmes procedieron a un control más riguroso, lo que generó nerviosismo tanto en el conductor como en el pasajero. En seguida, señaló Amad, los gendarmes notaron que al bajar un bolso de mano, perteneciente al pasajero, tenía un peso excesivo. Asimismo, se detectó una irregularidad en la documentación del vehículo, por lo que se solicitó autorización judicial para trasladar el rodado a la base en Joaquín V. González, donde, ya con la presencia de testigos civiles, se extrajo del bolso tres paquetes de cocaína con un peso total de 3 kilos 235 gramos.
Tras nombrar las pruebas reunidas, el fiscal solicitó la formalización de la investigación penal por el delito de transporte de estupefacientes, como así también solicitó un plazo de investigación de 25 días y autorización para avanzar con las pericias técnicas pendientes, entre ellas las dispuesta en torno a un teléfono celular secuestrado a uno de los acusados.
En su defensa, el chofer, asistido por el defensor público Agustín Mogaburu, aseguró que fue contratado por el otro imputado para realizar el viaje por un monto de 10 mil pesos, propuesta que aceptó sin conocer que el pasajero iba a buscar droga. Dio detalles del viaje, la ruta que tomó y los gastos realizados. Indicó que viajaron sin ingresar a localidades o ciudades, y que solo se detuvieron un par de horas para dormir en una estación de servicio, siendo guiado en todo momento por el otro hombre.
Agregó que, al llegar a Orán, en las afueras, el pasajero se marchó por poco más de media hora, tras lo cual regresó y en seguida emprendieron el regreso, sin conocer que aquél llevaba los paquetes con cocaína en el bolso de mano.
En base al relato, su defensor solicitó la prisión domiciliaria de su defendido, a quien consideró ajeno a la maniobra.