De acuerdo con la ley 7.103, la Sindicatura General de la Provincia tendría que aplicar "un modelo de control integral e integrado" sobre aspectos contables, presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión de los organismos provinciales. También debería "fundarse en criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia" para evaluar programas, proyectos y operaciones gubernamentales.
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De acuerdo con la ley 7.103, la Sindicatura General de la Provincia tendría que aplicar "un modelo de control integral e integrado" sobre aspectos contables, presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión de los organismos provinciales. También debería "fundarse en criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia" para evaluar programas, proyectos y operaciones gubernamentales.
Para cumplir esas finalidades, el organismo se supone investido "de la potestad de auditoría y fiscalización interna con autonomía funcional, administrativa y financiera".
En los hechos, sin embargo, el control de los organismos del Estado es ejercido a través de las llamadas Unidades de Sindicatura Interna (USI), cuyos auditores son nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los ministros y titulares de las jurisdicciones o entidades a las que, justamente, deben controlar.
¿Qué independencia y autonomía puede tener un auditor cuya permanencia en el cargo depende del funcionario superior que sostiene su nombramiento? Ante el insalvable obstáculo, que resalta en el artículo 28 de la ley 7.103, un jurista consultado por El Tribuno consideró indispensable corregir la norma.
Otra pregunta que espera respuestas de la Convención concierne a los mecanismos que necesitan ajustes para garantizar que los cargos de jueces, fiscales, defensores o auditores sean ocupados por los aspirantes más probos e idóneos.
En este punto, viene al caso recordar que el actual secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, como diputado del Frente Plural, reimpulsó en 2019 una modificación de la ley 7.103 para que los auditores generales fueran seleccionados mediante concursos públicos de antecedentes y oposición. El proyecto, que buscaba anteponer criterios técnicos y profesionales a los partidarios, o de pertenencia, chocó con una pared en la Legislatura.
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