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COVID-19: las juezas y jueces de la Corte de Justicia aseguran que no se vacunaron

Ante publicaciones que aseveran que sus integrantes habrían recibidos dosis contra el coronavirus, informaron que no lo hicieron. Y ratificaron la importancia de respetar el cronograma de distribución.
Jueves, 25 de febrero de 2021 19:34

La Corte de Justicia de Salta, ante publicaciones que aseveran que sus integrantes habrían sido vacunados contra el COVID-19 informa lo siguiente:

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La Corte de Justicia de Salta, ante publicaciones que aseveran que sus integrantes habrían sido vacunados contra el COVID-19 informa lo siguiente:

    Las juezas y los jueces de la Corte de Justicia no han recibido la vacuna contra el COVID-19, que se está aplicando de acuerdo a un cronograma establecido por las autoridades sanitarias de la Provincia y la Nación. 

    No fueron realizadas gestiones institucionales desde la Corte de Justicia que hubieran priorizado a magistradas/os, funcionarias/os, profesionales, técnicas/os y empleadas/os frente al resto de la sociedad.

    Ratifican la importancia de respetar el cronograma de distribución que prioriza al personal de salud, mayores y en esta nueva instancia al personal de las instituciones educativas.

    En ese orden, destacan también la trascendencia de respetar los principios de equidad, igualdad y gradualidad en la aplicación de las dosis de acuerdo a los grupos establecidos.

    Puntualiza la Corte de Justicia que resulta menester que se contribuya a crear la confianza necesaria en el sistema.

    En virtud de las graves circunstancias aludidas, fue requerida oficialmente información al Ministerio de Salud Pública respecto a las vacunas que se hubieran enviado a la Ciudad Judicial y con qué destino, a fin de practicar las actuaciones que por ley correspondan.

    Destaca la necesidad de combatir la pandemia causada por el COVID-19, entre todos y con absoluta seriedad, sin hechos o conductas que perjudiquen a las personas a las que debe garantizarse el orden de prioridad, pues ello constituye infracciones gravísimas a las leyes del Estado, por ante los deberes asumidos para con la sociedad.

    Todo ello en el entendimiento que la transparencia sólo puede garantizarse mediante la debida y veraz comunicación de los actos públicos.

    En definitiva, la salud pública requiere en estas circunstancias del compromiso individual y colectivo.

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