En muy pocos aspectos podrían ponerse de acuerdo el presidente Alberto Fernández con su par brasileño, Jair Bolsonaro, pero si algo los une es la inquina contra el laboratorio Pfizer.
En Argentina se dio el hecho insólito de que el Estado nacional, por intermedio del Ministerio de Defensa, puso a disposición el Hospital Militar para que el laboratorio multinacional en conjunto con Biontech realizara ensayos clínicos para testear la efectividad de la vacuna contra el coronavirus en fase 3.
Cerca de 4.500 voluntarios participaron de las pruebas, que se completaron, con la expectativa de que Pfizer le otorgaría preferencias a Argentina. Pero luego el gigante farmacéutico estadounidense endureció su posición comercial y dejó pedaleando en el aire al Gobierno argentino.
El entonces ministro de Salud Ginés González García, hablaría de “condiciones inaceptables” por parte de Pfizer.
Lo mismo ocurrió en Brasil, que albergó pruebas de experimentación para la vacuna de Pfizer sin poder hacer un usufructo posterior. “Han sido más duros que nosotros”, admitió Bolsonaro, quien advirtió que la compañía farmacéutica requirió una “cláusula” que la exime de “toda responsabilidad” ante “posibles efectos colaterales” de su fórmula. Indemnidad absoluta contra cualquier reclamo civil en la Justicia.
Una investigación periodística del Bureau of Investigative Journalism publicada en el sitio Ojo Público de Perú reveló que en Argentina y Brasil, Pfizer exigió que los activos soberanos de esos estados se pusieran como garantía para cubrir posibles costos futuros.
El concepto de “activos soberanos” es amplio y abarca desde edificios de embajadas y consulados, pasando por bases militares, hasta reservas internacionales de valor.
En la Argentina, Pfizer fue más lejos y llegó a pedir al Gobierno que contratara un seguro internacional para afrontar posibles casos futuros contra la empresa. Ese pedido fue aceptado a regañadientes. Inclusive se le ofreció pagar por adelantado millones de dosis.
En otra concesión, el Gobierno hizo votar una ley en el Congreso que garantizaba la indemnidad del laboratorio ante cualquier reclamo futuro por efectos adversos. Pero la exigencia de poner como garantía los activos soberanos fue la gota que pateó la mesa de negociaciones.
Ningún otro laboratorio internacional se atrevió a plantear este tipo de condicionamientos a los países de Latinoamérica. A diferencia de Argentina y Brasil, otros países del continente sí avanzaron con la vacuna de Pfizer, y se desconoce si los términos del contrato incluyeron esas mismas cláusulas abusivas: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.
“Intimidación de alto nivel”, fue la caracterización que un funcionario utilizó para describir el modus operandi de Pfizer, según reproduce Ojo Público.
El abuso de poder tiene que ver con que la vacuna contra el coronavirus es un bien que escasea en el mundo, y por eso Pfizer se puede dar el lujo de exigir condiciones que van más allá de cualquier parámetro ético.
inicia sesión o regístrate.
En muy pocos aspectos podrían ponerse de acuerdo el presidente Alberto Fernández con su par brasileño, Jair Bolsonaro, pero si algo los une es la inquina contra el laboratorio Pfizer.
En Argentina se dio el hecho insólito de que el Estado nacional, por intermedio del Ministerio de Defensa, puso a disposición el Hospital Militar para que el laboratorio multinacional en conjunto con Biontech realizara ensayos clínicos para testear la efectividad de la vacuna contra el coronavirus en fase 3.
Cerca de 4.500 voluntarios participaron de las pruebas, que se completaron, con la expectativa de que Pfizer le otorgaría preferencias a Argentina. Pero luego el gigante farmacéutico estadounidense endureció su posición comercial y dejó pedaleando en el aire al Gobierno argentino.
El entonces ministro de Salud Ginés González García, hablaría de “condiciones inaceptables” por parte de Pfizer.
Lo mismo ocurrió en Brasil, que albergó pruebas de experimentación para la vacuna de Pfizer sin poder hacer un usufructo posterior. “Han sido más duros que nosotros”, admitió Bolsonaro, quien advirtió que la compañía farmacéutica requirió una “cláusula” que la exime de “toda responsabilidad” ante “posibles efectos colaterales” de su fórmula. Indemnidad absoluta contra cualquier reclamo civil en la Justicia.
Una investigación periodística del Bureau of Investigative Journalism publicada en el sitio Ojo Público de Perú reveló que en Argentina y Brasil, Pfizer exigió que los activos soberanos de esos estados se pusieran como garantía para cubrir posibles costos futuros.
El concepto de “activos soberanos” es amplio y abarca desde edificios de embajadas y consulados, pasando por bases militares, hasta reservas internacionales de valor.
En la Argentina, Pfizer fue más lejos y llegó a pedir al Gobierno que contratara un seguro internacional para afrontar posibles casos futuros contra la empresa. Ese pedido fue aceptado a regañadientes. Inclusive se le ofreció pagar por adelantado millones de dosis.
En otra concesión, el Gobierno hizo votar una ley en el Congreso que garantizaba la indemnidad del laboratorio ante cualquier reclamo futuro por efectos adversos. Pero la exigencia de poner como garantía los activos soberanos fue la gota que pateó la mesa de negociaciones.
Ningún otro laboratorio internacional se atrevió a plantear este tipo de condicionamientos a los países de Latinoamérica. A diferencia de Argentina y Brasil, otros países del continente sí avanzaron con la vacuna de Pfizer, y se desconoce si los términos del contrato incluyeron esas mismas cláusulas abusivas: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.
“Intimidación de alto nivel”, fue la caracterización que un funcionario utilizó para describir el modus operandi de Pfizer, según reproduce Ojo Público.
El abuso de poder tiene que ver con que la vacuna contra el coronavirus es un bien que escasea en el mundo, y por eso Pfizer se puede dar el lujo de exigir condiciones que van más allá de cualquier parámetro ético.
Más de 5 mil nuevos casos
El Ministerio de Salud de la Nación informó que otras 92 personas murieron y 5.083 fueron registradas con coronavirus en las últimas 24 horas
Con las cifras oficiales informadas anoche, el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia se elevó a 51.887, en tanto que los infectados llegaron a 2.098.728, de los cuales 1.892.834 son pacientes recuperados y 154.007 confirmados activos.
La cartera de Salud precisó que son 3.475 los internados en unidades de terapia intensiva (UTI), con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,1% en el país y del 60,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.