En enero último, tras un juicio abreviado, la Justicia Federal de Salta condenó a una pareja por el delito de trata y decomisó una vivienda de la zona de El Bajo donde más una decena de mujeres eran explotadas sexualmente.
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En enero último, tras un juicio abreviado, la Justicia Federal de Salta condenó a una pareja por el delito de trata y decomisó una vivienda de la zona de El Bajo donde más una decena de mujeres eran explotadas sexualmente.
La sentencia del caso, que investigó el fiscal Eduardo Villalba, fue dictada por el juez Miguel Medina apenas un mes después de que la fiscalía formalizara la acusación contra los dueños de la casa que era usada como prostíbulo y otras tres mujeres imputadas.
El principal implicado fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión y su pareja, a tres años de ejecución condicional.
El decomiso del inmueble de Astigueta 612, en la zona sur de la capital salteña, se encuadró en las disposiciones de los artículos 23 del Código Penal y 310 del Código Procesal Penal Federal, como así también en la resolución 99/09 de la Procuración General de la Nación.
En la investigación, iniciada el 30 de octubre de 2019, fueron determinantes tareas de inteligencia que llevó adelante la División Trata de Personas de la Policía de Salta e intervenciones telefónicas. El 29 de noviembre, en una serie de allanamientos, fueron detenidas tres mujeres y se secuestraron elementos de prueba.
En el caso también tuvieron una activa intervención la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, y profesionales del Ministerio Público Fiscal que acompañaron al equipo de la fiscalía en los allanamientos y en la asistencia psicológica a las víctimas.
Las tres mujeres que fueron detenidas en los procedimientos declararon que todas las semanas debían reunir una determinada suma de dinero (unos $6.000) exigida por los dueños del inmueble.
Los acusados acogían en su vivienda a mujeres mayores de edad, con la finalidad de ser explotadas, aprovechando sus necesidades económicas que las tornaban vulnerables, bajo la amenaza de ser desalojadas.
En este caso, como en otra resonante investigación dirigida por el fiscal federal Ricardo Toranzos, se evidenciaron las nuevas estrategias con que las redes de trata explotan a víctimas vulnerables bajo veladas formas de violencia y extorsión.
A la par del coronavirus, en efecto, se propagó la llamada "trata blanda". Como bien remarcan especialistas, no siempre hay víctimas esposadas o encarceladas en las redes desbaratadas. Muchas mujeres no llegan a percibir la explotación a que son sometidas como un daño irreparable, aunque su paso por el sistema prostibulario les deja secuelas físicas y psicológicas imborrables.
Tres personas, a juicio
Días atrás, el fiscal federal Toranzos pidió juicio para tres integrantes de una familia que captaban mujeres jóvenes, de 18 a 25 años, que eran explotadas sexualmente a través de un sistema de citas o "escort".
El juez federal de revisión, Santiago French, hizo lugar a la acusación y la causa quedó a un paso de la sentencia.
La investigación se inició el 22 de mayo de 2020 a partir de la denuncia de dos mujeres.