En un clima de inestabilidad y con muy pocas perspectivas alentadoras, el ministro de Economía Martín Guzmán centra su gestión en la refinanciación de la deuda externa. El año pasado tuvo un resultado exitoso en la larga negociación los acreedores privados, y ahora necesita extender al máximo los plazos de la deuda de U$S 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
Honrar la deuda es un imperativo, porque el incumplimiento se traduce en default, y el país no tiene margen para correr ese riesgo. Para poder pagar, hace falta un cambio de criterios económicos, de manera que se pueda empezar a salir de la recesión. Esa idea no aparece con claridad en el horizonte. No la ayudan los discursos oficiales, ni la predisposición a gravar arbitrariamente al capital con capacidad productiva ni la utilización del gasto como una fuente inagotable de recursos.
Nada es gratis, porque siempre alguien paga. En la conmemoración del 24 de mayo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que “no podemos pagar, porque no tenemos plata”. Es cierto, pero lo que está negociando el gobierno son justamente los plazos para un préstamo con tasas mínimas que se tomó en 2018 para evitar el default con los acreedores privados. Hoy, la Argentina carece de acceso al crédito externo y debe afrontar los gastos extraordinarios que impone la pandemia.
La crisis fiscal es el resultado de dos décadas de tropiezos, dentro de las que se destacan el colapso de 2001 y la política de endeudamiento interno iniciada en 2011, cuando el gasto público pasó del 24% al 42% del PBI. Porque la deuda nace del déficit y este, de la caída de la producción. El endeudamiento actual equivale al 100% de PBI. Y este es un callejón oscuro al que hay que encontrarle la salida.
El Fondo Monetario es una institución destinada a colaborar en el equilibrio de las cuentas de los países asociados, va a exigir garantías y va a monitorear su cumplimiento. Esas garantías, que son la certeza de que el deudor va a pagar, suponen reducción del gasto público y perspectivas de crecimiento económico. Para el Instituto Patria, esos requisitos del Fondo son “incumplibles y humillantes”. La sorpresiva irrupción de Cristina Kirchner responde, entre otras cosas, a su intención de romper con Estados Unidos y retomar los vínculos con la dictadura venezolana, un paradigma del estatismo irresponsable y violento. No se trata solo de la deuda, sino que busca imponer un sendero sinuoso, que nos lleve a romper nuestras alianzas tradicionales y nos acerque a potencias autoritarias, China y Rusia, con un beneficio, por ahora, hipotético y probablemente ilusorio.
La calidad de vida y el ingreso per cápita de los pueblos no son obra de milagros ideológicos, sino de la inversión, el ahorro, el trabajo y la modernización tecnológica. La disciplina fiscal es lo que puede garantizar esos beneficios para la ciudadanía. Ningún estadista debe desconocer esta evidencia. El gasto público es imprescindible para la provisión de servicios esenciales y desarrollo de infraestructura. Cuando el Tesoro gasta sin límite como paliativo para una economía ineficiente, solo agrava esa ineficiencia.
El Gobierno nacional debe negociar con el FMI planteando la cruda realidad del país y omitiendo la insinuación de la vice acerca de que “la deuda la tomaron otros”. La deuda la tomó el Estado. Y el Estado, con este y con cualquier gobierno, tiene las mismas obligaciones.
Alberto Fernández y Guzmán están obligados a brindar las garantías que se acuerden con el organismo; entre ellas, deben precisar cuál es el camino que piensan emprender para incrementar el ingreso, tonificar el PBI, diversificar la producción y acelerar el crecimiento del empleo.
El país está muy mal. La negociación debe ofrecer las mejores condiciones, con plazos compatibles con la magnitud de la crisis, cuya solución llevará muchos tiempo. Nuestro gobierno debe brindar definiciones precisas sobre el futuro, que son esperadas por el FMI y por los potenciales inversores de dentro y fuera del país. Honrar los compromisos fortalece la confiabilidad y la seguridad jurídica. Las ilusiones ideológicas las destruyen.
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En un clima de inestabilidad y con muy pocas perspectivas alentadoras, el ministro de Economía Martín Guzmán centra su gestión en la refinanciación de la deuda externa. El año pasado tuvo un resultado exitoso en la larga negociación los acreedores privados, y ahora necesita extender al máximo los plazos de la deuda de U$S 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
Honrar la deuda es un imperativo, porque el incumplimiento se traduce en default, y el país no tiene margen para correr ese riesgo. Para poder pagar, hace falta un cambio de criterios económicos, de manera que se pueda empezar a salir de la recesión. Esa idea no aparece con claridad en el horizonte. No la ayudan los discursos oficiales, ni la predisposición a gravar arbitrariamente al capital con capacidad productiva ni la utilización del gasto como una fuente inagotable de recursos.
Nada es gratis, porque siempre alguien paga. En la conmemoración del 24 de mayo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que “no podemos pagar, porque no tenemos plata”. Es cierto, pero lo que está negociando el gobierno son justamente los plazos para un préstamo con tasas mínimas que se tomó en 2018 para evitar el default con los acreedores privados. Hoy, la Argentina carece de acceso al crédito externo y debe afrontar los gastos extraordinarios que impone la pandemia.
La crisis fiscal es el resultado de dos décadas de tropiezos, dentro de las que se destacan el colapso de 2001 y la política de endeudamiento interno iniciada en 2011, cuando el gasto público pasó del 24% al 42% del PBI. Porque la deuda nace del déficit y este, de la caída de la producción. El endeudamiento actual equivale al 100% de PBI. Y este es un callejón oscuro al que hay que encontrarle la salida.
El Fondo Monetario es una institución destinada a colaborar en el equilibrio de las cuentas de los países asociados, va a exigir garantías y va a monitorear su cumplimiento. Esas garantías, que son la certeza de que el deudor va a pagar, suponen reducción del gasto público y perspectivas de crecimiento económico. Para el Instituto Patria, esos requisitos del Fondo son “incumplibles y humillantes”. La sorpresiva irrupción de Cristina Kirchner responde, entre otras cosas, a su intención de romper con Estados Unidos y retomar los vínculos con la dictadura venezolana, un paradigma del estatismo irresponsable y violento. No se trata solo de la deuda, sino que busca imponer un sendero sinuoso, que nos lleve a romper nuestras alianzas tradicionales y nos acerque a potencias autoritarias, China y Rusia, con un beneficio, por ahora, hipotético y probablemente ilusorio.
La calidad de vida y el ingreso per cápita de los pueblos no son obra de milagros ideológicos, sino de la inversión, el ahorro, el trabajo y la modernización tecnológica. La disciplina fiscal es lo que puede garantizar esos beneficios para la ciudadanía. Ningún estadista debe desconocer esta evidencia. El gasto público es imprescindible para la provisión de servicios esenciales y desarrollo de infraestructura. Cuando el Tesoro gasta sin límite como paliativo para una economía ineficiente, solo agrava esa ineficiencia.
El Gobierno nacional debe negociar con el FMI planteando la cruda realidad del país y omitiendo la insinuación de la vice acerca de que “la deuda la tomaron otros”. La deuda la tomó el Estado. Y el Estado, con este y con cualquier gobierno, tiene las mismas obligaciones.
Alberto Fernández y Guzmán están obligados a brindar las garantías que se acuerden con el organismo; entre ellas, deben precisar cuál es el camino que piensan emprender para incrementar el ingreso, tonificar el PBI, diversificar la producción y acelerar el crecimiento del empleo.
El país está muy mal. La negociación debe ofrecer las mejores condiciones, con plazos compatibles con la magnitud de la crisis, cuya solución llevará muchos tiempo. Nuestro gobierno debe brindar definiciones precisas sobre el futuro, que son esperadas por el FMI y por los potenciales inversores de dentro y fuera del país. Honrar los compromisos fortalece la confiabilidad y la seguridad jurídica. Las ilusiones ideológicas las destruyen.