Una nueva controversia jurídica asoma entre jueces y fiscales, esta vez en relación al escándalo de la denominada banda de “Los Intocables”, que fue descubierta dentro del Registro Civil de Salta y que operaba con la venta ilegal de actas oficiales de la institución, en una aceitada maniobra que involucró inicialmente a por lo menos cinco personas, todas vinculadas a la sede del Registro Civil en la capital salteña. Pese al despliegue del operativo que incluyó allanamientos y detenciones, en las últimas horas, el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, ordenó la prisión domiciliaria de los cinco acusados que estaban detenidos e incomunicados en la Alcaidía, lo que volvió a confrontar las posturas de fiscales y jueces en torno a las investigaciones y resultados del proceso.
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Una nueva controversia jurídica asoma entre jueces y fiscales, esta vez en relación al escándalo de la denominada banda de “Los Intocables”, que fue descubierta dentro del Registro Civil de Salta y que operaba con la venta ilegal de actas oficiales de la institución, en una aceitada maniobra que involucró inicialmente a por lo menos cinco personas, todas vinculadas a la sede del Registro Civil en la capital salteña. Pese al despliegue del operativo que incluyó allanamientos y detenciones, en las últimas horas, el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, ordenó la prisión domiciliaria de los cinco acusados que estaban detenidos e incomunicados en la Alcaidía, lo que volvió a confrontar las posturas de fiscales y jueces en torno a las investigaciones y resultados del proceso.
El tema vuelve a colocar frente a la opinión pública el trabajo de jueces y fiscales a la hora de merituar, desde la técnica jurídica, las decisiones de uno y otro sector, que en relación a este caso incluyó pruebas irrefutables sobre las maniobras fraudulentas y del alta corrupción dentro del un organismo clave del Estado.
Los integrantes de la banda fueron detenidos el jueves último, en el mismo Registro Civil, luego de una serie de allanamientos que fueron autorizados por el juez Colombo, pero 48 horas después el magistrado otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria para los cinco detenidos.
La banda de “Los Intocables”, tal como se los identificó, está integrada por los abogados Marcelo Gerardo Romero, subdirector del Registro Civil, y Aldo Daniel Gómez, asesor legal; junto a los empleados de archivo Mauro Cristóbal Paz y José Daruich, además del permisionario del estacionamiento medido José Waldo Mercado.
Los cinco fueron detenidos el jueves pasado, después del mediodía, luego de las tareas del Cuerpo de Investigación Fiscal, que comprobó el accionar de la banda relacionada con los delitos de fraude a la administración pública, exacciones ilegales agravadas y asociación ilícita. De todos ellos, el delito de mayor peso en la escala penal es el de asociación ilícita, que contempla penas de 3 a 10 años de prisión.
Las resultados obtenidos determinaron que los allanamiento fueran calificados de “positivos” por la contundencia de las pruebas, ya que, entre otras cosas, a los acusados se los sorprendió con diversas actas de nacimiento, matrimonio y defunciones en sus viviendas e incluso en vehículos de su propiedad, sin que puedan argumentar coartada alguna.
Serían cerca de 200 las actas que fueron encontradas en poder de los acusados.
Razones para la domiciliaria
En contacto con El Tribuno, fuentes del juzgado de Garantías 2 aseguraron que la determinación del juez tuvo que ver con un “análisis racional y de proporcionalidad” sobre todo por el nulo riesgo de fuga o de entorpecimiento en la causa. “La ley es clara: la preventiva solo debe aplicarse cuando hay peligro de fuga o cuando se pueda entorpecer la investigación. En este caso eso está totalmente descartado, ya que los acusados siguen detenidos con consigna policial y luego se les colocará una tobillera, mientras sigue el proceso”, indicaron. También se los inhabilitó para continuar en la función pública, con lo cual tampoco podrán entorpecer la investigación interna. “La idea es que tampoco puedan ejercer la función pública ni siquiera de manera on line”, indicaron.
Respecto de la proporcionalidad en la escala penal, desde el juzgado indicaron que los detenidos no cuentan con antecedentes judiciales y no tuvieron ningún otro problema con la Justicia, por lo que es probable que al final del proceso, con la efectividad de prisión, les pueda caber la condicional, con lo cual la prisión preventiva queda fuera de lugar.
Al parecer, las acciones ilícitas se venían realizando desde hace tiempo. Todo se inició por denuncias anónimas y trascendidos de que estarían cobrando la entrega de actas por afuera del Registro Civil. Según lo que se pudo conocer, el monto de lo que cobraban y de acuerdo al acta y a la urgencia, podía varias desde los 300 a los 2.500 pesos.
“El daño a la investigación de la Fiscalía ya está hecho”
Por su parte dese la Fiscalía advierten que las medidas adoptadas por el juez Colombo dañaron irremediablemente el proceso de investigación, ya que aseguran que la banda podría estar integrada por más personas y sus actividades remontarse a mucho tiempo atrás y con un enorme daño económico que tampoco podrá cuantificarse de ahora en más.
“Nada puede garantizar que estas personas, por más que estén detenidas en sus casas, con un sistema de monitoreo y alejadas de la función pública, puedan comunicarse con otros cómplices para evadir nuevas acusaciones u ocultar más pruebas. El daño a la investigación ya está hecho”, dijeron en relación con la prisión domiciliaria dictaminada por el juez.
Por otro lado, señalaron que el juez no notificó a la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio de la prisión domiciliaria, por lo que tampoco pudieron analizar las consideraciones técnicas que el magistrado adoptó para enviar a sus casas a los acusados.
Para la Fiscalía, el período de investigación, y por ende la sumatoria de elementos probatorios, debería haber continuado para cuantificar el nivel de la operación y el total del daño provocado, por lo que era imprescindible mantener la prisión efectiva a los acusados. “Más allá de cualquier escala penal, lo que la investigación fiscal develó es el enorme daño a la administración pública y un mensaje que le llega en forma negativa a la comunidad sobre la corrupción”.