Los memoriosos (y con la “tercera edad muy avanzada”, por no decir muy viejos) recordarán el frustrado operativo con el que Juan Domingo Perón intentó regresar a la Argentina, desde su exilio en la ciudad de Madrid, después de diez años de su derrocamiento. Pero no nos referiremos a esa polémica operación, sino a otra, también crucial para la vida de los argentinos.
A las grietas políticas se suman las múltiples divisiones que ha generado esta dichosa pandemia (dichosa ella que retoza sin control por todos prados de este planeta). Los contendientes, en esta ocasión, se llaman economía (en el rincón derecho del ring) y salud (a la izquierda del cuadrilátero). Sus ubicaciones coinciden aproximadamente con las posiciones ideológicas adoptadas. Desde la economía se sostiene que, de continuar la política de restricciones de las actividades, el país navegará derechito hacia los arrecifes.
La salud pronostica un panorama no menos sombrío si no se impide, rápidamente, el incesante movimiento de la población, proponiendo su confinamiento. En el medio está el Gobierno nacional que no acierta una, y la oposición que parece más preocupada en sacar rédito político de los errores del oficialismo (sacar hurta, decimos en Salta) que en encontrar una real solución a esta compleja coyuntura.
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Los memoriosos (y con la “tercera edad muy avanzada”, por no decir muy viejos) recordarán el frustrado operativo con el que Juan Domingo Perón intentó regresar a la Argentina, desde su exilio en la ciudad de Madrid, después de diez años de su derrocamiento. Pero no nos referiremos a esa polémica operación, sino a otra, también crucial para la vida de los argentinos.
A las grietas políticas se suman las múltiples divisiones que ha generado esta dichosa pandemia (dichosa ella que retoza sin control por todos prados de este planeta). Los contendientes, en esta ocasión, se llaman economía (en el rincón derecho del ring) y salud (a la izquierda del cuadrilátero). Sus ubicaciones coinciden aproximadamente con las posiciones ideológicas adoptadas. Desde la economía se sostiene que, de continuar la política de restricciones de las actividades, el país navegará derechito hacia los arrecifes.
La salud pronostica un panorama no menos sombrío si no se impide, rápidamente, el incesante movimiento de la población, proponiendo su confinamiento. En el medio está el Gobierno nacional que no acierta una, y la oposición que parece más preocupada en sacar rédito político de los errores del oficialismo (sacar hurta, decimos en Salta) que en encontrar una real solución a esta compleja coyuntura.
Empresas zombi
La situación descripta se replica en el ámbito laboral. En España ya se habla de “empresas zombis”, que son aquellas cuyos beneficios no llegan para devolver la deuda que tienen y se encuentran al borde de la quiebra ante la segunda ola de restricciones que ha comenzado a aplicar el Gobierno para frenar los contagios.
Con este panorama, y con la obvia oposición de la jerarquía sindical (que muchas veces se empeña en hacernos recordar la letra del tango Haragán: “si encontrás al inventor del laburo lo fajás”), el Gobierno dispuso que quienes hace más de un año han dejado de trabajar por su edad o por riesgos de salud, una vez vacunados deberán volver al trabajo. Así lo dispone la resolución 4/2021 que en sus considerandos señala que “con los resultados disponibles, las vacunas utilizadas en la Argentina demostraron una adecuada eficacia para la prevención de las formas graves y de la muerte por la enfermedad, lo cual disminuye el riesgo y posibilita el retorno de los trabajadores a sus lugares de trabajo”.
Concretamente: los mayores de 60 años podrán ser convocados a prestar servicios cuando hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas, una vez transcurridos 14 días de la inoculación. Las embarazadas y en grupo de riesgo solo podrán ser convocados una vez transcurridos 14 días de haber completado el esquema de vacunación en su totalidad.
La negativa a vacunarse
Una disposición polémica es la que estipula que los trabajadores que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiere originar a sus empleadores.
Debate pendiente
La cuestión polémica surge de un debate aún pendiente en su tratamiento con la profundidad que merece: ¿existe el derecho a no ser vacunado? Obviamente, nadie puede ser vacunado por la fuerza, pero su resistencia a la vacunación ¿está sujeta a sanciones? En el caso de la resolución 4 claramente lo establece como una obligación de buena fe, por lo que habilitaría al empleador a aplicar sanciones disciplinarias. Sin embargo, algún trabajador de buena fe también podría sentir un temor fundado a vacunarse. Pensamos que tiene el derecho a no vacunarse, pero también deberá responder por las consecuencias de un acto que no solo afecta a la empresa, sino también a la sociedad toda. Esta polémica cuestión excede el límite de espacio de esta nota. Pero el debate queda servido.