"Nada puede garantizar que estas personas, por más que estén detenidas en sus casas, con un sistema de monitoreo y alejadas de la función pública, puedan comunicarse con otros cómplices para evadir nuevas acusaciones u ocultar más pruebas. El daño a la investigación ya está hecho". Las declaraciones pertenecen a la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien en diálogo con El Tribuno anticipaba en la edición del domingo pasado lo que al parecer ocurrió respecto a un presunto entorpecimiento procesal. Hoy, la funcionaria del Ministerio Público presentará ante el Juzgado de Garantías la revocatoria de los arrestos domiciliarios de las cinco personas imputadas por fraude en perjuicio a la administración pública, concusión y de manera provisional por el delito de asociación ilícita.
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"Nada puede garantizar que estas personas, por más que estén detenidas en sus casas, con un sistema de monitoreo y alejadas de la función pública, puedan comunicarse con otros cómplices para evadir nuevas acusaciones u ocultar más pruebas. El daño a la investigación ya está hecho". Las declaraciones pertenecen a la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien en diálogo con El Tribuno anticipaba en la edición del domingo pasado lo que al parecer ocurrió respecto a un presunto entorpecimiento procesal. Hoy, la funcionaria del Ministerio Público presentará ante el Juzgado de Garantías la revocatoria de los arrestos domiciliarios de las cinco personas imputadas por fraude en perjuicio a la administración pública, concusión y de manera provisional por el delito de asociación ilícita.
Los involucrados acusados por los delitos mencionados, en calidad de coautores, son: Marcelo Gerardo Romero, Aldo Daniel Gómez, Mauro Cristóbal Paz, José Antonio Daruich y en carácter de partícipe necesario, a José Waldo Mercado, este último se desempeñaba como permisionario -cobrador de estacionamiento medido- y se encargaba de conseguir por fuera del organismo un número indeterminado de clientes a quienes les solicitaban dinero para realizar la obtención de actas, trámites ilícitos que llevaban a cabo a través de los funcionarios del Registro Civil.
Después de los allanamientos y las detenciones realizados el jueves pasado, donde los sabuesos encontraron un número importante de elementos probatorios, ante la opinión pública quedó expuesta la corrupción que empleaba un grupo de trabajadores del Registro Civil salteño y el cobrador de estacionamiento. Durante 48 horas los imputados estuvieron detenidos en la Alcaidía, luego el juez Ignacio Colombo resolvió brindarles el beneficio del arresto domiciliario a todos bajo la premisa de un "análisis racional y de proporcionalidad" por no haber riesgo de fuga o entorpecimiento en la causa.
La banda está integrada por los abogados Marcelo Gerardo Romero, subdirector del Registro Civil, y Aldo Daniel Gómez, asesor legal; junto a los empleados de archivo Mauro Cristóbal Paz y José Daruich. Además, José Waldo Mercado es el permisionario.
Sin embargo, las nuevas pruebas que desde la Fiscalía presentarán hoy podrían poner en evidencia un claro entorpecimiento en la causa. Uno de los imputados habría hablado telefónicamente con gente del gremio e incluso con funcionarios políticos con el objetivo de silenciar a los testigos, varios de ellos que se iban a presentar como encubiertos.
"Pediremos la revocatoria de la domiciliaria, tenemos elementos contundentes de peligro procesal. Hay testigos que están atemorizados porque uno de los imputados se estuvo comunicando telefónicamente con el gremio y gente de la política para pedirles que no hablen", le dijo a este medio la fiscal.
Empleados del organismo hablaron con El Tribuno, reservando su identidad, y se mostraron con temor por lo que pudiera suceder con ellos y quedarse sin su fuente laboral.