Una fuerte polémica judicial se anticipa a partir de la decisión de una jueza tucumana, quien desconociendo una avanzada causa por abuso sexual contra dos hermanitos que se investiga en Salta, ordenó el traslado de los menores a Tucumán con el uso de la fuerza pública.
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Una fuerte polémica judicial se anticipa a partir de la decisión de una jueza tucumana, quien desconociendo una avanzada causa por abuso sexual contra dos hermanitos que se investiga en Salta, ordenó el traslado de los menores a Tucumán con el uso de la fuerza pública.
La jueza vocal de la Sala Nº II de la Cámara de Apelaciones Civil de Familia de la vecina provincia, Ester Valderrabano de Casas, ordenó el traslado con la Policía de los dos hermanitos y su madre, desde su domicilio en Salta, obligándolos a asistir a una audiencia prevista para el próximo martes 4 de mayo, en el marco de un pedido de la abuela paterna de los mismos, de restablecimiento de régimen comunicacional.
Lo sorprendente del caso es que la magistrada pretende forzar el encuentro, a pesar de encontrarse vigente en Salta, una medida cautelar consistente en la prohibición de acercamiento respecto de los niños, dictada por la jueza de Violencia Familiar y de Género Primera Nominación, Noemí Valdez, prohibiendo el contacto con los niños, tanto del padre denunciado por abuso sexual, como su abuela paterna, quien es la peticionante de la audiencia en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
La jueza Valderrabano de Casas se encuentra al tanto de esta situación y a pesar de ello, insistió en la realización de dicha audiencia y el traslado de los niños con la policía tucumana. Otro dato que resulta sorprendente es que la causa penal en la que se investiga la denuncia por abuso del padre en perjuicio de los niños, se encuentra ya con requerimiento de elevación a juicio, desde junio de 2019, en la misma provincia de Tucumán.
Todo se originó en el año 2016, cuando la madre de los niños denunció al padre por abuso sexual con el agravante del vínculo y la continuidad en el tiempo. Como consecuencia de ello, la madre y los dos niños, para entonces de 10 y 6 años, respectivamente, se trasladaron a residir a Salta. Paralelamente, el Juzgado de Instrucción de Tucumán dictó una medida cautelar de prohibición de acercamiento contra el padre, tanto en protección de los niños, como también evitar su cualquier interferencia en la investigación de los hechos.
Una vez radicada en Salta la madre, junto a sus hijos, inició actuaciones judiciales por alimentos y cuidado personal; también debió recurrir a una denuncia por violencia familiar, tanto en contra de su exesposo, como de su madre -abuela de los menores- por cuanto, según denunció en su oportunidad, la mujer facilitaba evadir la prohibición de comunicación de los niños con el padre denunciado.
Los niños participaron el pasado jueves 29 de abril, en una audiencia dispuesta por la Sala IV de la Cámara Civil de Apelaciones la Provincia de Salta, en el proceso judicial en donde se tramita la determinación de la residencia habitual, que habrá de sellar en definitiva la competencia territorial para la continuidad de los procesos judiciales. En el mismo se cuenta ya con un dictamen favorable respecto de la jurisdicción de la Provincia de Salta, por parte de la Asesoría de Incapaces Nº 6 a cargo de Silvia Ibarguren.
Se está a la espera del dictado de un pronunciamiento final por parte de la Cámara de apelaciones local, en el que se deberá disponer si es la Justicia salteña o la tucumana la que continúe interviniendo. Si este tribunal local dispone finalmente la jurisdicción territorial de la provincia de Salta y la Justicia tucumana insistiera, la cuestión deberá quedar en manos de la Corte Suprema de la Nación.
Interviene el defensor general
El caso y sus derivaciones llevó al defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, a tomar intervención en resguardo de los menores y es así que gracias al convenio de colaboración con la Fundación Red PAPIS, por intervención de Lucrecia Miller, dispuso urgentes medidas y la intervención de la defensora oficial de Violencia Familiar y de Género N° 1, Sonia Chirife, a fines de evitar la traumática circunstancia para los niños involucrados.
"Al tratarse de una disputa de jurisdicciones entre resoluciones judiciales ordenadas por jueces de diferentes provincias, lo que se pretende priorizar es el interés de los niños y evitar la continuidad de un tortuoso proceso de revictimización de los mismos, el que se ve singularmente agravado en estas circunstancias, no solo por las formas en las que se pretende ejecutar la medida y el desconocimiento a la cautelar dictada en Salta, sino también por el contexto pandémico y la situación imperante en la provincia de Tucumán, categorizada como de riesgo grave epidemiológico", indicaron desde la Defensoría General.
Con la vigencia de la medida cautelar dictada en 2018 que prohíbe el acercamiento a los niños, tanto de la abuela como del padre denunciado, el último trámite solicitado a la jueza Valdez ha sido una consigna policial para asegurar el cumplimiento de dicha medida.